El valor del cuidado que no se ve: hasta 1.500 millones de euros al año en Extremadura

Si hubiera que abonar salarialmente los algo más de 130 millones de horas de cuidados informales que reciben cada año las personas mayores de 65 años con discapacidad en Extremadura, el gasto en nóminas oscilaría entre 1.122,7 y 1.459,3 millones de euros. Esta es la estimación que se recoge en el informe ‘El derecho al cuidado y la economía de los cuidados en España’, publicado por el Centro Internacional sobre la Longevidad (Cenie), que calcula que reemplazar este 'empleo invisible' por cuidados profesionales equivaldría a generar unos 62.650 puestos de trabajo en la comunidad autónoma.

Aplicando a escala nacional este ‘coste de reemplazo’ (el salario del sustitutivo en el mercado más cercano, es decir, el precio que habría que pagar por una hora de 'cuidados formales'), esta asistencia informal supondría entre el 3,6% y el 4,7% del Producto Interior Bruto (PIB) español. «Esta estimación pone de manifiesto la magnitud económica de un trabajo que permanece mayoritariamente invisible en las cuentas nacionales», apunta el estudio. En todo el país, el valor de estos cuidados se cifra dentro de un rango que va de los 57.348,1 millones de euros a los 74.538,4 millones. Es el montante que haría posible remunerar 6.665,3 millones de horas que se dedican a estas atenciones.

Los cálculos que maneja el informe salen de un abanico de cuatro supuestos distintos que parten de otros tantos salarios de referencia. Dependiendo del escenario que se elija, estas remuneraciones van desde los 8,14 euros por hora hasta los 10,58 euros. La estimación que los autores consideran más adecuada situaría el valor de estas labores en 1.204 millones de euros en Extremadura y en 61.505 millones en España.

«Un pilar central»

«Los cuidados informales siguen siendo un pilar central del sistema de cuidados de larga duración en España», esgrimen los autores de este análisis, que sitúan la proporción de las personas con dependencia reconocida en España que recibe atención de este tipo en más del 95% (en Extremadura es el 91%). Un apoyo que es proporcionado habitualmente por familiares o por trabajadoras del hogar. «Es decir, el sistema formal actúa, en muchos casos, como complemento y no como sustituto del cuidado familiar, con profundas implicaciones económicas y sociales», se apostilla.

Otro de los aspectos en los que se incide es el alto grado de feminización de estos cuidados. Sumadas hijas y parejas femeninas, suponen más de cuatro de cada diez (41,2%) de las personas cuidadoras principales. Una cifra que queda claramente por encima de lo que representan los hijos y las parejas masculinas, que es del 25,8%.

Esta informalidad «no solo tiene efectos negativos sobre los derechos laborales de las trabajadoras, y sobre la sobrecarga de trabajo que asumen las cuidadoras familiares, sino también sobre la calidad de los servicios prestados, al quedar estos fuera de la supervisión pública y de los estándares del sistema formal», sostiene este trabajo.

Las ventajas

Por contra, el informe dado a conocer por el Centro Internacional sobre la Longevidad subraya las ventajas que tendría la profesionalización de estas tareas. De un lado, se argumenta que la inversión en cuidados de larga duración supone un motor de impulso económico. «El gasto público asociado al SAAD [Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia] no debe interpretarse únicamente como un coste económico para la sociedad, sino como una inversión con un elevado efecto dinamizador sobre la economía española», se aduce. En este punto se afirma que se trata de un sector que genera notables impactos directos, indirectos e inducidos sobre la producción, el empleo y las rentas. En 2023, se arguye, el gasto inicial de 10.623 millones de euros en prestaciones de dependencia desencadenó un impacto total sobre el PIB de 17.260 millones de euros. «Sectores como el comercio, la hostelería, la construcción, la industria manufacturera, la energía o las actividades profesionales experimentan incrementos significativos de producción como consecuencia del gasto en cuidados», se apostilla en el texto.

Además, como segundo efecto beneficioso se remarca que una porción sustancial del gasto público en cuidados de larga duración retorna a las administraciones públicas mediante impuestos y cotizaciones sociales. En concreto, se estima que por cada euro que las administraciones públicas gastan en cuidados de larga duración, ingresan 49 céntimos.