"La regularización es una medida de responsabilidad política, ética y social"

Desde Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz se está prestando asesoramiento jurídico y orientando a quienes quieren beneficiarse del proceso extraordinario de regularización para personas migrantes que estará abierto hasta el próximo 30 de junio.

¿Cuál está siendo el papel de entidades como Cáritas en este proceso de regularización?

En el caso de Cáritas, el servicio que nosotros prestamos es de orientación jurídica y de acompañamiento para los participantes que están dentro de nuestros recursos y programas. Para el resto de personas que nos han llegado a través de las Cáritas parroquiales, hemos realizado la acogida y también les hemos orientado sobre dónde deben acudir para realizar la regularización o para que les provean del informe de vulnerabilidad que en muchos casos necesitan. En definitiva, orientamos en todo lo necesario en este proceso.

¿Están atendiendo muchas peticiones de información?

Este año sí que hemos orientado a bastantes personas. También ya antes de que se abriese este proceso, para regularizarse a través de las figuras de los conocidos arraigos, y ahora a través de esta regularización extraordinaria.

Perfiles

¿Cuáles son los perfiles más habituales de solicitantes?

En Extremadura a menudo son personas que han llegado desde otras zonas de España, como Madrid, o desde Portugal y que vienen en busca de obtener una estabilidad laboral y social. Por lo demás, es una realidad diversa, a veces son chicos solos, pero también familias o parejas que vienen con sus hijos.

¿Cuáles son las principales dudas que les plantean?

La problemática que más se nos ha dado es la relacionada con los empadronamientos colectivos. Sabemos que en muchas ocasiones afrontan dificultades a la hora de empadronarse donde residen, en los sitios en los que han alquilado una casa, habitaciones individuales o han compartido pisos con otras personas. Ese empadronamiento les da la posibilidad de acreditar que han llegado a España antes de la fecha que se establece en la nueva normativa, que es el 1 de enero del 26, y que luego han tenido una permanencia continuada de al menos los 5 meses. La otra problemática principal es la que tiene relación con los antecedentes penales, la de cómo obtener el documento con el que se certifica que no los hay, que no se ha cometido ningún tipo delictivo ni en su país de origen, ni en el lugar donde hayan residido durante los últimos 5 años, ni aquí en España. Ese requisito es fundamental para que puedan solicitar la regularización, porque la mayoría de las personas que hemos atendido no tienen antecedentes penales ni en su país de origen ni aquí.

¿Qué documentos se están aportando para acreditar la permanencia durante los últimos cinco meses en España?

La prueba por antonomasia es el empadronamiento. Si carecemos de este documento, tal como recoge la norma, hay que aportar documentos válidos en derecho. ¿Y esto cómo se acredita? Pues a través de citas médicas, transferencias bancarias, de las escolarizaciones de los menores, incluso bonos del autobús que sean nominativos. Documentos válidos y, a ser por posible, públicos que prueben esa permanencia continuada durante ese periodo antes de presentar la solicitud.

Informe de vulnerabilidad

¿Qué es el informe de vulnerabilidad y en qué casos es necesario?

Ya por el hecho de encontrarse en una situación administrativa irregular se considera que la persona está dentro de una situación de vulnerabilidad. No obstante, también se analizan otras cuestiones del entorno, como el hecho de que haya menores en la familia, de que se tenga dificultad para el acceso a un empleo o a cuestiones básicas para el día a día. El certificado de vulnerabilidad se emite a través de las entidades colaboradoras y de los servicios sociales, cuya contribución es fundamental también en el apoyo a todas las personas que están solicitando la regularización. Nosotros no lo emitimos, pero orientamos y damos información para que sepan dónde pueden solicitarlo. Les facilitamos el camino.

Un año

La autorización inicial es de un año. ¿Qué ocurrirá después con quien obtenga una resolución favorable?

Después de este año puede solicitar la modificación de este tipo de autorización, si se cumplen los requisitos, al igual que ocurre con el resto de arraigos, o pedir una prórroga.

¿Y qué pasa con quienes presentan la petición, pero les es denegada?, ¿hay riesgo de expulsión?

Los riesgos de expulsión son inherentes a cualquier persona que esté en situación administrativa irregular, pero no por el hecho de que obtengamos una resolución denegatoria directamente hay una orden de expulsión. No, para esto se tiene que iniciar un proceso desde la administración, en el que también se le da una fase de alegaciones a la persona afectada.

¿Pero cree que puede haber personas que no soliciten la regularización por temor a las consecuencias de la denegación?

Si se cumple con los requisitos, no tiene que haber miedo a solicitar la regularización. El ‘no’ ya lo tienen, ya se encuentran en una situación de desventaja y de vulnerabilidad. Esta es una oportunidad muy buena para las personas que están en situación irregular, pero también para el común de los ciudadanos que formamos parte de esta sociedad, para que todos nuestros vecinos y vecinas tengan acceso a los derechos laborales que a todos nos corresponden, a la sanidad, a que tengan empadronamientos en regla o el acceso a una cuenta bancaria.

¿Entiende que este proceso genere desconfianza en parte de la sociedad?

La regularización extraordinaria de personas migrantes es una medida de responsabilidad política, ética y social. En nuestro caso, es una expresión coherente del Evangelio: la acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes constituyen para la Iglesia una exigencia inherente a su misión. Además, no se trata únicamente de una opción pastoral, también es una exigencia en materia de derechos humanos.

Sin cuellos de botella

En cuanto a la tramitación desde el punto de vista administrativo, ¿está siendo ágil o se están produciendo cuellos de botella?

En Badajoz, no estamos encontrando muchas dificultades. En otras comunidades autónomas puede ser que sí porque el flujo migratorio es mayor, pero aquí hasta donde nosotros sabemos por nuestros voluntarios y las personas que acogemos, no está habiendo mayores complejidades ni cuellos de botella.