Montes protectores en Extremadura: cuando la naturaleza lucha contra el fuego

Son fincas privadas que por su valor ambiental, pasan a desempeñar un papel estratégico: sujetar el suelo, regular el agua y, cada vez más, ayudar a frenar el avance del fuego. Se trata de los montes protectores, una figura histórica adaptada al siglo XXI que la Junta reguló en el año 2022 para ordenar su gestión, reforzar su protección y convertirlos en una herramienta activa frente a la erosión, los incendios cada vez más graves y frecuentes o la pérdida de biodiversidad. Todo en el territorio más extenso de España, donde la mayor parte del monte está en manos de particulares.

Extremadura cuenta actualmente con cinco montes protectores, un catálogo aún reducido pero en crecimiento. El último en incorporarse ha sido Coto Sierra, entre los términos municipales de Talaveruela de la Vera y Valverde de la Vera, que ha obtenido recientemente esta catalogación. Con sus 556 hectáreas, este espacio destaca por su valor ambiental y por su papel en la protección del suelo frente a la erosión, así como en la regulación del agua al situarse en cabecera de cuenca.

Además, parte de su superficie está incluida en la Red Natura 2000 y alberga hábitats de interés prioritario. Con esta incorporación, la comunidad suma ya cinco montes protectores junto a los ubicados en Descargamaría, Hoyos, Santibáñez el Alto y Garlitos y Risco. Se consolida así una figura que, aunque aún minoritaria, empieza a ganar presencia en la política forestal.

Control de suelo rústico

La declaración de monte protector no altera la titularidad, pero sí cambia el marco de gestión. El terreno pasa a contar con un régimen de protección específico y una consideración reforzada dentro del suelo rústico, con la necesidad de que cualquier planeamiento que les afecte sea informado por la administración forestal para garantizar su función ambiental. Además, estos montes tienen prioridad para acceder a incentivos públicos destinados a la gestión forestal sostenible.

Los terrenos catalogados como protectores pasan a formar parte de un registro autonómico, conectado a su vez con el registro nacional, lo que introduce un control administrativo más estricto sobre su estado y evolución.

Gestión frente a prohibición

Uno de los pilares de esta figura es que no apuesta por la prohibición, sino por la gestión. Los propietarios están obligados a desarrollar instrumentos técnicos, como proyectos de ordenación o planes de aprovechamiento forestal. Esto permite intervenir sobre el monte: clareos, tratamientos selvícolas, extracción de madera o mejora de la masa forestal. Actuaciones que, lejos de degradar el entorno, buscan hacerlo más resistente. En ese punto aparece su relación directa con los incendios. Un monte gestionado reduce la acumulación de combustible y facilita la labor de extinción, convirtiéndose en una barrera eficaz ante el fuego.

Implicación pública

El decreto regulador abre además la puerta a la implicación directa de la administración. A través de contratos de gestión, la Junta puede ejecutar trabajos forestales en estos montes en colaboración con los propietarios. En la actualidad, la Consejería de Gestión Forestal tiene firmados acuerdos en dos de estos espacios: el del Valle del Árrago, en Descargamaría, y el de Sierra de los Ángeles-La Debra, en Santibáñez el Alto. En ambos casos, se han destinado más de 1,1 millones de euros a actuaciones que han permitido tratar cerca de 115.000 estéreos de madera contra el fuego.