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Pleno de investidura

Ignacio Garriga reivindica en Extremadura la "guillotina" burocrática como emblema del pacto con el PP

El secretario general de Vox defiende la prioridad nacional en las políticas públicas, tanto a nivel regional como nacional: "Los españoles primero"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, este miércoles en Mérida.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, este miércoles en Mérida. / JAVIER CINTAS

Mérida

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reivindicado este jueves el acuerdo alcanzado con el PP en Extremadura como la prueba de que su partido "cumple" lo que promete y ha puesto el acento en el compromiso de "pasar la guillotina a la maraña burocrática" que, a su juicio, lastra a ciudadanos, autónomos y pequeñas y medianas empresas. El dirigente del partido se ha pronunciado así ante los medios aprovechando su asistencia al pleno de investidura de María Guardiola, quien ya tiene atados los 11 votos de los diputados de Vox para su reelección como presidenta de la Junta de Extremadura.

Garriga ha celebrado que, cuatro meses después de las elecciones autonómicas, Vox haya logrado incorporar al acuerdo de gobierno un cambio "no solo en las políticas, sino también “en las prioridades". Según ha destacado, el documento suscrito con los populares incluye 61 puntos y 74 medidas, acompañadas de plazos, garantías de cumplimiento y una "voluntad política" de trabajar de forma conjunta para "cambiar la vida a mejor" de los extremeños.

El dirigente de Vox ha repasado algunas de las principales líneas del pacto, entre ellas la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y vivienda, el blindaje del sector primario frente a acuerdos como Mercosur y frente al Pacto Verde europeo, una partida de más de 500 millones de euros para reforzar la sanidad pública, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, el compromiso de mantener la central nuclear de Almaraz y la construcción de más de 3.500 viviendas ante la "emergencia habitacional".

No obstante, Garriga ha querido situar "en el centro del debate político" una medida que ha presentado como inédita en España: la creación de una vicepresidencia de Desregulación desde la que, según ha afirmado, se impulsará un proceso de desburocratización. “Nunca antes un gobierno se había comprometido abiertamente en pasar la guillotina en todas las leyes, en toda esa maraña burocrática”, ha asegurado, antes de ligar esa estrategia a una reducción "drástica del gasto político".

En su opinión, ese planteamiento representa una forma de gobernar distinta y demuestra que "cuando hay voluntad política de cambiar las cosas, se puede hacer". En este sentido, ha contrapuesto el acuerdo extremeño con la situación del Gobierno central, al que ha acusado de estar "rodeado de corrupción", y ha enmarcado el pacto autonómico dentro de la aspiración de Vox de extender este tipo de acuerdos a otros territorios y, en el futuro, al conjunto de España.

La prioridad nacional

A preguntas de los medios, Garriga ha defendido la inclusión de la prioridad nacional como "principio político inspirador" de las políticas sociales. Así se ha referido después de que se le preguntaran por las críticas formuladas desde sectores del PP, entre ellas las de Isabel Díaz Ayuso. El dirigente de Vox ha evitado polemizar directamente con la presidenta madrileña, aunque ha deslizado que sus palabras evidencian que "hay 17 partidos populares" distintos.

En todo caso, ha insistido en que las medidas que plantea Vox se moverán "dentro de la legalidad" y ha rechazado que se trate de propuestas "excluyentes". Según ha sostenido, su objetivo es que "los españoles estén primero, le moleste a quien le moleste" en las políticas públicas, tanto en Extremadura como en otras comunidades donde su partido tiene capacidad de alcanzar mayorías para gobernar como es el caso de Aragón y Castilla y León".

Garriga ha aprovechado para reiterar que el acuerdo en Extremadura marca el inicio de una "alternativa política" con la que Vox aspira a situar "a los ciudadanos españoles en el centro de las políticas y no los intereses ni de patronales, ni de sindicatos, ni de los propios partidos políticos". A su juicio, la ley de extranjería es un "auténtico coladero y hace que hoy los verdaderos discriminados sean los españoles para acceder a una vivienda social, para ser atendidos en un centro de atención primaria o para ser escolarizados en los colegios más próximos de sus municipios".

También ha restado importancia del debate terminológico sobre si debe hablarse de prioridad nacional o de "arraigo", al considerar que lo relevante es el fondo político del acuerdo: "No es un principio ni una medida excluyente". En este punto, ha acusado a algunos medios de comunicación y a miembros del PP de intentar "torpedear" el pacto mediante una interpretación "torticera" de sus contenidos.

¿Quién tiene problemas en que las políticas sociales estén dedicadas a los españoles?, ha cuestionado. "No entiendo bien cuál es la polémica. Los españoles pagan impuestos para que sus gobernantes les mejoren la vida, a partir de ahí, todo lo demás son polémicas", ha resaltado. Por último, Garriga no ha querido avanzar quién asumirá finalmente la Consejería de Agricultura, una decisión que se dará a conocer "en los próximos días" por la dirección regional del partido.

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