Un acuerdo marco busca fijar mínimos laborales para miles de trabajadores en Extremadura

Las condiciones laborales de un trabajador municipal en Extremadura siguen dependiendo en gran medida del ayuntamiento en el que preste servicio. Esa es la desigualdad que Comisiones Obreras quiere corregir con un Acuerdo Marco de ámbito regional que sirva como base común para el personal empleado público de las administraciones locales, especialmente en los municipios pequeños, donde la negociación colectiva apenas existe.

La propuesta fue trasladada por la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, al presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Manuel José González, en un encuentro en el que también participaron el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Extremadura, Manuel Nicolás, y el secretario de Política Institucional, Juan José Bote. El sindicato pide a la Fempex que contribuya a impulsar este documento para que pueda extenderse al mayor número posible de consistorios.

CCOO sostiene que la situación actual deja a miles de trabajadores sin capacidad real para negociar sus condiciones laborales. En concreto, en Extremadura hay 385 municipios, pero solo en 173 se han celebrado elecciones sindicales y apenas un número reducido cuenta con Mesas Generales de Negociación activas. El resultado, según el sindicato, es una administración local a distintas velocidades, con plantillas que disfrutan de derechos diferentes en función del tamaño o la capacidad negociadora de su ayuntamiento.

Nicolás resume el problema con una idea clara: «La mitad de los trabajadores de los ayuntamientos no pueden negociar sus condiciones con el ayuntamiento porque no se alcanza el número mínimo necesario para hacer acción sindical». Y la consecuencia, añade el responsable sindical, es directa: «En estos ayuntamientos tan pequeños no hay convenio».

Esa falta de acuerdos actualizados termina traduciéndose en desigualdades en cuestiones tan básicas como la jornada, los permisos, las licencias o las medidas de conciliación. «Al no haber convenio se crea una disparidad entre trabajadores de la administración local», explica Nicolás, que sitúa entre los ámbitos más afectados todo lo relacionado con permisos, mejoras laborales y organización del tiempo de trabajo.

Texto colectivo

Frente a ese escenario, CCOO propone un acuerdo de mínimos que respete la autonomía municipal, pero que permita fijar una base común para todos los ayuntamientos que quieran adherirse. La fórmula planteada pasa por elaborar un texto a nivel autonómico de referencia para que después cada corporación pueda incorporar mediante acuerdo en pleno. «Entendemos que es la Fempex la que puede canalizar esta situación dando un paraguas de un acuerdo para que en pleno cada ayuntamiento pueda acogerse y aplicarlo», señala el dirigente sindical.

El objetivo, insiste CCOO, no es imponer un modelo único, sino garantizar un suelo común a partir del cual cada municipio pueda mejorar las condiciones de su plantilla. «Buscamos establecer un criterio unificado a la hora de tener la relación de los trabajadores con la administración», resume Nicolás. Además, el sindicato quiere que la propuesta no se quede en una declaración de intenciones.

En este sentido, CCOO plantea abrir un periodo de trabajo para incorporar aportaciones y dar forma definitiva al texto en un plazo de entre seis meses y un año. La intención, según trasladan sus responsables, es convertir este documento en una herramienta útil y aplicable, y evitar que termine siendo «papel mojado» en una comunidad con una realidad municipal tan fragmentada y marcada por la dispersión territorial.

Las medidas

Entre las medidas recogidas en el documento figura la jornada laboral de 35 horas semanales, una de las cuestiones en las que hoy existen más diferencias entre ayuntamientos. El sindicato advierte de que conviven municipios con jornadas de 35 horas, otros con 37,5 e incluso casos en los que no existe una regulación homogénea. «Hay trabajadores con 35 horas, otros con 37 horas y media y otros directamente no tienen una jornada regular», advierte Nicolás. La propuesta incluye también fórmulas de flexibilidad horaria para facilitar el cuidado de menores y personas dependientes.

El texto contempla además un marco común de permisos retribuidos por matrimonio, fallecimiento, hospitalización o deber inexcusable, así como medidas ligadas a la conciliación familiar, a las técnicas de reproducción asistida y a las licencias o reducciones de jornada por necesidades familiares. CCOO asume que no puede equipararse sin matices la realidad de un gran ayuntamiento con la de un pequeño municipio, pero defiende que sí es posible fijar unos mínimos compartidos para reducir agravios entre plantillas.

La propuesta abre también la puerta a equiparar criterios en el acceso al empleo público local. El sindicato apuesta por establecer pautas comunes en la constitución de tribunales y en la elaboración de temarios para evitar que cada ayuntamiento funcione con reglas distintas. «No queremos que cada ayuntamiento tenga un criterio, sino homogeneizarlo», afirma. A ello suma la necesidad de avanzar en la carrera profesional, especialmente en el caso del personal laboral, donde la falta de estructuras de promoción puede agrandar aún más las diferencias con el paso del tiempo.

En esta línea, CCOO incorpora además medidas en materia de igualdad, con la elaboración de planes específicos y protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo, así como actuaciones de protección para víctimas de violencia de género. En la misma línea, recuerda la obligación de que las organizaciones de más de 50 trabajadores cuenten con protocolos de defensa de los derechos de las personas LGTBI+.

El documento incluye por último referencias a movilidad sostenible, transporte público e inversiones en zonas despobladas o dispersas, al entender que la calidad del empleo público local también está condicionada por la exclusión territorial. Para el sindicato, mejorar y unificar las condiciones laborales no solo beneficiaría a las plantillas, sino que también reforzaría la calidad de los servicios públicos y ayudaría a frenar la salida de trabajadores hacia ayuntamientos con mejores condiciones. «Hay ayuntamientos donde los trabajadores se van cuando tienen oportunidad», sostiene Nicolás.