Óscar Fernández marca perfil como vicepresidente de Vox: "Se acabó hacer de las ayudas públicas un modo de vida"

Hasta seis veces en un discurso de media hora ha citado Óscar Fernández la "prioridad nacional" que impregnará la acción de la nueva Consejería de Desregulación, Familia y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. El vicepresidente de Vox ha comparecido este miércoles en la Asamblea para presentar las líneas generales de su departamento en esta legislatura y lo ha hecho marcando perfil propio con un mensaje muy definido: menos trabas administrativas, más control de las prestaciones sociales y fin de las ayudas públicas convertidas "en modo de vida".

"Frente a la burocracia, agilidad; frente al despilfarro, control absoluto; frente al fraude, justicia. Mientras Vox esté al frente de ello, así será", ha asegurado Fernández. El vicepresidente ha defendido una administración "más rápida, mejor y sencilla" para el ciudadano, pero también "muchísimo más exigente con el dinero público". Bajo esa premisa, ha situado la desregulación, la fiscalización del gasto improductivo y la revisión del acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones sociales como los ejes de su departamento.

Mejorar las normas

"No venimos a crear una estructura más. No venimos a añadir burocracia a la burocracia. Esta consejería nace precisamente para lo contrario", ha señalado. Fernández ha explicado que desregular no significa ausencia de normas, sino "mejorarlas", eliminar duplicidades y hacer que los procedimientos sean más claros. Según ha explicado, esta política será transversal a toda la Junta y no se limitará a las áreas gestionadas por Vox.

El concepto central de la comparecencia ha sido la prioridad nacional, que se aplicará al acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas: deberán asignarse de forma preferente a quienes acrediten un arraigo real, duradero y verificable en Extremadura. "Se lo voy a resumir muy fácil: para esta Administración, los extremeños y los españoles primero", ha dicho.

El vicepresidente ha citado como criterios el empadronamiento, la vinculación con el territorio, la trayectoria de cotización, la permanencia y la contribución al sistema. También ha advertido de que las personas en situación irregular no accederán a prestaciones y servicios sociales estructurales, salvo en supuestos de urgencia vital. A su juicio, no se trata de insolidaridad, sino de "justicia y sentido común". "No hay política social seria si no hay control y no hay justicia social si el fraude queda impune", ha defendido.

Una unidad contra el fraude

Una de las medidas más concretas anunciadas por Fernández ha sido la creación de una unidad extremeña de verificación del fraude prestacional, del padrón y de la residencia efectiva. Según ha explicado, tendrá como finalidad detectar empadronamientos ficticios, verificar la residencia, coordinarse con los ayuntamientos y actuar contra el fraude en las ayudas públicas.

El vicepresidente ha vinculado esta medida con el acceso a recursos sociales, vivienda protegida y prestaciones. Ha asegurado que cuando alguien accede indebidamente a esos recursos está desplazando a otra persona o familia con derecho a recibirlos. "Vamos con todo contra quienes se aprovechan del sistema, con todo", ha advertido.

La unidad también tendrá, según ha avanzado, un papel activo en la identificación de redes organizadas relacionadas con la sobreocupación de viviendas o los denominados "pisos patera". Fernández ha insistido en que su departamento no va a "mirar para otro lado" ante los abusos y ha defendido unos servicios sociales "más justos, más ordenados y más eficaces".

Auditorías y recorte de subvenciones

El control de las ayudas se completará con auditorías "exhaustivas y periódicas" de los recursos públicos para identificar y eliminar cualquier gasto que el Ejecutivo considere improductivo o carente de justificación. Fernández ha recordado además que el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox incluye la reducción del 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales.

El vicepresidente ha endurecido el tono al referirse a las subvenciones que, según ha dicho, han servido para mantener estructuras clientelares. "Cada euro que se malgasta es un euro que no llega a una familia o a alguien que lo necesita, un dependiente o un mayor", ha afirmado.

También ha situado bajo ese criterio la cooperación internacional al desarrollo. Fernández ha indicado que el acuerdo de Gobierno establece la reducción "al mínimo" de estas subvenciones y ha defendido que las necesidades de los pueblos y ciudades extremeñas deben atenderse antes de que "ni un solo euro se vaya fuera de Extremadura".

Críticas de la oposición

La oposición ha acusado a Fernández de no haber respondido a las preguntas planteadas en comisión y de haber actuado más como portavoz de Vox que como vicepresidente de la Junta. La diputada socialista Soraya Vega ha tildado la comparecencia de "vergüenza" y ha criticado que el consejero no haya aclarado qué significa la desregulación ni qué consecuencias prácticas tendrá sobre los servicios públicos.

A su juicio, el discurso de Fernández deja dudas sobre si esa línea supondrá "privatizar, recortar o debilitar" los servicios dirigidos a las personas más vulnerables. En declaraciones recogidas por Efe, Vega ha cuestionado además la aplicación de la "prioridad nacional" en ámbitos como las emergencias sociales o la protección a la infancia y ha advertido de que el PSOE fiscalizará la gestión del Ejecutivo para impedir que se cumpla un pacto que ha definido como "ilegal, inhumano e injusto".

También Unidas por Extremadura ha cargado contra la intervención del vicepresidente. Su diputado José Antonio González Frutos ha asegurado haberse sentido "estupefacto" y ha sostenido que Fernández ha dado la sensación de desconocer las competencias de su departamento, al limitarse, según ha dicho, a aplicar el acuerdo de Gobierno "como si fuera el portavoz de Vox". González Frutos ha reprochado al consejero no haber abordado la situación de los servicios sociales, el sistema de protección a la infancia o las políticas de juventud, y se ha referido a la "prioridad nacional" como una "cortina de humo" para utilizar a las personas migrantes como "chivo expiatorio" y evitar hablar de los problemas reales de Extremadura.

Defensa del PP y Vox

Frente a esas críticas, la diputada popular Teresa Tortonda ha defendido que la intervención del consejero ha fijado dos líneas principales: la desregulación, orientada a conseguir "una administración mucho más ágil y mucho más cercana a los ciudadanos", y las políticas sociales. Ha asegurado que estas últimas "no van a tener ningún recorte" y ha vinculado el criterio del arraigo en las ayudas con planteamientos que, según ha señalado, ya habían sido utilizados por las políticas socialistas.