Extremadura recibirá 210 millones del plan de vivienda, pero la Junta critica que tendrá que poner 84

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 movilizará 210 millones de euros para Extremadura con el objetivo de ampliar el parque público, rehabilitar viviendas y reforzar las ayudas a colectivos con más dificultades. El reparto ha sido aprobado este jueves en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, presidida por la ministra Isabel Rodríguez, y permitirá a la región recibir una primera asignación de 24 millones de euros en 2026. La Junta, sin embargo, advierte de que ese volumen de fondos obligará a la comunidad a aportar 84 millones de euros hasta 2030.

El Ministerio de Vivienda sostiene que el nuevo plan supone un "acuerdo de país" y destaca que ha sido aceptado por todas las comunidades autónomas. Isabel Rodríguez ha subrayado que "distintas administraciones de distinto color político" se han puesto de acuerdo para dar respuesta a uno de los principales problemas de la ciudadanía.

El plan movilizará 7.000 millones de euros en toda España, triplica los fondos del programa anterior y se estructura en tres grandes bloques: construcción, rehabilitación y protección. Al menos el 40% de los fondos se dedicará a construcción y adquisición de vivienda; el 30%, a rehabilitación; y el 30% restante, a ayudas y protección de colectivos y territorios con más dificultades.

Más construcción, rehabilitación y protección

Entre las medidas previstas figuran ayudas de hasta 85.000 euros por vivienda para nuevas promociones públicas o protegidas, incentivos adicionales para construcción industrializada, ayudas para rehabilitación, movilización de vivienda vacía y apoyo al alquiler joven.

El plan también contempla ayudas de hasta 15.000 euros para jóvenes que compren o construyan su primera vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes, ampliables a localidades de hasta 20.000 cuando pierdan población. Además, incorpora como novedad que las viviendas construidas o adquiridas con estos fondos queden protegidas de forma indefinida, con el objetivo de evitar que puedan privatizarse o salir del parque público.

La crítica de la Junta

La Junta de Extremadura ha advertido de que la comunidad tendrá que aportar 84 millones de euros al plan, ya que el modelo obliga a las autonomías a financiar el 40% de la cantidad asignada. En el caso extremeño, eso equivale a 21 millones al año entre 2027 y 2030.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, ha criticado que el Ministerio exija a Extremadura "multiplicar su aportación por siete respecto al plan anterior", mientras que el Gobierno de España, según ha señalado, la multiplica por 2,9. A su juicio, el plan estatal "no tiene en cuenta la realidad demográfica y socioeconómica extremeña ni atiende las necesidades del mundo rural".

El Gobierno aprueba este martes, con varios meses de retraso, el nuevo plan estatal de vivienda

Ramírez ha mostrado su disconformidad con un plan que, según ha afirmado, "no ofrece soluciones reales a los ciudadanos", sino que pretende imponer desde el Gobierno de España "su agenda ideológica de cómo deben gestionarse las políticas de vivienda en todo el país".

Sin consenso, según Extremadura

El consejero ha lamentado además que el documento "llegue tarde", que no haya sido consensuado con las comunidades autónomas y que, según ha indicado, ni siquiera atienda las principales reivindicaciones planteadas al borrador. También ha criticado que el Ministerio remitiera ese borrador por correo electrónico "el día antes de que saliera a exposición pública".

"En lugar de preocuparse por solucionar un problema nacional, el plan prioriza la rentabilidad electoral y la confrontación entre las comunidades autónomas", ha señalado Ramírez.

La Junta considera además que el plan "invade competencias autonómicas" al condicionar algunas líneas de ayuda a cambios normativos en el ordenamiento jurídico regional. Por ello, el Ejecutivo extremeño se reserva la posibilidad de presentar los recursos que considere pertinentes.

El choque de fondo

El reparto territorial deja para Extremadura una asignación global de 210 millones de euros, 154 millones más que en el plan anterior. Para el Gobierno central, esta financiación permitirá desplegar nuevas políticas públicas de vivienda durante el periodo 2026-2030 y reforzar la protección del acceso a la vivienda. Para la Junta, en cambio, el incremento de fondos llega acompañado de una exigencia económica mucho mayor para la comunidad, y lo considera un modelo impuesto, costoso y alejado de la realidad rural del territorio.