Agricultura, el gran anhelo de Vox en Extremadura: Menos "trabas", más regadíos y escudo a los productores

El acuerdo de gobierno de PP y Vox en Extremadura convierte al sector primario en una de las claves del reparto de poder, con un paquete de medidas que combina respaldo político, simplificación administrativa y rechazo a regulaciones que trascienden las competencias de la Junta, pero que a juicio de ambos partidos perjudican al campo extremeño.

Tras el intento fallido de 2023, ahora Vox asumirá directamente la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, con las competencias en materia de agricultura y ganadería, Política Agraria Comunitaria (PAC), regadíos e infraestructuras rurales, y las de caza, pesca, acuicultura, tauromaquia y medio natural.

El gran anhelo de Vox

Gestionar la Consejería de Agricultura ha sido el gran anhelo de Vox en Extremadura, junto a formar parte de la Mesa de la Asamblea (donde ahora ostenta una secretaría). Las negociaciones con el PP ya vivieron un punto de fricción en 2023 en torno a este departamento, una de las áreas más codiciadas por la formación de Santiago Abascal a tenor de su peso estratégico en la región y el propio ideario de Vox, de la que Guardiola tampoco quiso desprenderse.

El reparto de competencias se resolvió entonces con la división de la consejería en dos áreas diferenciadas: Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, hasta ahora en manos de Mercedes Morán; y Gestión Forestal y Mundo Rural, que se asignó a Vox con las competencias en caza, pesca y tauromaquia; la gestión forestal y asuntos como la prevención y extinción de incendios y la política de regadíos.

Cuando Abascal dinamitó los gobiernos de coalición en 2024, Guardiola siguió manteniendo este doble esquema, no exento de las críticas de los agricultures por las dificultades que suponía a la hora de realizar trámites administrativos. El consejero díscolo de Vox, Ignacio Higuero, siguió al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural tras la ruptura, pero acabó dimitiendo meses después tras saltar a la luz que había falseado su currículum. Desde entonces, su responsable ha sido Francisco Ramírez.

En esta nueva etapa las competencias en torno al campo vuelven a fusionarese en un único departamento que controlará Vox, y del que ahora se excluyen las políticas de prevención y extinción de incendios.

Pacto Verde, etiquetado y Mercosur

El documento pactado promete la ejecución completa del regadío de Tierra de Barros (con recelos de la Unión Europea) la creación de una Dirección General de Regadíos y nuevas inversiones en modernización de infraestructuras hídricas y caminos rurales. A ello suma la revisión de varias leyes con el objetivo de reducir trabas burocráticas y agilizar procedimientos para el sector: la Ley Agraria de Extremadura, la de caza y la de pesca y acuicultura. También las de Protección Ambiental, Conservación de la Naturaleza y Espacios Protegidos, en una comunidad donde el 30% del territorio está sometido a las limitaciones de la Red Natura 2000.

PP y Vox incorporan además al acuerdo un discurso muy reconocible de defensa del productor local frente a decisiones adoptadas fuera de la región. El pacto rechaza expresamente el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur si no garantiza igualdad de condiciones para los agricultores y ganaderos extremeños y plantea blindar al campo frente a medidas vinculadas al Pacto Verde y la Agenda 2030 que ambos partidos consideran lesivas.

El acuerdo incorpora además medidas sobre el etiquetado de los alimentos, con la idea de reforzar la identificación clara de su origen y evitar prácticas que puedan inducir a confusión al consumidor. El objetivo es dar mayor visibilidad a la producción extremeña y española frente a importaciones de terceros países, dentro de una estrategia más amplia de la cadena alimentaria.

"Alcance limitado"

Una de las primeras organizaciones agrarias en valorar el acuerdo ha sido La Unión Extremadura, que considera que el documento se asemeja más a un compendio de "buenas intenciones" que a un verdadero plan de gobierno. El colectivo dirigido por Luis Cortés afirma que permanecerá atento para comprobar si esas "buenas intenciones" se convierten en hechos.

En relación con el bloque específico dedicado al ámbito agrario, la organización ha apuntado que, por el nivel de detalle de las medidas difundidas, no parece que detrás del texto haya cuatro meses de negociaciones, ya que el grado de definición de las propuestas es muy limitado.