Los delitos por ocupación de vivienda suben casi un 30% en Extremadura mientras bajan en España

Los delitos relacionados con allanamientos y usurpación de viviendas crecieron un 29,6% en Extremadura durante 2025, en contraste con la tendencia nacional, donde este tipo de infracciones descendió un 9,4%. La región se sitúa de esta forma entre las comunidades en las que más aumentaron estos casos el pasado año, según los últimos datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.

En el conjunto del país, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado registraron 14.875 denuncias por allanamiento de morada y usurpación de inmuebles, frente a las 16.426 contabilizadas en 2024. El dato supone un descenso generalizado, aunque con diferencias importantes entre territorios.

Interior precisa que la estadística no distingue entre allanamientos de morada -cuando se ocupa una vivienda habitual, ya sea primera o segunda residencia- y usurpaciones, que afectan principalmente a inmuebles vacíos o propiedad de bancos. Además, recuerda que los casos más graves, los de allanamiento de morada, son minoritarios en España, mientras que la mayoría de denuncias corresponden a usurpaciones de viviendas deshabitadas.

En venta

La evolución en Extremadura contrasta, sin embargo, con los datos del mercado inmobiliario. Según un estudio publicado por Idealista, el volumen de viviendas sin posesión anunciadas para la venta cayó en las dos provincias extremeñas en el cuarto trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior.

En concreto, la provincia de Badajoz cerró el periodo entre octubre y diciembre con 119 viviendas okupadas ofertadas en el mercado de venta, un 11,2% menos que en el trimestre anterior. En Cáceres, el descenso fue más moderado, del 1,4%, hasta situarse en 68 inmuebles en esta situación.

En total, ambas provincias sumaban 187 viviendas sin posesión anunciadas para la venta al cierre de 2025. El dato supone una presencia reducida dentro del conjunto nacional, donde este tipo de oferta aumentó un 4,6% en el cuarto trimestre, hasta alcanzar las 24.058 viviendas okupadas en venta.

Por comunidades

Cataluña volvió a concentrar el mayor volumen tanto en denuncias como en viviendas okupadas a la venta. En el ámbito penal, registró 5.913 denuncias en 2025, cerca del 40% del total nacional, aunque con una bajada del 15,6% respecto al año anterior. En el mercado inmobiliario, Barcelona encabezó el ranking provincial, con 7.307 viviendas sin posesión anunciadas.

Tras Cataluña, las comunidades con más denuncias fueron Andalucía, con 1.909 casos y una bajada del 13,5%; la Comunidad Valenciana, con 1.805 denuncias y un aumento del 2,1%; y la Comunidad de Madrid, con 1.269 casos, un 12,5% menos.

Además de Extremadura, los delitos por allanamiento y usurpación aumentaron en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla. Por el contrario, descendieron en Cataluña, Andalucía, Madrid, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja.

Preocupación

La preocupación ciudadana también se mantiene elevada. Tres de cada diez extremeños temen sufrir un robo en su vivienda o que esta pueda ser ocupada ilegalmente, según el informe ‘Seguridad en edificios y viviendas’, elaborado por Grupo Mutua Propietarios.

El estudio refleja que un 30% de los ciudadanos muestra preocupación por la ocupación de su vivienda, mientras que un 32% teme directamente un robo. Aunque los datos oficiales apuntan a un descenso del 9,2% en los robos en viviendas en Extremadura, con 1.072 casos registrados en 2025, la sensación de inseguridad sigue siendo significativa.

En los últimos cinco años, el 4% de los extremeños ha sufrido un robo o un intento de robo en su vivienda o edificio. La incidencia aumenta en determinados perfiles, como las viviendas de más de 180 metros cuadrados, donde alcanza el 8%, o en los hogares unifamiliares, con un 7%, frente al 4% registrado en viviendas colectivas.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, advierte de que las viviendas okupadas que salen al mercado han dejado de ser un fenómeno puntual y se están consolidando como parte del paisaje inmobiliario. A su juicio, este tipo de inmuebles se han convertido casi en “un producto de inversión más”, por lo que reclama un “cambio urgente” de políticas para revertir esta situación.