La ofensiva nacional por el acuerdo PP-Vox en Extremadura sigue abierta: «Estaremos hipervigilantes»

El pacto entre PP y Vox en Extremadura mantiene abierto un frente político que desborda el ámbito regional. La llamada prioridad nacional, uno de los puntos más controvertidos del acuerdo que ha permitido la investidura de María Guardiola, sigue generando críticas en la política nacional después del rechazo del PP en el Congreso a una moción defendida por Vox sobre ese mismo principio y de las nuevas advertencias lanzadas por parte del Gobierno central.

La controversia volvió ayer al tablero político con las palabras del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien advirtió de que el Ejecutivo velará por que la prioridad nacional pactada por PP y Vox en Extremadura y, posteriormente, en Aragón, «cumpla la Ley y la Constitución». Además, lamentó que con ese acuerdo se esté dando «un paso atrás» en una comunidad como Extremadura, a la que atribuyó una oportunidad para avanzar hacia un modelo más verde e industrializado. A su juicio, ese planteamiento trata de «aislar, fraccionar y segregar» a la población.

En la misma línea, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, expresó el rechazo frontal del Gobierno a los pactos regionales y al concepto de prioridad nacional, y advirtió de que el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional «cualquier acuerdo» que adopte «cualquier comunidad autónoma que vaya en contra de la Constitución y aplastando los derechos humanos». Según señaló, el Gobierno va a estar «hipervigilante».

Estas nuevas críticas llegaron un día después de que el Congreso rechazara la moción sobre prioridad nacional defendida por Vox. La iniciativa solo recibió el respaldo de los 33 diputados de la formación de Santiago Abascal y fue tumbada con el voto en contra del resto de grupos, entre ellos el PP. Los de Alberto Núñez Feijóo justificaron su rechazo en que Vox no aceptó la enmienda que habían planteado ni tampoco que el texto se votara por puntos.

El PP defendió entonces que comparte la prioridad nacional, pero en los términos pactados en Extremadura, es decir, vinculada al arraigo y siempre con arreglo a la Constitución y a la ley. De hecho, los populares habían intentado que la moción de Vox se adecuara al contenido del acuerdo firmado en la región la semana pasada, frente a un texto que planteaba que los españoles tuvieran prioridad en cualquier prestación.

En la Asamblea

Ese contraste volvió a quedar patente en el pleno de investidura de Guardiola en la Asamblea. Más allá de la elección de la dirigente popular como presidenta gracias al apoyo de los 11 diputados de Vox, el debate giró en buena medida en torno a la prioridad nacional, convertida ya en la cláusula más sensible del pacto firmado el 16 de abril entre ambas formaciones.

Vox la defendió sin matices. Su portavoz en la Asamblea, Óscar Fernández, negó que se trate de una propuesta excluyente y la resumió como una fórmula de «realismo» para dar preferencia a quienes tengan arraigo en la región en el acceso a recursos limitados, como la vivienda protegida, las ayudas públicas o determinados servicios. «Defender primero lo nuestro y a los nuestros», afirmó. Esa misma línea fue reforzada fuera del hemiciclo por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien la presentó como un «principio político inspirador» exportable a otras comunidades y al conjunto del Estado.

El PP, en cambio, trató de sostener el contenido del acuerdo con un tono más contenido. Su portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, insistió desde la tribuna en que el pacto «dice lo que dice y no es interpretable», pero identificó la prioridad nacional con el «arraigo a Extremadura», entendido como una vinculación «duradera y verificable» con la comunidad, y no como una exclusión por nacionalidad.