Extremadura marca el paso: de investidura fallida a modelo de pacto

El de 10 julio de 2023 Fernando López Miras (PP) fracasaba en su intento de ser reelegido presidente de la Región de Murcia. No lo consiguió hasta el 7 de septiembre, con el reloj electoral a punto de expirar tras dos meses de choques, reproches y una negociación con Vox encallada por la vicepresidencia. Un acuerdo in extremis permitió a López Miras revalidar el cargo, curtido ya en sortear las investiduras fallidas: en 2019 el presidente murciano también fracasó en el primer intento, aunque en aquella ocasión el tropiezo se solventó días después gracias a un acuerdo a tres bandas en el que también participó Ciudadanos.

El precedente de López Miras es el más cercano al bloqueo que ha vivido Extremadura en los últimos meses, ahora una muestra más de que una investidura fallida aprieta la negociación pero no desemboca necesariamente en nuevas elecciones. Para la región, tierra acostumbrada a las mayorías absolutas del PSOE, el escenario actual ha sido inédito, pero ni mucho menos se trata de una anomalía parlamentaria: desde 2016, el Congreso de los Diputados ha frustrado cuatro candidaturas de investidura y las comunidades han pasado por bloqueos similares.

Sin posibilidad de reemplazo

La experiencia demuestra que lo verdaderamente determinante para el desenlace final no es tanto perder una primera o una segunda votación, sino la posibilidad de reemplazo. Esa capacidad de articular mayorías alternativas fue lo que marcó la diferencia en el caso de Alberto Núñez Feijóo tras las generales de julio de 2023: el líder del PP ganó las elecciones con 136 escaños, pero su candidatura fue rechazada en septiembre sin que eso impidiera que semanas después prosperara otra, la de Pedro Sánchez con 122 diputados.

Años antes, el actual presidente del Gobierno también había fracasado en sus intentos de investidura: primero en marzo de 2016 y después en julio de 2019, dos bloqueos que terminaron en repetición electoral. Mariano Rajoy tampoco logró ser investido en su primer intento, en septiembre de 2016, aunque acabó saliendo adelante un mes después en una nueva votación.

Video | Vox y PP sellan un acuerdo para la investidura de María Guardiola

En las comunidades

En las comunidades autónomas también hay ejemplos llamativos: Artur Mas no logró la investidura en noviembre de 2015 en Cataluña y el atasco solo se resolvió cuando renunció y abrió paso a un candidato alternativo; Pere Aragonès tampoco salió elegido en marzo de 2021, aunque terminó siendo investido dos meses después. El precedente más extremo sigue siendo Cataluña en el año 2020, cuando el Parlament se disolvió de forma automática al agotarse el plazo ante la imposibilidad de investir a un nuevo presidente tras la inhabilitación de Quim Torra.

En Extremadura los números del 21D no dibujaban una salida distinta a la de María Guardiola. El PP fue la fuerza más votada con 29 diputados, una cifra aún lejos de la mayoría absoluta que ha obligado a los populares a entenderse con Vox (11) para formar gobierno. Pero que al mismo tiempo, dejaba sin recorrido una alternativa por la izquierda.

El PSOE, con 18 escaños en el que ha sido su peor resultado histórico en Extremadura, y Unidas por Extremadura con siete, apenas suman 25 escaños. Por eso aquí el bloqueo no abría otra vía, sino que acercaba peligrosamente el horizonte de una repetición electoral. Durante semanas, Extremadura se ha mirado en el espejo de Murcia para calibrar hasta dónde podía estirarse una investidura fallida sin desembocar en urnas. Sin embargo ahora, son otros territorios los que miran a Extremadura.

Se abre la vía extremeña

El pacto sellado entre el PP y Vox tras más de cien días de negociación y una investidura frustrada fija el primer modelo completo de entendimiento entre ambos partidos en el nuevo ciclo político: entrada de Vox en el Ejecutivo con una vicepresidencia y dos consejerías a cambio de estabilidad parlamentaria y un programa común de legislatura a cuatro años.

Ahora, Extremadura es el campo de pruebas del equilibrio PP-Vox en España. Fue la primera comunidad en acudir a las urnas y desde que se anunciara el adelanto electoral en octubre, sus resultados han servido de referencia para escenarios posteriores en Aragón y Castilla y León, donde la aritmética ha vuelto a empujar a ambas formaciones a entenderse. Y a las puertas de abrir la precampaña de Andalucía, el pacto de Extremadura no solo definirá el próximo gobierno de la región, sino que marcará el tono político de futuros acuerdos entre PP y Vox en otros territorios, con implicaciones también a nivel nacional.

Aragón y Castilla y León

De hecho, la extrapolación ha sido casi inmediata. En Aragón, PP y Vox ya habían constatado «voluntad de acuerdo» y se habían emplazado a intensificar sus reuniones para investir a Jorge Azcón. Tras el desbloqueo en Extremadura, se espera una investidura inminente. En Castilla y León, el pacto alcanzado el 13 de abril para repartirse la Mesa de las Cortes fue presentado por ambas formaciones como un acuerdo «firme y duradero» destinado a allanar la formación del próximo Gobierno.

Lo que se ha aceptado en Extremadura —el reparto de poder, el equilibrio entre cesiones programáticas y la integración de Vox en el Ejecutivo— pasa así a convertirse en la referencia más cercana para ambas negociaciones.

La campaña andaluza

Es aquí donde el acuerdo PP-Vox en Extremadura adquiere un alcance que trasciende lo autonómico: hasta qué punto el PP está dispuesto a asumir propuestas de Vox que, además de polémicas, podrían rozar el límite competencial o abrir conflictos institucionales, y qué margen tiene la formación de Santiago Abascal para modular sus exigencias y aterrizarlas en un programa de gobierno.

El efecto va más allá de las comunidades en las que PP y Vox siguen obligados a entenderse. A las puertas de la campaña andaluza del 17 de mayo, el pacto extremeño proyecta una lectura nacional incómoda para el PP: mientras Juanma Moreno intenta centrar su estrategia en la gestión y evitar que los acuerdos más ásperos con Vox contaminen el debate, lo ocurrido en Extremadura ofrece a Santiago Abascal un escaparate de influencia institucional y al PSOE un argumento de confrontación. Extremadura, en definitiva, no solo ha resuelto su bloqueo: de nuevo, marca el paso.