La Guardia Civil reduce en tres años los robos de aceitunas a la mitad en la provincia de Badajoz

El campo no tiene puertas. Nunca las tuvo. Y durante años, en cada campaña de aceituna, los olivareros extremeños no sabían si al amanecer seguiría el fruto en el árbol o si el trabajo de meses se habría perdido en una noche. Esa sensación empieza a cambiar. La Guardia Civil ha logrado reducir en la provincia de Badajoz un 27% los robos y hurtos en la última campaña y hasta un 43% en comparación con las dos anteriores, lo que en la práctica supone haber recortado a la mitad este tipo de delitos en apenas tres años. Un descenso que llega tras varias campañas marcadas por el aumento del precio del aceite y la presión creciente sobre las explotaciones agrícolas, convertidas en objetivo de robos cada vez más organizados.

El balance se ha presentado este martes con la participación del general jefe de la zona de la Guardia Civil en Extremadura, Andrés Manuel Velarde; el delegado del Gobierno, José Luis Quintana; y el director general de Agricultura y Ganadería de la Junta, José Manuel Benítez, quienes han coincidido en destacar la eficacia del dispositivo desplegado durante la campaña 2025/2026, la primera en la que ha estado en vigor el nuevo decreto autonómico de trazabilidad.

Menos robos en un contexto de máxima presión

La evolución de los datos refleja un cambio de tendencia relevante en el campo extremeño. Si en la campaña 2023/2024 se registraron cerca de 200 denuncias por robos de aceituna, en la última se ha descendido hasta las 114, una reducción progresiva que, según la Guardia Civil, demuestra que las medidas de prevención adoptadas están teniendo una repercusión “muy directa” en la contención de estos delitos.

Del total de hechos delictivos, el 28% han sido esclarecidos, con 32 personas investigadas, unos datos que, sin ser definitivos, consolidan la línea descendente iniciada en los últimos años y apuntan a una mayor capacidad de respuesta frente a este tipo de infracciones en el ámbito rural.

Un dispositivo reforzado durante toda la campaña

El teniente coronel jefe de la Comandancia de Badajoz, Manuel Delgado, ha explicado que el operativo se ha desarrollado durante más de cinco meses y medio, desde mediados de septiembre hasta finales de febrero —e incluso marzo en algunos casos—, con un despliegue continuado sobre el terreno y presencia uniformada específica para este tipo de delitos.

Delgado ha precisado que el operativo ha dejado cerca de 195.000 kilos de aceitunas supuestamente sustraídas recogidas en diligencias, además de una caída de las aprehensiones, que han pasado de 186 en la campaña anterior a 97 en la última. Según ha explicado, esa reducción guarda relación directa con el descenso de los hechos delictivos y con una menor detección de producto de origen desconocido en circulación.

Además, si en la campaña anterior se registraron 18 aprehensiones de aceituna procedente de robos cometidos en momentos previos, en la última han sido seis, un dato que refuerza la idea de que el nuevo marco de control está dificultando no solo la sustracción, sino también la salida del producto robado. A ello se suma la intensidad del despliegue: la Guardia Civil ha llevado a cabo en torno a 1.400 identificaciones de personas, unas 1.000 de vehículos, alrededor de 175 inspecciones y cerca de 800 puntos de verificación en carretera, dentro de una estrategia que ha buscado estrechar la vigilancia tanto en el campo como en los desplazamientos y en los lugares de recepción de la aceituna.

En ese sentido, ha detallado que se han mantenido patrullas exclusivas de los equipos RACE, centradas en la prevención de robos de aceituna, junto a los equipos ROCA, encargados de la investigación en explotaciones agrícolas, con una especial incidencia en zonas como Tierra de Barros, donde se concentra aproximadamente el 50% de las infracciones penales relacionadas con este fenómeno.

A este dispositivo se han sumado otros recursos como unidades aéreas, caballería o controles en caminos y carreteras, además de la colaboración con la Guardia Nacional Republicana (GNR) portuguesa en zonas próximas a la frontera, reforzando la vigilancia en un punto clave para evitar la movilidad de los grupos dedicados al hurto.

La trazabilidad, eje del cambio

Uno de los elementos determinantes en esta evolución ha sido la entrada en vigor del decreto 7/2025, que regula la trazabilidad de la aceituna en Extremadura y que ha contado con la participación de los propios equipos ROCA en su desarrollo. Según ha explicado Delgado, la aplicación de esta normativa ha permitido avanzar en varias líneas de trabajo de forma simultánea: una fase inicial informativa para el sector, la investigación de los hechos ya cometidos y, especialmente, el refuerzo de las inspecciones en los puntos de compra, considerados el eslabón clave para frenar estos delitos.

“Lo que precisamente pretendemos es que el producto que viene de robo no pueda llegar a ningún punto y no pueda tener salida en el mercado negro”, ha subrayado, insistiendo en que cerrar esa vía es fundamental para desincentivar la sustracción en origen.

Las actuaciones han tenido ya efectos concretos. Entre ellas, ha destacado el cierre de un puesto de compra en Almendralejo por adquirir aceituna procedente de robos, una intervención que se produjo en una fase temprana de la campaña, lo que impidió que el producto pudiera ser comercializado. “Se intentó abrir una segunda sede y también se actuó”, ha añadido, en referencia a la rápida respuesta administrativa y policial ante este tipo de prácticas.

Más de 5.700 servicios

En esa misma línea, el general jefe de la zona de la Guardia Civil en Extremadura, Andrés Manuel Velarde, ha defendido que el instituto armado se ha implicado de manera “especialmente intensa” en esta campaña y ha calificado los resultados de “más que satisfactorios”. Velarde ha destacado la actuación coordinada de los equipos ROCA, las unidades territoriales y los equipos RACE, así como la colaboración con la Inspección de Trabajo y los servicios de inspección agraria de la Junta, en una campaña en la que se han realizado más de 5.700 servicios centrados en este ámbito y se han mantenido más de 400 reuniones con el sector, con el objetivo de reforzar la seguridad en todo el entorno de la recogida.

También el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha mostrado su “satisfacción” por una campaña que, según ha recordado, había generado “muchísimos problemas” en años anteriores. A su juicio, el trabajo desarrollado por los equipos especializados de la Guardia Civil y la coordinación con otras instituciones ha sido determinante, especialmente en los puestos de compra, que ha situado como el punto “donde está verdaderamente el problema”. Quintana ha subrayado en este sentido la importancia de las actuaciones realizadas junto a la Junta en establecimientos concretos, con el cierre de uno de ellos y la denegación de autorización a otro, además de resaltar que este ha sido el primer año completo de aplicación del decreto de trazabilidad que se venía reclamando para reforzar los controles y facilitar el trabajo de los agentes.

Por parte de la Junta, el director general de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez, ha sostenido que la entrada en vigor del nuevo decreto el pasado mes de julio ha marcado “un antes y un después” en la lucha contra estos delitos. Benítez ha defendido que la nueva regulación ha permitido “darle mayor seguridad jurídica” al sistema y “sacar del limbo jurídico” a los puestos de compra de aceituna, una situación que hasta ahora dificultaba la intervención administrativa y policial en estos espacios. Además, ha querido reconocer la implicación de los propios agricultores, que han asumido que la documentación que acompaña al transporte del fruto y el nuevo anexo de control constituyen una herramienta “fundamental” no solo para proteger sus explotaciones, sino también para reforzar la seguridad alimentaria y la trazabilidad del producto de cara al consumidor.