El Gobierno incluye a las explotaciones apícolas en las ayudas agrarias por los daños meteorológicos en Extremadura

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha incorporado de forma expresa a las explotaciones apícolas como posibles beneficiarias de las ayudas aprobadas a través del Real Decreto-ley 5/2026 para paliar los daños sufridos por el sector primario tras el reciente tren de borrascas. La modificación normativa refuerza la cobertura de un subsector especialmente sensible a los efectos de los fenómenos meteorológicos adversos en el medio rural extremeño.

Datos necesarios

La orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el sábado 11 de abril establece que, para poder acceder a estas ayudas, las explotaciones apícolas que figuren en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) deberán acreditar los datos de su ubicación principal, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 209/2002. El requisito administrativo busca garantizar la correcta identificación de las explotaciones afectadas y agilizar la tramitación de los expedientes de ayuda.

El MAPA enmarca esta línea de apoyo en la respuesta del Ejecutivo a los daños ocasionados por distintos episodios meteorológicos adversos, con una incidencia destacada en comunidades autónomas como Andalucía y Extremadura. La referencia expresa a Extremadura sitúa a la región entre los territorios más golpeados por el temporal y con mayor necesidad de respaldo institucional al sector primario.

Además, el ministerio trasladó el pasado 6 de abril a las organizaciones profesionales agrarias, durante una reunión informativa, el procedimiento previsto para el cobro de este paquete de ayudas. El plazo de aceptación por parte de los titulares de las explotaciones afectadas comenzó el 7 de abril y permanecerá abierto hasta el próximo 27 de abril. El calendario fijado por Agricultura marca un periodo clave para que los productores extremeños completen los trámites y puedan optar a las compensaciones previstas.

Cuantía de las ayudas

La cuantía de las ayudas oscila entre los 5.000 y los 25.000 euros por beneficiario, en función de los criterios establecidos en la normativa. Este margen económico pretende ofrecer un alivio financiero a las explotaciones damnificadas y facilitar la recuperación de la actividad en uno de los momentos más delicados para el campo. Por su parte, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) publicó a finales de marzo una resolución con un primer listado de 140.000 potenciales perceptores.

Activación del paquete de ayudas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación activó la pasada semana la línea extraordinaria de ayudas de acceso a la financiación por 100 millones de euros dirigida a titulares de explotaciones agrarias y a operadores del sector agroalimentario y pesquero de Extremadura y Andalucía afectados por el tren de borrascas que castigó a ambos territorios entre enero y febrero de 2026. La medida, publicada este 7 de abril en el Boletín Oficial del Estado, se enmarca en el plan extraordinario de 2.874,1 millones de euros aprobado por el Gobierno para responder al impacto de los temporales sobre el campo, la pesca, la acuicultura y las infraestructuras rurales.

La nueva convocatoria abre una de las piezas que todavía estaban pendientes dentro de ese paquete general. Hasta ahora, el Ejecutivo ya había puesto en marcha la validación de las ayudas directas por pérdida de renta, había abonado el incremento extraordinario de la subvención al seguro agrario y mantenía abierto el procedimiento para comunicar daños en caminos agrarios y regadíos. Faltaba por desplegar esta vía específica de liquidez, articulada a través del mecanismo ICO-MAPA-SAECA, con la que el ministerio busca facilitar crédito a los afectados para restaurar el funcionamiento y la viabilidad de explotaciones y operadores.

La línea moviliza 75 millones de euros para subvencionar hasta un 15% del principal de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y otros 25 millones para sufragar el coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) necesarios para obtener esos créditos. Según el ministerio, el volumen total de financiación que puede movilizar esta herramienta asciende a 500 millones de euros.

La apertura de esta convocatoria llega apenas un día después de que el ministerio pusiera en marcha, el 7 de abril, el plazo para que agricultores y ganaderos afectados validen las ayudas directas extraordinarias por pérdida de renta, una de las medidas centrales del decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de febrero. En esa primera resolución figuran 140.559 potenciales beneficiarios de Extremadura y Andalucía, que deben confirmar expresamente la aceptación de la subvención para poder cobrarla.

Esas ayudas directas oscilan entre 5.000 y 25.000 euros por explotación y el plazo para realizar el trámite permanece abierto hasta el 27 de abril. El sistema obliga a presentar una aceptación expresa, ya que la inclusión en el listado publicado por el ministerio no implica el cobro automático. Junto a esa validación, el titular debe firmar una declaración responsable en la que certifique que ha sufrido daños por los fenómenos meteorológicos adversos y que la cuantía concedida no supera el valor real de las pérdidas.

El formulario puede presentarse a través de la sede electrónica del FEGA, directamente por el beneficiario o mediante sus representantes habituales, como organizaciones agrarias, cooperativas, asesorías y otras entidades colaboradoras que ya trabajan en la gestión de la PAC.

La primera relación de beneficiarios fue publicada el 30 de marzo y el ministerio ya ha adelantado que habrá un segundo listado, por lo que quienes no aparezcan todavía en esta primera resolución no quedan excluidos automáticamente del procedimiento.

La línea de financiación ahora convocada permitirá subvencionar tanto una parte del préstamo como el coste del aval necesario para acceder a él. En concreto, el ministerio destina 75 millones de euros a la bonificación de hasta el 15% del principal de los créditos formalizados con el ICO, a través del convenio suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Instituto de Crédito Oficial y SAECA.

