Los nuevos juzgados en Extremadura arrancan con quejas por falta de personal y retrasos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha realizado una encuesta entre empleados públicos de la Administración de Justicia de las localidades afectadas por la tercera fase de implantación de los Tribunales de Instancia, uno de los cambios derivados de la Ley de Eficiencia al servicio público de Justicia. El barómetro interno apunta a un arranque con dificultades. La principal queja de los trabajadores es la falta de personal para asumir el nuevo modelo de organización y repartir de forma equilibrada la carga de trabajo en los servicios judiciales.

CSIF sostiene que esa carencia está afectando al funcionamiento ordinario de las oficinas y a la atención que reciben profesionales y ciudadanos. También reclama criterios comunes de actuación para todos los Tribunales de Instancia, tanto en el ámbito de jueces y magistrados como en el de los letrados.

Formación insuficiente

El sindicato critica además la falta de formadores presenciales y la escasa preparación en nuevas aplicaciones informáticas, entre ellas Atenea. La presidenta del sector de Justicia de CSIF Extremadura, María Soledad Perera, ha defendido que la formación presencial resulta imprescindible, sobre todo para personal de nuevo ingreso e interinos.

"La formación presencial es necesaria y máxime cuando la única formación a compañeros de nuevo ingreso, interinos... queda en manos de compañeros que asumen la 'tutoría' sobre su propio salario y con la presión de los superiores de que además de enseñar tienen que sacar su propio trabajo", ha señalado Perera.

Los empleados públicos consultados también subrayan la falta de comunicación y organización entre servicios. Por ello, el sindicato pide nuevos protocolos, más claros y detallados, y que estos sean negociados con las organizaciones sindicales.

Aplicaciones lentas y retrasos

Otro de los puntos señalados por CSIF es el funcionamiento de las herramientas informáticas. Según el sindicato, las aplicaciones se cuelgan con frecuencia y trabajan con una lentitud que complica la tramitación diaria.

La organización vincula estos problemas con un aumento del estrés entre los funcionarios, que aseguran sentirse sin herramientas suficientes y sin respuestas eficaces. Esa situación, según CSIF, se traduce en sobrecarga de trabajo, retrasos en la tramitación y dificultades para mantener el servicio público de Justicia con normalidad. El sindicato también reclama un catálogo de funciones del personal y que los puestos estén identificados en las relaciones de puestos de trabajo, con las tareas específicas de cada plaza.

La encuesta recoge una preocupación especial por las secciones de Violencia sobre la Mujer. CSIF sostiene que estas unidades se encuentran sobrecargadas y que la celebración continua de juicios rápidos está provocando que los funcionarios superen con frecuencia su horario habitual.

La central sindical advierte de que esta situación dificulta la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores destinados en estos servicios, especialmente sensibles por la naturaleza de los asuntos que tramitan.

Procesos pendientes

CSIF añade a sus críticas la situación de varios procesos selectivos y de movilidad. El sindicato reprocha al Ministerio de Justicia que sigan pendientes cuestiones como la estabilización, la promoción y el turno libre de los años 2023 y 2024, además de concursos de traslados caducados.

"Dicha gestión está siendo nefasta, debería de crearse el registro personal de funcionarios y las unidades administrativas, que están contempladas en la L.O.P.J., reclamación de CSIF desde hace mucho tiempo", ha apuntado la responsable autonómica de Justicia del sindicato.

Con los resultados de esta encuesta, CSIF reclama al Ministerio que atienda las peticiones de los trabajadores para mejorar la organización de las oficinas judiciales y garantizar, según defiende la central, un servicio público eficaz para ciudadanos y profesionales.