Pleno de investidura
Unidas por Extremadura acusa a Guardiola de "claudicar" ante Vox con un acuerdo "racista, ilegal e infame"
La portavoz de Unidas por Extremadura ha cargado en el segundo pleno de investidura contra el acuerdo entre PP y Vox, y ha acusado a Guardiola de sacrificar derechos, estabilidad y credibilidad por conservar el gobierno

Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura, en la segunda sesión de investidura de Guardiola, este miércoles en la Cámara extremeña. / Javier Cintas
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha rechazado este miércoles la investidura de María Guardiola con un discurso muy duro contra el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox, al que ha definido como un pacto "racista, ilegal e infame". En su intervención durante el segundo pleno de investidura, De Miguel ha acusado a la candidata popular de haber cedido ante Vox "para mantenerse en el poder" y ha enmarcado el nuevo escenario político en términos de inestabilidad, parálisis institucional y retroceso en derechos.
La diputada ha abierto su intervención con una referencia a los casi seis meses de gobierno en funciones y a sus consecuencias sobre la comunidad. Irene de Miguel ha atribuido esa situación a la "ambición, capricho y un mal cálculo electoral" y ha trasladado además un saludo a las personas que se manifestaron el día anterior a las puertas de la Asamblea contra el acuerdo.
Unidas por Extremadura sitúa el foco en la cesión del PP a Vox
Uno de los ejes centrales del discurso ha sido la crítica directa a la posición asumida por Guardiola en la negociación con Vox. De Miguel ha sostenido que el acuerdo conocido la pasada semana evidencia una cesión política del PP ante su socio y ha afirmado que la presidenta en funciones ha aceptado condiciones que anteriormente rechazaba.
"Usted ha claudicado, se ha vendido absolutamente y ha demostrado que es usted capaz de cualquier cesión por mantenerse agarrada al sillón", ha señalado desde la tribuna. A partir de ahí, ha presentado el pacto como el resultado de una negociación condicionada desde las direcciones nacionales de ambos partidos, más que de un proceso estrictamente autonómico.
La portavoz de Unidas por Extremadura ha insistido en que Extremadura ha quedado subordinada a intereses externos y ha afirmado que la negociación se ha desarrollado bajo tutela de Madrid. En esa línea, ha reprochado tanto al PP como a Vox que actúen como "franquicias" de sus organizaciones estatales.
Un acuerdo que, según Irene de Miguel, solo beneficia a Vox
De Miguel ha asegurado que el pacto de gobierno solo satisface a Vox y ha subrayado que Guardiola ha evitado exhibir públicamente ese acuerdo con entusiasmo. Según ha defendido, el contenido del documento supone la asunción por parte del PP de postulados que hasta ahora decía no compartir.
La portavoz ha citado, además, las reacciones críticas que el acuerdo ha suscitado en otros ámbitos políticos y sociales para reforzar su argumento de que el PP extremeño ha aceptado un marco que desborda el terreno autonómico. En su intervención ha mencionado tanto a Cáritas como a dirigentes del PP nacional y autonómico que se han desmarcado de pactos similares.
A partir de esa idea, ha afirmado que Extremadura ha sido utilizada dentro de una estrategia política más amplia de los partidos estatales. "Extremadura ha sido sacrificada por los intereses de Madrid", ha resumido.
La inmigración centra una parte destacada del discurso
La portavoz de Unidas por Extremadura ha dedicado uno de los bloques más amplios de su intervención a las medidas del acuerdo relacionadas con la inmigración. Ha denunciado que ese ámbito ocupe una parte muy destacada del documento firmado por PP y Vox y ha acusado a ambos partidos de asumir una visión excluyente y discriminatoria.
"Ayer, señora Guardiola, hablando de inmigración se travistió totalmente de Vox", ha afirmado. Irene de Miguel ha relacionado ese planteamiento con el tratamiento previsto para las personas migrantes y, en particular, para los menores no acompañados, y ha criticado que el acuerdo sitúe este asunto en el centro del debate político en una comunidad que pierde población.
También ha cuestionado algunas declaraciones realizadas desde el Ejecutivo autonómico sobre el impacto de la regularización de personas migrantes en el sistema sanitario, al considerar que trasladan una imagen distorsionada del problema. En este punto, ha acusado al Gobierno de alimentar un discurso "racista" y "clasista".
Referencias al Evangelio y a la acogida
Dentro de ese mismo bloque, Irene de Miguel ha recurrido a una referencia religiosa para cuestionar la posición del futuro Ejecutivo en materia migratoria. Dirigiéndose a Guardiola, ha recordado el pasaje de Mateo 25:35 ("Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; fui forastero y me acogisteis") para oponerlo al contenido del acuerdo.
Con esa cita, la portavoz de Unidas por Extremadura ha sostenido que la orientación del pacto refleja, a su juicio, una sociedad basada en el rechazo al extranjero y en la desconfianza hacia el diferente. También ha vinculado esta cuestión con la historia migratoria de Extremadura y con la salida de jóvenes de la región en busca de oportunidades.
