Fondenex sostiene que la única salida para Valdecañas es cumplir las sentencias que obligan al derribo

Fondenex ha vuelto a situar el caso Valdecañas en el terreno judicial y ambiental. Su presidente, Francisco R. Blanco Coronado, ha defendido que la única solución al "conflicto" generado por la urbanización construida en el embalse es que se cumpla la ley y se ejecuten las sentencias que han declarado la ilegalidad de lo levantado en este espacio protegido.

En un escrito firmado por Blanco Coronado, la organización recuerda que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han estimado la ilegalidad de lo construido y, por tanto, su derribo. "En el embalse de Valdecañas no hay ningún conflicto. Solo unas sentencias que cumplir, porque estamos en un estado de derecho", sostiene el presidente de Fondenex.

La entidad rechaza los intentos de mantener la urbanización y centra su crítica en la modificación de los límites de varias zonas ZEPA impulsada por la Junta de Extremadura. Según Fondenex, esa operación pretende excluir la isla de Valdecañas del espacio protegido bajo el argumento de supuestos "errores cartográficos". Para Blanco Coronado, esa explicación no se sostiene.

Un embalse con alto valor ambiental

Fondenex subraya que Valdecañas no puede analizarse únicamente desde la isla donde se construyeron el hotel y los chalés. Blanco Coronado admite que ese cerro, convertido en isla tras la construcción de la presa, no tenía por sí mismo un valor natural destacable antes ni después de la urbanización, pero insiste en que el impacto debe valorarse sobre el conjunto del embalse.

El presidente de la entidad recuerda que Valdecañas acoge la mayor concentración invernal de España de cormorán grande, con unos 4.000 individuos, además de poblaciones relevantes de somormujos lavancos, garcetas comunes, garzas reales, pagazas piconegras y charrancitos. También señala que en sus zonas más angostas nidifica la cigüeña negra.

A ello suma el valor de los llanos y dehesas del entorno, donde pueden observarse sisones, ortegas y gangas, y que funcionan como áreas de caza y campeo para águilas imperiales, perdiceras, culebreras y calzadas, entre otras especies.

La presión humana sobre el embalse

Blanco Coronado sostiene que el impacto real de la urbanización no se limita al suelo ocupado, sino a la presión humana que puede generar sobre el resto del embalse. En ese sentido, advierte del efecto de las embarcaciones a motor asociadas al complejo.

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"La urbanización tiene un embarcadero, y de este, embarcaciones a motor surcarían las aguas hasta los lugares más recónditos, espantando aves acuáticas y las que nidifican en sus márgenes", expone el presidente de Fondenex.

La organización considera incompatible ese escenario con la conservación de especies sensibles, especialmente en fines de semana durante la época de invernada o reproducción. A juicio de Blanco Coronado, esa actividad alteraría el comportamiento normal de las aves en un espacio protegido.

La advertencia sobre la ZEPA

Fondenex recuerda que, desde el inicio del proyecto, se advirtió a la Junta de Extremadura de que los terrenos estaban incluidos en una ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y de que la urbanización era incompatible con esa figura de protección.

Según el escrito, también se alertó de que la ocupación de esos terrenos vulneraba el derecho comunitario. "Pues a pesar de todo, el gobierno extremeño autoriza la actuación", señala Blanco Coronado, que llega a plantear si pudo haber "prevaricación", aunque lo formula como una valoración a la luz de las sentencias.

El presidente de Fondenex reprocha además que quienes defienden el proyecto desde la ordenación del territorio no atiendan, a su juicio, al valor ornitológico del embalse. En su escrito critica a quienes "se autoproclaman expertos" pero, según afirma, no distinguen especies como una garceta común de una grande, un milano negro de uno real o un charrancito de una pagaza piconegra.

Una larga cadena judicial

La entidad repasa también el recorrido administrativo y judicial del caso. En 2007, la Asamblea de Extremadura aprobó, con los votos del PP y del PSOE, que la urbanización fuera declarada Proyecto de Interés Regional (PIR), lo que permitió recalificar terrenos que eran suelo no urbanizable.

En 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) declaró ilegal ese PIR. Posteriormente, en 2015, el Tribunal Constitucional declaró no ajustada a derecho la modificación de la Ley del Suelo realizada por el gobierno extremeño.

Blanco Coronado recuerda también la intervención del CSIC, a petición del TSJEX, que concluyó que, a largo plazo, el mantenimiento del complejo turístico tendría más perjuicios ambientales que su derribo.