Los beneficiarios podrán obtener una ayuda de hasta 15.000 euros por explotación o entidad, con préstamos de un plazo máximo de amortización de 15 años y con posibilidad de incluir periodos de carencia de hasta tres años, en función de la duración del crédito.

A esa subvención del principal se suma una segunda convocatoria dotada con 25 millones de euros para sufragar la totalidad del coste de los avales de SAECA, condición necesaria para la obtención de estos préstamos. El objetivo es evitar que la necesidad de aportar garantías financieras se convierta en una barrera de acceso al crédito en un momento de especial dificultad para muchas explotaciones y operadores.

El ministerio ha precisado que las ayudas se concederán en régimen de concesión directa, por riguroso orden de presentación de solicitudes, y tendrán carácter de minimis.

Quién puede acogerse y qué condiciones debe cumplir

Podrán acceder a esta línea extraordinaria los titulares de explotaciones agrarias y los operadores del sector agroalimentario y pesquero que desarrollen su actividad en Extremadura y Andalucía, las dos comunidades especialmente afectadas por el tren de borrascas de comienzos de año.

Entre los requisitos figura que, en el caso de los titulares de explotaciones, al menos el 50 % de sus ingresos procedan de la agricultura. Además, deberán tener contratada una póliza de seguro agrario o, en su defecto, comprometerse a formalizarla dentro del Plan de Seguros Agrarios correspondiente al año de presentación de la solicitud de ayuda y al siguiente.

El préstamo subvencionado deberá estar avalado por SAECA, razón por la que el Gobierno ha convocado de forma paralela la línea específica que cubrirá el coste de esos avales y permitirá abaratar de manera significativa el acceso a la financiación.

El plazo para presentar solicitudes comienza el 8 de abril y se prolongará hasta el 30 de septiembre de 2027.

Ayudas directas, seguros y obras de reparación

La línea de financiación no llega sola. Forma parte de un esquema más amplio con el que el Gobierno ha intentado combinar ayudas directas por pérdida de renta, apoyo adicional a quienes ya estaban asegurados, financiación bonificada, medidas fiscales y laborales y un programa extraordinario de reparación de infraestructuras agrarias.

Dentro del plan global aprobado en febrero, 2.174 millones de euros corresponden a ayudas directas, y de ellos 2.121 millones se reservan a la línea principal para compensar la pérdida de renta de agricultores, ganaderos y acuicultores. El decreto establece para estas subvenciones un mínimo de 5.000 euros y un máximo de 25.000 euros, y fija que la ayuda equivaldrá al 30 % de los ingresos agrarios de la última declaración fiscal, dentro de los límites previstos.

A esa batería se añadió ya el pasado 27 de marzo el abono de 23,9 millones de euros a 17.314 titulares de explotaciones de Extremadura y Andalucía en concepto de incremento extraordinario de la subvención al seguro agrario. La medida benefició a propietarios con 20.963 pólizas en vigor en el momento de los siniestros y elevó la subvención de la prima hasta el 70 % del coste del seguro, el máximo permitido por la normativa comunitaria. Ese pago se realizó a través de Agroseguro y, según subrayó entonces el ministerio, se efectuó sin necesidad de solicitud previa por parte de los afectados.

Otros 600 millones para caminos y regadíos

Otra de las patas esenciales del plan extraordinario es la destinada a la recuperación de infraestructuras dañadas. El Ejecutivo ha comprometido 600 millones de euros para reparar caminos agrarios de uso público e infraestructuras de riego afectadas por las borrascas en Andalucía y Extremadura.

El procedimiento para comunicar esos daños se abrió el 27 de febrero, coincidiendo con la publicación en el BOE de la orden ministerial que regula esta línea, y el plazo permanece abierto hasta el 15 de abril.

En el caso de los caminos agrarios, la gestión prevé una coordinación entre el Gobierno, las comunidades autónomas y las diputaciones provinciales. Las propuestas de actuación serán elaboradas y remitidas al ministerio por las subdelegaciones del Gobierno, con apoyo de comités técnicos en los que participarán las administraciones implicadas y las empresas públicas Tragsa y Seiasa.

Cuando se trate de daños en regadíos, la comunicación deberá realizarse a través de la sede electrónica por parte de la presidencia de la comunidad de regantes correspondiente. Las actuaciones previstas abarcan desde la recuperación del trazado de caminos hasta la limpieza y reparación de balsas, acequias, canales o sistemas de almacenamiento de agua.

Medidas fiscales y laborales para aliviar el golpe

El plan del Gobierno incluye además un bloque de medidas fiscales y laborales para amortiguar el impacto de los temporales sobre la actividad en el campo. Entre ellas figuran la exención del IBI rústico, la reducción de módulos del IRPF agrario y la rebaja del número de jornadas exigidas, de 35 a 5, para acceder al subsidio y a la renta agraria.

Asimismo, los episodios climáticos se consideran causa de fuerza mayor ante determinados incumplimientos totales o parciales de obligaciones, por ejemplo en el marco de la Política Agraria Común (PAC). Con la apertura de esta línea extraordinaria de financiación, el calendario del paquete de ayudas por las borrascas suma ya varias fechas marcadas. El 15 de abril concluye el plazo para comunicar daños en caminos agrarios y regadíos. El 27 de abril finalizará el periodo para que los beneficiarios incluidos en la primera relación del FEGA validen expresamente su subvención por pérdida de renta. Y desde el 8 de abril queda abierto también el plazo para solicitar esta nueva financiación bonificada, que seguirá disponible hasta el 30 de septiembre de 2027.