La banca se aleja de barrios y pueblos: Extremadura pierde la mitad de sus oficinas en quince años

La banca se ha ido alejando poco a poco de la vida diaria de muchos extremeños. Donde antes había una oficina abierta, una ventanilla y una persona al otro lado del mostrador, ahora queda a menudo un cajero, una aplicación móvil o varios kilómetros hasta la sucursal más cercana. FACUA Extremadura ha vuelto a denunciar el "incesante cierre progresivo" de oficinas bancarias en la comunidad y ha advertido de que esta retirada está generando barreras de acceso a los servicios financieros más básicos.

Según el Boletín Estadístico del Banco de España, Extremadura contaba en septiembre de 2010 con 1.184 oficinas de entidades de crédito. En septiembre de 2025 quedaban 674 oficinas de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. La diferencia deja 510 oficinas menos en quince años, una caída aproximada del 43%.

Un cierre que cambia la relación con la banca

La reducción de oficinas no es solo una cuestión estadística. FACUA ha señalado que el cierre progresivo de sucursales y cajeros ha generado importantes barreras para muchos usuarios, especialmente para personas mayores, personas con discapacidad y vecinos con dificultades para manejar herramientas digitales. La asociación considera que esta retirada ha ensanchado la brecha digital y ha dejado a parte de la población en una posición de mayor vulnerabilidad ante gestiones cotidianas.

Operaciones tan habituales como sacar efectivo, cobrar una pensión, pagar recibos, hacer una transferencia o resolver dudas vinculadas a préstamos e hipotecas se han vuelto más complicadas para quienes necesitan atención presencial. La desaparición de oficinas afecta de forma especial a los municipios pequeños que se han quedado sin sucursal, pero también a barrios urbanos donde la presencia bancaria se ha reducido de forma notable.

FACUA ha indicado que recientemente ha cerrado una nueva oficina en el barrio de San Fernando de Badajoz. También en la capital pacense, la barriada de Cerro Gordo no cuenta con ningún cajero ni sucursal a la que puedan dirigirse sus vecinos, según ha denunciado la organización. A estos ejemplos se suman, de acuerdo con la asociación, numerosos cierres de oficinas y cajeros de otros bancos y en otros municipios extremeños durante los últimos años.

Extremadura, con 674 oficinas

El último dato del Banco de España sitúa a Extremadura con 674 oficinas bancarias en septiembre de 2025. La comunidad queda lejos de territorios con redes mucho más amplias, como Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunitat Valenciana, Castilla y León o Castilla-La Mancha. En el conjunto del país, el Banco de España contabiliza 17.178 oficinas.

La comparación histórica es la que marca el fondo de la crónica. En 2010, Extremadura todavía conservaba 1.184 oficinas. Quince años después, la red se ha reducido en 510 puntos de atención. La comunidad no ha perdido exactamente una de cada dos sucursales, pero sí se ha quedado muy cerca: el descenso ronda el 43%, suficiente para transformar la relación diaria entre los ciudadanos y sus entidades financieras.

Más comisiones, menos ventanilla

FACUA ha advertido de que al cierre de sucursales se unen otras prácticas que dificultan la atención personal. La asociación cita las restricciones para la atención en ventanilla, el incremento del cobro de comisiones por operaciones presenciales, la derivación a cajeros automáticos o banca en línea y los sistemas de cita previa.

Ese conjunto de medidas, según la organización, convierte la digitalización bancaria en una barrera para quienes no pueden operar con normalidad por internet o desde un teléfono móvil. FACUA sostiene que la falta de oficinas "discrimina e imposibilita" a los consumidores que, por edad, discapacidad o circunstancias personales, tienen problemas para utilizar un cajero automático y requieren atención presencial.

La asociación insiste en que la exclusión financiera no se resuelve únicamente con máquinas. A su juicio, un cajero puede facilitar algunas operaciones, pero no sustituye la atención personal ni garantiza por sí solo el acceso pleno a los servicios bancarios.

Rechazo a financiar cajeros con dinero público

FACUA Extremadura ha mostrado su preocupación por que los acuerdos entre administraciones y entidades financieras puedan acabar financiando con dinero público la instalación de cajeros automáticos. La organización entiende que no se trata de dar un "incentivo" para que, durante un tiempo determinado, las entidades bancarias pongan a disposición de los consumidores cajeros en zonas donde previamente han cerrado oficinas.

La asociación critica que se plantee el uso de dinero público y locales de asociaciones para asumir una responsabilidad que, a su juicio, corresponde a las entidades bancarias. FACUA defiende que la prestación adecuada de los servicios financieros no debe depender de la inversión pública, porque lo contrario supondría financiar a bancos para realizar una labor que forma parte de su propia actividad.

En ese sentido, la organización considera que no parecería lógico "premiar a una banca por realizar su trabajo" cuando, según denuncia, las entidades imponen comisiones cada vez más elevadas y prestan servicios deficientes o inexistentes en parte del territorio.

Qué dice la ley

FACUA ha recordado que los servicios bancarios resultan esenciales para la vida cotidiana de la ciudadanía y que las administraciones públicas deben velar por su prestación en igualdad de condiciones. La asociación cita el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, cuyo artículo 9 establece que "los poderes públicos protegerán prioritariamente los derechos de los consumidores y usuarios cuando guarden relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado".

La organización también alude al artículo 3 de la misma norma, que define a las personas consumidoras vulnerables como aquellas que, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas, sociales o territoriales, se encuentran en una situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

Además, recuerda que el artículo 8 recoge que "los derechos de las personas consumidoras vulnerables gozarán de una especial atención" y que los poderes públicos deben promover políticas y actuaciones para garantizar esos derechos, evitando trámites que puedan dificultar su ejercicio.

La petición a las administraciones

FACUA Extremadura ha pedido a las administraciones locales, provinciales y autonómicas que no alcancen acuerdos que, en la práctica, supongan premiar a las entidades financieras que llevan años cerrando oficinas y limitando el acceso a los servicios bancarios más básicos.

La asociación defiende que la respuesta debe pasar por exigir a la banca que adapte sus servicios a las necesidades reales de la población, con atención accesible y soluciones presenciales para quienes no pueden desenvolverse en canales digitales. También plantea que, si se instalan cajeros, deben existir agentes bancarios que expliquen sus funcionalidades in situ a las personas que no puedan utilizarlos sin apoyo.