El presidente de Fondenex añade que en febrero de 2022 el Tribunal Supremo obligó a la demolición total de lo construido y encargó al TSJEX la ejecución de la sentencia, dando un plazo de ocho meses para aprobar el plan de demolición. Tras los recursos, el Tribunal Constitucional, por unanimidad, rechazó en septiembre de 2025 el recurso de la Junta de Extremadura y dio vía libre a la demolición total. Después, según recuerda, se ratificó ante los recursos de los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.

"Se construyó donde no se podía construir"

Para Fondenex, las resoluciones judiciales no dejan margen a interpretaciones. "Se construyó en una zona protegida y eso no se podía hacer. Se avisó de ello, y la Junta de Extremadura miró para otro lado", resume Blanco Coronado.

La entidad sostiene que ya no hay recorrido legal para mantener la urbanización y que la única salida es ejecutar el derribo. En ese contexto, critica con dureza la maniobra de la Junta para modificar los límites de varias zonas ZEPA.

Blanco Coronado sostiene que el Ejecutivo autonómico, "como un tahúr del Mississippi", ha intentado "sacar una carta escondida" mediante la modificación de la delimitación de la ZEPA del embalse de Valdecañas. En su opinión, esa actuación busca excluir la isla alegando supuestos "errores cartográficos".

La modificación de las ZEPA

Fondenex recuerda que el 22 de diciembre de 2025 se publicó en el DOE un decreto por el que se modificaban los límites de 11 ZEPAs. Según Blanco Coronado, de la superficie reducida, 324,9 hectáreas, un total de 208,9 hectáreas correspondían mayoritariamente a la isla de Valdecañas, es decir, más del 60%.

"¿Blanco y en botella?", se pregunta el presidente de Fondenex, que recuerda que el TSJEX ha admitido el recurso contencioso presentado por la entidad contra ese decreto.

Para la organización, la modificación de límites "causa rubor a nivel jurídico" porque llega después de varias sentencias de los más altos tribunales que han establecido que se construyó en un lugar donde no se podía construir. Blanco Coronado compara la situación con la pretensión de que una persona que ha cometido un delito intente justificarlo porque se cambia la ley después.

Críticas a los "errores cartográficos"

Uno de los puntos centrales del escrito es el rechazo a la tesis de los errores cartográficos. Blanco Coronado, que afirma manejar mapas del ejército español desde hace 40 años para sus estudios ornitológicos, defiende la fiabilidad de esa cartografía.

"¿Errores cartográficos? ¿Piensa la Junta de Extremadura que somos tontos?", plantea el presidente de Fondenex. Según expone, los mapas militares españoles tenían una calidad "altísima" y eran "instrumentos científicos" elaborados para necesidades militares como la artillería.

Blanco Coronado recuerda que en mapas a escala 1:50.000 el margen de error era de 0,5 milímetros, lo que sobre el terreno equivalía a unos 50 metros. Incluso sostiene que la cartografía militar de los años 90 podía ofrecer una precisión inferior a 25 metros, frente a errores de hasta 100 metros que, según afirma, podían producirse con los GPS de finales del siglo XX.

Para Fondenex, los supuestos errores cartográficos utilizados para reducir la superficie de la Red Natura 2000 y, en concreto, de la ZEPA de Valdecañas, "solo responden a defender su urbanización".

La Confederación del Tajo

Fondenex también extiende sus críticas a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Blanco Coronado sostiene que este organismo tendría que explicar cómo permitió la ocupación de terrenos sujetos a zona de policía de aguas y servidumbre por un hotel y varias viviendas.

El presidente de la entidad apunta además a la posibilidad de que, en caso de llenado total del embalse, algunas de esas construcciones pudieran quedar inundadas, y reclama explicaciones sobre esa circunstancia.

Defensa del patrimonio natural

La conclusión de Fondenex es que la modificación de límites y la defensa de la urbanización anteponen, a su juicio, intereses inmobiliarios y particulares al patrimonio natural de Extremadura. Blanco Coronado considera especialmente grave que, con ello, se intente ignorar el contenido de las sentencias judiciales.

"Los supuestos errores cartográficos aducidos por la Junta de Extremadura para disminuir la superficie de la Red Natura 2000, y en concreto, la ZEPA de Valdecañas, solo responden a defender su urbanización, anteponiendo intereses inmobiliarios y particulares al bien general del patrimonio natural de Extremadura", concluye el presidente de Fondenex.