Críticas al acuerdo en energía e industria
Otro de los apartados centrales del discurso ha sido el relativo a energía e industria. Irene de Miguel ha criticado que PP y Vox planteen blindar la continuidad de Almaraz cuando, según ha recordado, la Junta de Extremadura no tiene competencias para alterar el calendario de cierre de la central nuclear.
Además, ha señalado que el acuerdo prevé reducir la presión fiscal sobre las grandes eléctricas y ha cifrado en unos 85 millones de euros anuales los ingresos que, según su intervención, dejaría de percibir la comunidad. A su juicio, esa posición favorece a grandes empresas en detrimento de los intereses de Extremadura.
La portavoz también ha introducido en este bloque críticas al modelo energético regional, al papel de las empresas eléctricas en el mantenimiento de las redes y a la dependencia del uranio enriquecido procedente de Rusia. A ello ha sumado objeciones sobre el desarrollo de proyectos de biogás y sobre la ocupación de suelo fértil por instalaciones fotovoltaicas.
Agricultura, regadío y fondos europeos
En materia agraria, De Miguel ha cuestionado la orientación del acuerdo y el planteamiento de Vox respecto a la Agenda 2030, el Pacto Verde y las políticas europeas. Ha defendido que la agricultura afronta un contexto de crisis ligado al precio de los carburantes, los fertilizantes y los recursos, y ha reprochado al futuro Ejecutivo que mantenga, según sus palabras, un enfoque desfasado.
La diputada ha citado de forma expresa el proyecto de Tierra de Barros para cuestionar cómo piensan financiar PP y Vox determinadas promesas si, al mismo tiempo, rechazan el marco europeo del que dependen muchos fondos. También ha señalado la ausencia de medidas contra el acaparamiento de tierras y agua por parte de fondos de inversión o frente a los bajos precios que recibe el campo.
Alertas sobre sanidad, vivienda, igualdad y universidad
La portavoz de Unidas por Extremadura ha extendido sus críticas a otros ámbitos del acuerdo. En sanidad, ha interpretado la referencia a la colaboración público-privada como un paso hacia la privatización del sistema y ha cuestionado que el documento plantee un aumento del gasto al tiempo que recoge rebajas fiscales.
En vivienda, ha censurado medidas como la exigencia de años previos de empadronamiento para acceder a alquiler o compra de vivienda social, al considerar que pueden generar exclusión. También ha advertido de las consecuencias que ese tipo de requisitos podría tener para los jóvenes extremeños que se trasladan a otros territorios.
En relación con la igualdad, ha sostenido que el PP no puede presentar como un logro la preservación de estas políticas frente a Vox cuando, según ha dicho, no ha desarrollado avances relevantes en esta legislatura. Y sobre la Universidad de Extremadura, ha lamentado que no aparezca de forma destacada en el acuerdo ni en la intervención posterior de Guardiola.
Memoria democrática y "concordia"
De Miguel también ha criticado el tratamiento de la memoria democrática en el acuerdo entre PP y Vox. Ha rechazado que se invoque la "concordia" al tiempo que se plantea la protección de símbolos franquistas o se guarda silencio, según ha afirmado, ante actos vandálicos contra memoriales de víctimas de la dictadura.
En este apartado, la portavoz ha defendido la necesidad de mantener políticas de verdad, justicia y reparación y ha advertido de que no cabe, a su juicio, una posición neutral ante ataques a la democracia o a la memoria de quienes fueron represaliados por el franquismo.
Irene de Miguel augura una legislatura corta e inestable
Más allá del contenido concreto del acuerdo, la portavoz de Unidas por Extremadura ha puesto en duda la duración y la solidez del futuro Ejecutivo. Ha recordado que el anterior pacto entre PP y Vox ya se rompió y ha sostenido que la relación entre ambos socios vuelve a nacer marcada por la desconfianza.
"El gobierno del odio y de la derrota de la señora Guardiola no va a durar una legislatura", ha afirmado. Irene de Miguel ha ligado esa previsión a la dependencia de las decisiones que se adopten en Madrid y a la falta de sintonía política entre PP y Vox en Extremadura.
En esa línea, ha dicho que las derechas no garantizan estabilidad en la región porque sus intereses "están fuera de esta tierra", una idea que ha repetido en distintos tramos de su intervención.
Unidas por Extremadura anuncia oposición dentro y fuera de la Cámara
La intervención ha concluido con la confirmación del voto en contra de Unidas por Extremadura a la investidura de María Guardiola y con un mensaje de oposición sostenida frente al futuro Gobierno. De Miguel ha advertido de que las medidas pactadas por PP y Vox tendrán consecuencias sobre muchas familias y ha llamado a responder tanto en las instituciones como en la calle.
"Somos 7 (diputados) aquí y miles en las calles", ha afirmado en el cierre del discurso. Con esa frase, la portavoz ha querido fijar el papel que su grupo aspira a desempeñar en la nueva etapa parlamentaria: una oposición frontal al acuerdo de gobierno, centrada en la defensa de los servicios públicos, los derechos sociales y la respuesta política y social frente al nuevo Ejecutivo.
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