Acabar con la pobreza costaría 24.000 millones al año en España, con Extremadura como la tercera región con más población en riesgo

Acabar con la pobreza en España costaría alrededor de 24.000 millones de euros al año, el equivalente al 1,8% del PIB, según ha estimado un estudio de la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que sitúa a Extremadura como la tercera comunidad autónoma con mayor proporción de población en riesgo de pobreza, con una tasa del 26,2%.

La región solo aparece por detrás de Andalucía, con un 27,7%, y Murcia, con un 26,7%, y queda muy por encima de la media nacional, situada en el 19,5%. El análisis también coloca a Extremadura entre las comunidades con más población en riesgo de exclusión, con un 9,9%, frente al 8% del conjunto del país.

Una mejora insuficiente

Es cierto que Extremadura ha tenido unos resultados más alentadores en la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, con datos de 2025. De hecho, ha sido una de las seis comunidades autónomas que han registrado los niveles más bajos de la última década en la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social. En el caso concreto de Extremadura, el nivel más reducido incluso desde que hay datos comparables (2008). Y además, se trata de la segunda región con el mayor avance en el último año. No obstante, pese a esta evolución favorable, la comunidad se mantiene por encima de la media nacional de pobreza.

El informe, titulado Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios, ha sido elaborado por el equipo de investigación del Ivie dirigido por Carmen Herrero e integrado por Antonio Villar y Carlos Albert. El trabajo parte de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE y otros datos oficiales para medir la incidencia de la pobreza, su intensidad y la desigualdad entre las personas que se encuentran por debajo de los umbrales de renta.

El estudio ha constatado que la pobreza ha bajado en España durante la última década. La tasa de población en riesgo de pobreza se ha reducido un 12% entre 2015 y 2025, mientras que la pobreza extrema o riesgo de exclusión ha caído un 28%. Pese a esa evolución, el 19,5% de la población española sigue en riesgo de pobreza y el 8% se encuentra en riesgo de exclusión.

Los autores han definido el riesgo de pobreza como una renta inferior al 60% de la mediana nacional y el riesgo de exclusión como una renta por debajo del 40%. En términos económicos, el umbral de pobreza se sitúa en 12.220 euros anuales por unidad de consumo, mientras que el de exclusión queda en 8.147 euros.

Extremadura, en la parte alta del mapa

Las diferencias territoriales son una de las principales conclusiones del informe. Mientras el País Vasco presenta la menor tasa de población en riesgo de pobreza, con un 9,3%, seguido de Baleares (11,6%), Navarra (12,3%) y Madrid (12,7%), Extremadura se mantiene en la parte alta del mapa nacional.

La comunidad alcanza un 26,2% de población en riesgo de pobreza, por encima de la Comunidad Valenciana (26%), Castilla-La Mancha (25,9%) y Canarias (22,9%). En el caso de la pobreza extrema o riesgo de exclusión, Extremadura registra un 9,9%, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (11,8%), Andalucía (11,4%) y Murcia (11,2%).

El informe apunta que, pese a la mejora general de los indicadores, las comunidades con menores niveles de renta siguen encontrando más dificultades para reducir sus tasas de pobreza. En el caso extremeño, esa realidad convive con otro dato relevante: la renta media de la población en riesgo de pobreza se sitúa entre las más altas del país.

La región vislumbra una luz

La renta media de la población en riesgo de pobreza en España fue de 4.869 euros anuales en 2023. En Extremadura, esa renta media alcanzó los 5.325 euros, solo por detrás de Galicia, con 5.498 euros. Es decir, la comunidad tiene una elevada proporción de población por debajo del umbral, pero una parte de esas personas se encuentra relativamente más cerca de superarlo que en otros territorios.

El informe calcula que, para eliminar el riesgo de pobreza en todo el país, serían necesarios esos 24.000 millones de euros anuales. Para acabar con el riesgo de exclusión, el coste sería mucho menor: unos 8.800 millones de euros al año, lo que representa el 0,7% del PIB.

La diferencia entre comunidades también se aprecia en el esfuerzo económico necesario. En Andalucía habría que destinar el 3,9% de su PIB regional para eliminar la pobreza, mientras que en el País Vasco bastaría con el 0,6%.

Tener trabajo no libra de la pobreza

Una de las advertencias centrales del estudio es que el empleo no garantiza quedar fuera de la pobreza. Un 33% de las personas en riesgo de pobreza en España están ocupadas, un porcentaje que sube hasta el 40% en Baleares y que no baja del 25% en ninguna comunidad autónoma.

Aunque la tasa de pobreza entre la población ocupada ha bajado del 14,8% en 2015 al 11,6% en 2025, sigue siendo elevada en algunos territorios. Andalucía alcanza el 17,4%, mientras que en Navarra la probabilidad de que una persona con empleo esté en riesgo de pobreza se reduce al 6%.

En Extremadura, el estudio la sitúa entre las regiones donde el empleo ofrece una protección más limitada frente a la pobreza, con una tasa de pobreza de la población ocupada por encima del 16%.

Mujeres y jóvenes, los más vulnerables

El análisis también alerta del empeoramiento relativo de la situación de las mujeres. En 2015 partían de una posición ligeramente más favorable que los hombres, con una tasa de pobreza del 21,8% frente al 22,5% masculino. En 2025, la relación se ha invertido: el riesgo de pobreza afecta al 20,3% de las mujeres y al 18,6% de los hombres.

Por edades, los mayores de 65 años siguen siendo el grupo con menor incidencia de pobreza, aunque esa tendencia ha empezado a cambiar en algunas regiones. Los jóvenes menores de 18 años continúan siendo los más expuestos, con una tasa que roza el 30%.

Los autores vinculan esta mayor vulnerabilidad a la composición de los hogares, el peso de las familias con menores y la presencia de hogares monoparentales o con rentas más bajas.

Protección social más precisa

El estudio plantea la necesidad de reforzar los instrumentos de protección social y mejorar los mecanismos de acceso a las ayudas. Los autores defienden una orientación más específica de las políticas públicas, ajustada a las diferencias territoriales y a los colectivos más vulnerables.

También reclaman una coordinación más eficiente entre administraciones estatal, autonómica y local, con procedimientos más simples y una cobertura efectiva de las necesidades básicas.