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El regreso de los triángulos

El adiós a la baliza V-16 llega a Extremadura: la enmienda de Vox por la que "se convierte en opcional"

La Dirección General de Tráfico (DGT) impulsa la baliza V-16 como obligatoria desde enero 2026 para averías en carreteras interurbanas, pero la medida enfrenta a los políticos

La baliza V-16 colocada en un vehículo averiado.

La baliza V-16 colocada en un vehículo averiado.

Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V-16 es obligatoria en todos los vehículos para señalizar una avería en carreteras interurbanas. La Dirección General de Tráfico (DGT) la ha incluido en sus campañas de control y en las operaciones especiales de tráfico durante festivos y fines de semana, subrayando su obligatoriedad.

Sin embargo, la medida no ha estado exenta de polémica desde su anuncio en 2025. Vox ha registrado una enmienda a la ley del PSOE en el Congreso de los Diputados para hacer opcional su uso y permitir que los conductores puedan continuar utilizando los tradicionales triángulos reflectantes como medida de preseñalización de peligro. La enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, plantea que la V-16 sea alternativa a los triángulos, sin perder la vigencia de estos últimos.

El partido argumenta que no será exigible la conectividad de la baliza con los sistemas de detección de la DGT ni su geolocalización, y que los triángulos podrán seguir usándose sin limitación temporal. Además, insiste en que la efectividad de la V-16 ha sido cuestionada por entidades con experiencia en seguridad vial, y que la obligatoriedad de la señal luminosa es exclusiva de España frente a otros países europeos.

Además, Vox subraya su compromiso con medidas de seguridad vial contrastadas y eficaces, basadas en estudios técnicos y forenses independientes, capaces de funcionar en condiciones reales de visibilidad y climatología adversa. Incluso la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se ha mostrado crítica con la imposición, defendiendo la complementariedad en lugar de la obligatoriedad.

La iniciativa se plantea ahora como un debate abierto sobre cómo garantizar la seguridad en carretera sin imponer cargas adicionales a familias y empresas españolas, mientras sigue vigente la normativa de la DGT que exige la V-16 en todo el territorio nacional.

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