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El futuro de la instalación nuclear extremeña

El 31 de octubre, «fecha crítica» para tener una respuesta a la prórroga de Almaraz

Además de por cuestiones logísticas, como el acopio de combustible y renovar licencias de operadores, las plantas deben presentar la documentación de cese de explotación definitivo al menos un año antes de que expire el permiso

Trabajos de renovación del alternador del reactor I, actualmente en parada de recarga.

Trabajos de renovación del alternador del reactor I, actualmente en parada de recarga. / El Periodico

Almaraz

El próximo 31 de octubre, justo un año antes de que expire la actual licencia de la Unidad I de la Central de Almaraz. Esa es «la fecha crítica» para conocer la respuesta que da el Gobierno a la solicitud de prórroga presentada por las empresas propietarias de la planta nuclear extremeña hace unos meses. Según explicó este miércoles Antonio González, director técnico de Foro Nuclear, traspasar ese umbral no significaría que no haya «marcha atrás» para el cierre. Sin embargo, puntualizó, sí se trata de un hito clave en el calendario para que, en el caso de que finalmente se cuente con el ‘ok’ del Gobierno a la prórroga, la planta pueda seguir funcionando sin solución de continuidad a partir de noviembre de 2027.

Antonio González, director técnico de Foro Nuclear, este miércoles en la Central de Almaraz.

Antonio González, director técnico de Foro Nuclear, este miércoles en la Central de Almaraz. / Eduardo Palomo / Efe

Durante una visita de prensa a la Central de Almaraz, González recordó que la instalación tiene que abordar cuestiones como el acopio de los elementos de combustible para sus dos reactores, planificar las próximas recargas, renovar las licencias de los operadores que trabajan en las salas de control o actualizar los contratos con sus empresas colaboradoras. «Toda una serie de actividades que son necesarias» para que la central continúe en operación más allá del horizonte de cierre que tiene establecido actualmente. Un conjunto de aspectos que, en menos de un año, habría «dificultades» para poder abordar, indicó el responsable técnico de Foro Nuclear, que es la patronal que agrupa a la industria atómica española, incluidas las grandes eléctricas dueñas de las centrales.

Documentación del cese

A esta vertiente logística se suma otra de carácter administrativo: el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) recoge que los titulares de las plantas deben presentar la documentación de cese de explotación definitivo al menos un año antes de que expire el permiso, por lo que, en el caso del reactor I de Almaraz, debería completarse este trámite antes del 1 de noviembre. De nuevo, no se trata de una cuestión definitiva (el otoño pasado, cuando quedaban dos años, ya hubo que remitir documentación al CSN en este mismo sentido), pero sí que sería otro obstáculo, al volver a reactivarse el expediente de cierre.

Trabajos en el edificio de turbinas de la Unidad I durante las tareas de recarga, la última de este reactor si se cumple el calendario.

Trabajos en la zona de turbinas de la Unidad I durante las tareas de recarga, la última de este reactor si se cumple el calendario de cierre. / El Periodico

La licencia actual de la Unidad I de Almaraz establece que debe dejar de funcionar el 1 de noviembre de 2027, mientras que la Unidad II tiene autorizado operar hasta el 31 de octubre de 2028. En octubre pasado, Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten la propiedad de la planta cacereña, presentaron formalmente al Gobierno la solicitud para aplazar a junio de 2030 la clausura de los dos reactores.

El reglamento vigente permite que el CSN disponga formalmente hasta finales de agosto de 2027 para emitir su informe acerca de la solicitud de prórroga de la nuclear extremeña. Es decir, apenas dos meses antes del cierre programado de su primer reactor, aunque el supervisor ha anunciado que enviará su informe al ministerio este mismo verano. Eso sí, no ha precisado si esto sucederá «a principios» de este, «a mitad o al final», indicó Antonio González. Una vez que el CSN traslade sus conclusiones al Ministerio para la Transición Ecológica, el departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, que es el que tiene la última palabra, dispondría «de 2 meses para tomar una decisión y pronunciarse al respecto de la solicitud».

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