La prioridad nacional tensa el debate de investidura de María Guardiola

“Dice Mateo 25:35: ‘Porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, porque fui forastero y me acogisteis’”. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha recurrido este miércoles al Evangelio en la tribuna de la Asamblea para cargar contra uno de los puntos más controvertidos del acuerdo de gobierno entre PP y Vox: la llamada prioridad nacional. Lo ha hecho en uno de los momentos más duros del pleno de investidura de María Guardiola, al acusar al futuro Ejecutivo de impulsar "una sociedad individualista, que odia al extranjero", y al ironizar con la expresión incluida en el pacto: "Hablan de prioridad naci-onal".

Más allá de la investidura de Guardiola, que ha salido adelante gracias al apoyo de los 11 diputados de Vox, el pleno ha vuelto a colocar en el centro del debate la cláusula más sensible del acuerdo firmado el pasado 16 de abril entre ambas formaciones. La prioridad nacional, convertida ya en el principal foco de fricción política del pacto, ha centrado buena parte de los discursos y ha vuelto a evidenciar las diferencias en el modo de defenderla: Vox la reivindica sin rodeos, mientras el PP la ampara, pero trata de rebajar su carga ideológica hablando de "arraigo".

Vox

El acuerdo vincula ese principio al acceso a recursos públicos como la vivienda social o las prestaciones, a partir de la idea de dar preferencia a quienes acrediten arraigo en Extremadura. Durante el pleno, Vox ha vuelto a hacer de esa cláusula una bandera política. Su portavoz en la Asamblea, Óscar Fernández, ha defendido la prioridad nacional sin matices y ha tratado de despojarla de toda lectura excluyente. "No es racismo. No es egoísmo. No es ilegal. Es realismo", ha defendido.

En su intervención, el diputado ha indicado que quienes tengan arraigo en la región deben contar con preferencia en el acceso a recursos que considera limitados, como la vivienda protegida, las ayudas públicas o determinados servicios. "Defender primero lo nuestro y a los nuestros", ha resumido el dirigente de Vox, quien también ha hablado de reservar preferentemente la vivienda pública para "las familias extremeñas".

Ese mensaje ha sido reforzado fuera del hemiciclo por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, al dejar claro que su partido no ve la prioridad nacional como una singularidad extremeña, sino como una línea política exportable a otras comunidades autónomas y a todo el Estado. A preguntas de los medios, la ha defendido como "principio político inspirador" de las políticas sociales y ha sostenido que el objetivo es que "los españoles estén primero, le moleste a quien le moleste".

PP

El PP, por su parte, ha evitado renegar del contenido pactado, aunque sí ha tratado de presentarlo con un lenguaje más templado. Su portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, ha insistido en que el acuerdo "dice lo que dice y no es interpretable", pero ha identificado la prioridad nacional con el "arraigo a Extremadura". Según ha defendido, se trata de "dar prioridad a aquellas personas que tengan una vinculación con nuestra tierra", un vínculo "duradero y verificable", y no de excluir por nacionalidad.

En esta línea, ha acusado a la oposición de hacer una lectura demagógica del texto y de agitar el miedo con acusaciones de racismo o xenofobia. Para reforzar su argumento, ha recordado además que la Ley de Renta Garantizada aprobada en Extremadura en 2019 bajo el mandato del PSOE y con el apoyo de Podemos, ya recogía condiciones como el empadronamiento, la residencia efectiva en la comunidad y la residencia legal en España en el caso de los extranjeros.

La oposición ha hecho de esta cuestión uno de sus principales argumentos de ataque al Ejecutivo PP-Vox. La portavoz socialista, Piedad Álvarez, ha augurado que el nuevo Gobierno tardará "bastante poco en saltar por los aires" porque se apoya en un acuerdo "ilegal" y de imposible cumplimiento. En este sentido, ha situado expresamente la prioridad nacional, que ha calificado de medida que "ni es legal ni es humana". A su juicio, el PP ha firmado compromisos que luego no podrá aplicar, lo que convierte esa cláusula en uno de los principales puntos de tensión de la legislatura que ahora arranca.

Guardiola

La propia María Guardiola ha entrado también en ese choque durante su intervención. En su réplica a la diputada socialista, la presidenta electa de la Junta ha llevado la discusión al terreno de los pactos nacionales del PSOE. "¿Qué hablan de prioridad nacional? Prioridad ‘nación-alista, nazi-onalista’ es la que nos ha traído hasta aquí", ha espetado, antes de reprochar a los socialistas sus acuerdos con Bildu, Esquerra y Junts. Ha defendido, además, la legitimidad del entendimiento alcanzado con Vox y ha zanjado que "eso no es fascismo, señorías, eso se llama democracia, eso es mayoría parlamentaria, eso es pasar del bloqueo al acuerdo".

Con el reproche bíblico de Irene de Miguel como una de las imágenes más llamativas del debate parlamentario, el principio de prioridad nacional ha protagonizado buena parte de la investidura de la líder del PP extremeño. "Señor Fernández Calle, ¿qué opinará el Altísimo de cómo ultrajan ustedes el Evangelio?”, ha cuestionado la portavoz de Unidas por Extremadura después de recordar que Guardiola también es "muy asidua a las procesiones".