Frenar la eólica en Extremadura: una decisión con alto coste y un error estratégico

El reciente acuerdo de Gobierno entre PP y VOX en Extremadura propone su política energética desde un enfoque que merece una revisión crítica. Entre sus primeras medidas, se propone el compromiso de «emplear todos los medios legales y administrativos necesarios para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos, en terrenos de uso tradicional —incluidas vías pecuarias— y en aquellos suelos en los que se produzca una afección al patrimonio natural».

La formulación es superficial y encierra una decisión de enorme calado: introducir una barrera política generalizada y sin condicionantes al desarrollo de proyectos renovables en una comunidad con una necesidad evidente de inversión industrial. En otras palabras, no se trata de ordenar el territorio y hacer viable una coexistencia de diferentes usos del mismo, sino de restringir de facto una de las principales palancas para la seguridad energética y con mayor potencial tangible de desarrollo económico: los proyectos eólicos.

Contexto actual

Conviene situar esta medida en el contexto real actual. España afronta un escenario internacional marcado por la volatilidad de los mercados energéticos y las tensiones geopolíticas, donde la dependencia de combustibles fósiles impacta periódicamente, bien sea por una crisis o por otra, en nuestra economía, afectando directamente al bienestar de los consumidores y poniendo en peligro la sostenibilidad financiera de los hogares.

En este escenario, la energía eólica, con más de 25 años de historia en nuestro país, no es una opción ideológica, sino una herramienta estratégica. Bloquear su desarrollo en territorios con recurso (viento) supone, por tanto, asumir un coste económico innegable. Cada megavatio que no se instala implica más dependencia de combustibles importados, mayor exposición a crisis internacionales y menos competitividad para el tejido productivo.

Resulta especialmente llamativo que estas medidas se planteen en una comunidad como Extremadura, que actualmente se encuentra en el ranking entre las últimas comunidades autónomas por su escasa potencia eólica instalada (89 MW a finales de 2025, en comparación con Castilla León que tiene 7.126 MW eólicos), contando con disponibilidad de recurso, superficie y condiciones técnicas que la sitúan como un territorio clave para el despliegue de nueva capacidad eólica. Precisamente por ello, cualquier señal de bloqueo tiene un efecto amplificado: limitará su desarrollo regional.

La región cuenta con disponibilidad de recurso, superficie y condiciones técnicas que la sitúan como un territorio clave para el despliegue de nueva capacidad eólica

El planteamiento del acuerdo extremeño parte además de una premisa errónea: la incompatibilidad entre desarrollo eólico y el sector primario. La realidad es justo la contraria. La eólica es una tecnología energética que permite la coexistencia con la agricultura y la ganadería, generando ingresos adicionales en el medio rural sin sustituir las actividades existentes. No ocupa el territorio de forma excluyente; coexiste y lo complementa.

Percepción simplificada

A menudo, el debate público se construye sobre una percepción simplificada de rechazo social que no siempre se corresponde con la realidad del territorio. En muchos municipios rurales, los proyectos eólicos son una oportunidad para fijar población, generar actividad económica y complementar rentas agrarias. Los ingresos derivados de los parques —vía arrendamientos, impuestos locales o inversión asociada, además de otras diversas aportaciones que los promotores han venido aportando a las comunidades locales— han permitido mejorar servicios municipales, sostener empleo local y dinamizar economías que llevan décadas enfrentando la despoblación. En España hay más de 850 municipios con parques eólicos. Ni uno solo cuestiona su parque eólico porque saben que para ellos es un tesoro.

A ello se suma un elemento frecuentemente ignorado en el debate político: el nivel de exigencia regulatoria. En España, el desarrollo de un parque eólico puede superar los siete años de tramitación, incorporando evaluaciones ambientales y técnicas tremendamente garantistas. Este marco garantiza que ningún proyecto incompatible con el patrimonio natural o cultural llegue a ejecutarse, tampoco si la biodiversidad está en peligro. Introducir restricciones genéricas adicionales no refuerza esa protección; solo genera inseguridad jurídica.

La inseguridad, un riesgo

Y es precisamente esa inseguridad uno de los principales riesgos de este tipo de acuerdos políticos. Espantar la inversión eólica puede ser la sentencia de muerte para muchos municipios en el medio plazo. El sector eólico atraviesa un momento decisivo, en el que la inversión está directamente vinculada a la estabilidad regulatoria y a la previsibilidad de las administraciones. Cuando se trasladan señales de bloqueo o discrecionalidad, el capital se retrae y busca otros destinos. La consecuencia no es abstracta: menos proyectos, menos empleo industrial y menos actividad económica en el territorio. ¿Extremadura puede permitirse esto?

Porque Extremadura, lejos de ser una excepción, compite claramente con otras comunidades autónomas limítrofes por atraer inversión en energías limpias. La eólica no solo genera electricidad: es industria, cadena de valor, empleo cualificado y desarrollo tecnológico. En España, el sector emplea a más de 37.000 profesionales y mantiene una red de más de 280 centros industriales. Limitar su despliegue equivale a renunciar a una oportunidad de reindustrialización en zonas rurales que difícilmente encontrarán alternativas de similar impacto.

Corresponsabilidad

Además, la gravedad del momento requiere de la corresponsabilidad de todos. Europa avanza hacia un modelo energético basado en recursos autóctonos para reducir su vulnerabilidad frente a crisis externas. La eólica se ha consolidado como una cuestión de seguridad nacional, al disminuir la exposición a los mercados internacionales de gas y petróleo y actuar como un «escudo» frente a los picos de precios eléctricos.

Frente a este contexto, optar por políticas restrictivas de carácter general transmite una señal contradictoria: mientras el conjunto del país necesita acelerar el despliegue eólico, algunas comunidades optan por frenarlo. El resultado es un mapa energético fragmentado que dificulta el cumplimiento de los objetivos país, distancia a unas comunidades autónomas frente a otras y debilita la posición competitiva de España.

La protección del territorio, del patrimonio natural y de los usos tradicionales no solo es necesaria, sino irrenunciable. Pero esa protección ya está integrada en el marco normativo vigente. El debate no debería girar en torno a prohibiciones genéricas adicionales, sino a cómo mejorar la planificación, reforzar la participación local y materializar en resultados tangibles los beneficios económicos y sociales de los proyectos.

Nueva era

Porque la cuestión de fondo no es solo energética: decidir si queremos estar protegidos y formar parte de la nueva era de progreso vinculada a la electrificación y a los países prósperos y modernos, o quedarse al margen con una visión caduca de la realidad.

Extremadura tiene la oportunidad de posicionarse como un territorio clave en ese nuevo modelo. Convertir la oportunidad que ofrece la eólica en una restricción no es una medida de prudencia, sino una ausencia de visión. Es, sencillamente, un error, que confiamos que se solvente a futuro.