Pepe Álvarez (UGT) denuncia en Mérida el “abuso indecente” de los contratos a tiempo parcial

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido este miércoles en Mérida la necesidad de introducir cambios en la reforma laboral para corregir prácticas que, a su juicio, siguen alimentando la precariedad en el mercado de trabajo. El líder sindical ha señalado especialmente el uso de los contratos a tiempo parcial y de los periodos de prueba como dos ámbitos en los que considera imprescindible actuar para proteger mejor a las personas trabajadoras.

Críticas al abuso de la jornada parcial

Álvarez ha afirmado que la reforma laboral debe ser revisada en algunos aspectos y ha puesto el foco en las horas complementarias, que, según ha denunciado, se utilizan para presionar a trabajadores y trabajadoras. “Si analizamos la reforma laboral, yo creo que tenemos que introducir alguna reforma”, ha señalado el secretario general de UGT, antes de advertir de que estas horas “están sirviendo sencillamente para poder obligar a los trabajadores y a las trabajadoras a hacer cosas que no querrían”. En sectores como el Comercio, ha añadido, se produce “un abuso absolutamente indecente” de los contratos a tiempo parcial.

El dirigente sindical ha insistido en que “hay que limitar las horas complementarias” y ha cuestionado el funcionamiento actual de este tipo de jornadas. “La jornada a tiempo parcial no es la que debe ser”, ha espetado Álvarez durante su atención a los medios con motivo de su participación en unas jornadas sobre Seguridad Social y Jubilación celebradas en la capital extremeña. UGT considera que este modelo contractual está derivando en situaciones de disponibilidad forzosa que desvirtúan el sentido de la jornada parcial.

Límites a los periodos de prueba

El secretario general de UGT también se ha mostrado partidario de limitar los procesos de prueba en las empresas para evitar que se conviertan en una vía encubierta de temporalidad. Álvarez ha planteado que estos periodos deben tener límites razonables, tanto en su duración como en el número de pruebas que una empresa puede encadenar para cubrir un mismo puesto de trabajo.

“Seguramente que el proceso de prueba para una empresa tiene que tener límites”, ha argumentado Álvarez, quien ha apuntado la posibilidad de reducir su duración o de restringir el número de intentos para un mismo puesto. Según ha explicado, no se puede permitir que una empresa realice “10” o “12” pruebas porque, en la práctica, “el tiempo de prueba se convierta en contrato temporal”. El líder sindical ha vinculado esta situación con los despidos que se producen durante esos periodos y con la necesidad de reforzar las garantías laborales.

Álvarez ha recordado que UGT ya advirtió de que los despidos durante el periodo de prueba podían convertirse en un problema tras la reforma laboral. Por ello, el sindicato acudió al Tribunal de Derechos Sociales de Europa para reclamar que el despido en España tuviera “otras consideraciones”. Según ha subrayado, el coste del despido no debería ser plenamente previsible para el empresario y tendría que valorar factores como la formación, la situación personal o las posibilidades de encontrar otro empleo.

Bajas laborales, no absentismo

Preguntado por las bajas laborales y el absentismo en España, el secretario general de UGT ha criticado que tanto el Gobierno central como la patronal, en su opinión, “no quieren abordar el tema de fondo”. Álvarez ha recordado la propuesta del sindicato de crear un Observatorio que permita conocer las razones por las que se producen las bajas laborales y determinar cuáles pueden reducirse o incluso eliminarse. El dirigente ha reclamado que se hable de bajas laborales y no de absentismo cuando existe una valoración médica que acredita que una persona no está en condiciones de trabajar.

“El nombre no es absentismo, son bajas laborales”, ha apuntado Álvarez, defendiendo que el lenguaje utilizado en este debate no es menor. A su juicio, llamar absentismo a una situación reconocida por un médico contribuye a trasladar una imagen injusta de los trabajadores. UGT sostiene que el debate debe centrarse en las causas reales de las bajas, en las condiciones laborales y en el funcionamiento del sistema sanitario.

El secretario general de UGT ha defendido además que la Inspección de Trabajo debería actuar en aquellas empresas donde se detecte una acumulación significativa de bajas laborales. Álvarez ha planteado que se realice una selección de centros de trabajo para comprobar “en qué condiciones está trabajando la gente” y garantizar que la salud de las personas sea una prioridad real.

Críticas a las listas de espera y a la privatización sanitaria

Álvarez también ha vinculado parte del problema de las bajas médicas con el funcionamiento de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Ha señalado que las listas de espera, especialmente en dolencias esqueléticas y musculares, pueden alargar procesos de incapacidad temporal. En este punto, ha rechazado que la responsabilidad recaiga sobre los trabajadores y ha apuntado directamente a la falta de medios de las administraciones autonómicas.

“Eso no es culpa de los trabajadores, es culpa de la incompetencia de las administraciones, de las comunidades autónomas para poder tener medios suficientes para poder abordarlos”, ha declarado el dirigente sindical. También ha cuestionado si el “proceso de privatización” que, según ha dicho, se está acometiendo en la mayoría de las regiones va “en detrimento” de la atención a los trabajadores. El líder de UGT ha defendido que mejorar la sanidad pública y reducir las listas de espera puede ayudar a acortar determinadas bajas laborales.

Finalmente, Álvarez ha rechazado la “campaña de culpabilización” de los trabajadores por las bajas médicas y ha reclamado soluciones concretas, también en materia de salud mental. En este sentido, ha defendido que la atención primaria cuente con psicólogos que puedan proponer terapias sin que siempre sea necesaria una baja médica. “Eso se tiene que acabar”, ha dicho Álvarez sobre la culpabilización de los trabajadores, antes de reclamar diagnósticos rigurosos y medidas basadas en las causas reales del problema.