Conatos y logística: las funciones de los grupos voluntarios contra incendios forestales que se crearán en Extremadura

La Junta de Extremadura encara la última fase de tramitación del decreto que abrirá el marco legal para que ayuntamientos y mancomunidades puedan constituir grupos de personal voluntario en incendios forestales. La previsión del Ejecutivo autonómico es que la norma pueda aprobarse en mayo, aunque el calendario definitivo depende de que el texto llegue en las próximas semanas al Consejo de Gobierno.

El director general de Gestión Forestal, José Antonio Bayón, ha señalado a este diario que los grupos están pensados para intervenir solo en una fase muy inicial del incendio y para asumir tareas auxiliares de apoyo al Plan Infoex, no para actuar en grandes fuegos ni para sustituir al operativo profesional.

En la práctica, esa colaboración podrá traducirse en labores como repartir avituallamiento, indicar accesos a fincas o caminos, señalar puntos de agua y colaborar en tareas auxiliares de vigilancia y apoyo. El borrador del reglamento contempla además trabajos puntuales de selvicultura preventiva, campañas de sensibilización y vigilancia de incendios ya estabilizados, controlados o extinguidos para detectar reactivaciones.

Una ayuda vecinal para los pueblos

La relevancia de la norma va más allá del trámite administrativo. El decreto abrirá por primera vez un marco jurídico específico para encauzar con seguridad una disposición vecinal que se repite en muchas localidades cuando el fuego se declara cerca del casco urbano o del término municipal.

En este sentido, Bayón ha subrayado que "los voluntarios no están pensados para cubrir ninguna necesidad de la Junta de Extremadura", y ha insistido en que la administración autonómica lleva años detectando esa misma escena en el medio rural extremeño.

El problema aparece cuando esa colaboración surge sin formación previa, sin cobertura reglada y sin coordinación con el dispositivo de extinción. "Muchas veces se ponen en riesgo y nos ponen en riesgo a nosotros mismos", ha afirmado Bayón. Por eso, la norma pretende ordenar esa ayuda espontánea con funciones limitadas, protocolos definidos y subordinación al mando técnico.

Cómo se crearán los grupos y bajo qué mando

El borrador establece que los grupos quedarán adscritos a la estructura operativa del Plan Infoex y actuarán bajo la dirección, control y supervisión de la dirección de extinción cuando sean activados. También recoge la obligación de usar equipos de protección individual, mantener la comunicación con la central provincial y garantizar que el jefe de grupo esté en contacto permanente con el director de extinción.

La creación de estos equipos corresponderá a los ayuntamientos y a las mancomunidades. Una vez que el decreto entre en vigor, las entidades locales interesadas deberán presentar su solicitud y proponer a las personas candidatas para integrarse en los grupos.

El reglamento fija un máximo de 15 personas acreditadas por grupo y obliga a que exista una jefatura responsable. No bastará, en cualquier caso, con la mera voluntad de colaborar. El texto añade otros requisitos: disponer de un plan periurbano de prevención de incendios por parte del ayuntamiento, que los aspirantes sean mayores de 18 años y no hayan superado los 60, residan en el municipio, cuenten con acreditación oficial y presenten un certificado médico anual.

El borrador deja claro además que ningún voluntario será reconocido como tal si no está adscrito a un grupo municipal y registrado formalmente. La intención es cerrar la puerta a actuaciones improvisadas y reforzar una respuesta organizada desde el ámbito local, siempre conectada con el operativo autonómico.

Un calendario en el aire para el primer año

Sobre el papel, el calendario anual incluido en el borrador fija las solicitudes de constitución y acreditación entre enero y febrero, la expedición de acreditaciones entre marzo y abril y la actualización del registro en mayo. Ese esquema, sin embargo, abre una duda sobre la primera puesta en marcha del sistema si el decreto entra en vigor ya avanzado el mes de mayo, como prevé la Junta.

Ahí aparece uno de los principales interrogantes de la futura norma: cómo se articulará ese estreno para que los municipios interesados no tengan que esperar a la siguiente campaña.

La financiación, pendiente de concreción

Otro de los puntos que siguen sin cerrarse del todo es la cobertura económica del sistema. La Junta desliza que quiere implicarse en la formación, una de las piezas centrales del modelo, y Bayón ha señalado que la administración autonómica quiere asumir esa formación. Aun así, ha reconocido que todavía hay aspectos "en el aire".

Entre ellos figuran la financiación de algunas necesidades de funcionamiento o la posible existencia de gratificaciones. El proyecto de reglamento atribuye a los grupos la responsabilidad de disponer de equipos y medios adecuados, además de garantizar la cobertura mediante seguro. Esa financiación, según el texto, podrá llegar a través de fondos propios, subvenciones, donaciones o cesiones públicas.

El precedente de Jarilla

La nueva regulación llega después de una campaña especialmente dura en Extremadura. El incendio de Jarilla fue el peor registrado en la historia de la comunidad, con 17.355 hectáreas calcinadas y un perímetro de 170 kilómetros entre la comarca de Trasierra, el Valle del Ambroz y el Valle del Jerte, según el balance publicado al cierre de la campaña.

Aquel fuego, originado por el impacto de un rayo durante un episodio de tormentas secas, obligó a desalojar a más de 700 vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa y avanzó durante días en condiciones extremas de calor, viento y baja humedad.

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El balance final de la temporada dejó cifras inéditas en la última década: 766 incendios forestales frente a los 659 de media; 50.089 hectáreas afectadas frente a una media de 11.836; 17 grandes incendios forestales cuando lo habitual eran tres; y 110 incendios de nivel 1 frente a los 25 de media. De la superficie total afectada, 33.855 hectáreas correspondieron a la provincia de Cáceres.

Interés local en zonas forestales

La Junta reconoce que todavía no sabe cuántos ayuntamientos estarán interesados en acogerse al nuevo sistema. Habrá municipios, según Bayón, que ya encaucen parte de esa colaboración a través de sus agrupaciones de Protección Civil, pero también cree que en las zonas más forestales puede haber una demanda significativa.

Ha citado expresamente los casos de Madrigal de la Vera y Valencia de Alcántara, donde grupos locales llevan tiempo ayudando en incendios.

Para muchos pueblos, el decreto puede convertirse en la herramienta que permita ordenar una implicación vecinal ya existente. Para la Junta, supone intentar que esa colaboración espontánea, visible en campañas como la de Jarilla, se canalice de forma segura y bajo mando técnico.