La oposición reclama alquiler asequible en los pueblos de Extremadura, rutas útiles de transporte rural y que los anuncios se traduzcan en obras

Las reacciones al plan de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para los próximos cuatro años han dejado este viernes un mensaje común entre los grupos de la comisión: los anuncios necesitan ahora plazos, ejecución y medidas concretas. Unidas por Extremadura ha reclamado que la rehabilitación de viviendas sirva también para ampliar el alquiler asequible en los pueblos y que el transporte rural se diseñe escuchando a los municipios; Vox ha advertido de que será "colaborador" pero también "vigilante" con el cumplimiento del pacto de gobierno; y el PSOE ha cuestionado la gestión de la Junta en vivienda, infraestructuras y movilidad durante los últimos tres años.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha presentado en la Asamblea una hoja de ruta que incluye un Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo 2026-2030 dotado con unos 950 millones de euros, la construcción de 3.500 viviendas protegidas, nuevas actuaciones en carreteras, refuerzo del transporte rural y reclamaciones al Estado en materia ferroviaria y viaria. Frente a ese despliegue de medidas, los grupos han puesto el foco en cómo se van a ejecutar, con qué calendario y con qué resultados reales para la ciudadanía.

Alquiler en los pueblos

Unidas por Extremadura ha recibido la comparecencia con cautela. Su portavoz, Alba Soto Hortet, ha valorado las "buenas intenciones" del consejero, pero ha advertido de que "el camino se hace andando" y de que la legislatura deberá demostrar si los compromisos se cumplen.

En vivienda, ha pedido que la rehabilitación no se limite a la compra o recuperación de inmuebles, sino que sirva también para poner casas en alquiler asequible. Ha recordado que en muchos pueblos hay viviendas antiguas en los cascos urbanos que podrían recuperarse, aunque muchas familias no pueden asumir el coste de comprarlas y rehabilitarlas.

El grupo ha reclamado además que la Junta concrete a qué precio se ofrecerán las viviendas protegidas. Según ha planteado, no basta con aumentar el número de viviendas si después los precios quedan fuera del alcance de quienes las necesitan.

Rutas que sirvan a la gente

Unidas por Extremadura ha compartido la idea de que el transporte rural debe entenderse como una cuestión de igualdad, pero ha advertido de que en muchos municipios esa igualdad todavía no se cumple.

La portavoz ha pedido que las rutas de autobús se diseñen preguntando antes a los pueblos, especialmente cuando se trata de conexiones con hospitales, centros escolares, ciudades de referencia y servicios básicos. A su juicio, no se trata solo de poner rutas, sino de que los horarios y recorridos sean útiles para la población.

También ha recogido la expresión utilizada por Ramírez de que la Junta será "martillo pilón" ante el Gobierno central, pero ha avisado de que su grupo ejercerá ese mismo papel con la consejería para exigir que cumpla los compromisos anunciados.

Vox, colaborador pero vigilante

La portavo de Vox, Marta Garrido Moreno, ha enmarcado su intervención en el pacto de gobierno con el PP y ha asegurado que su grupo será "colaborador", pero también "vigilante", para que se ejecute "hasta la última palabra" de lo acordado.

En vivienda, ha defendido varias medidas incluidas en ese pacto, como la reforma de la Lotus, la reducción de impuestos vinculados a la compra, la construcción de al menos 3.500 viviendas, nuevas fórmulas de acceso a vivienda protegida y alquiler social, avales públicos para familias numerosas, deducciones autonómicas en el IRPF e incentivos fiscales para impulsar el alquiler estable y asequible.

El grupo también ha puesto el acento en la necesidad de rehabilitar viviendas para destinarlas al alquiler asequible, una medida que conecta con la falta de oferta residencial en muchos municipios.

Críticas al Estado y a la burocracia

Vox ha responsabilizado al Gobierno central de buena parte del problema de acceso a la vivienda y ha criticado la ley estatal aprobada en 2023. Según ha sostenido, la inseguridad jurídica, la ocupación ilegal, la subida de los costes de construcción, la carga fiscal y la lentitud urbanística han contribuido a encarecer la vivienda y reducir la oferta.

En infraestructuras, ha citado la demora del AVE Madrid-Lisboa, la conversión en autovía de la conexión hacia Ciudad Real y el estado de conservación de carreteras de titularidad estatal. También ha defendido que el acuerdo con el PP debe servir para cambiar una situación que, según ha afirmado, acumula décadas de promesas incumplidas.

El PSOE cuestiona la ejecución

El PSOE ha sido el grupo más crítico con la comparecencia. Su portavoz, Juan Ramón Ferreira Alonso, ha sostenido que la intervención del consejero ha repetido buena parte del discurso de la anterior etapa de la consejería, con críticas al Gobierno de España y pocas propuestas nuevas para Extremadura.

Los socialistas han preguntado a Ramírez si avala la gestión de su antecesor o si llega para "cambiar el rumbo" del departamento. Según han planteado, el consejero no puede presentarse como un responsable sin pasado, porque recibe una consejería gestionada durante los últimos tres años por su propio partido.

El PSOE ha reprochado además que el Ejecutivo regional centre parte del discurso en las reivindicaciones al Estado mientras tiene asuntos propios que resolver, como la situación de los trabajadores de los centros de transporte que, según ha denunciado, llevan meses sin cobrar por un servicio vinculado a la Junta.

Vivienda y fondos estatales

En vivienda, los socialistas han puesto el foco en la ejecución. Han asegurado que, según una respuesta parlamentaria recibida por su grupo, la Junta ha construido 16 viviendas en tres años, pese a los anuncios de miles de viviendas protegidas. También han reprochado una ejecución presupuestaria del 50% en materia de vivienda.

El grupo ha pedido además que la Junta aclare si va a utilizar los 210 millones de euros del plan estatal de vivienda destinados a Extremadura o si mantendrá su rechazo político a ese marco. A su juicio, la comunidad no puede desaprovechar fondos dirigidos a aumentar el parque público de vivienda en un momento de dificultad para acceder a una casa.

Los socialistas también han criticado algunas prioridades del Ejecutivo autonómico, como la oficina de atención a víctimas de ocupación ilegal, de la que han afirmado que ha atendido 14 consultas en más de un año. Para el PSOE, ese dato demuestra que la Junta ha puesto el foco en un problema menor frente a las dificultades reales de muchas familias para comprar o alquilar.

Infraestructuras y movilidad

En infraestructuras, el PSOE ha ofrecido colaboración para reclamar al Estado calendarios, inversiones y ejecución, pero ha recordado que su grupo ya propuso en la legislatura pasada un pacto por la movilidad y que PP y Vox votaron en contra.

Los socialistas han acusado al Gobierno autonómico de no haber construido ningún kilómetro de autovía en tres años y han cuestionado que vuelva a anunciar medidas ya comprometidas, como una nueva ley de carreteras o un nuevo mapa de concesiones de transporte.

También han reprochado la gestión de la EX-A1 y el convenio necesario con Portugal para el puente internacional sobre el río Erjas. Según el PSOE, la Junta conocía desde hace más de dos años la necesidad de ese acuerdo y no lo solicitó hasta febrero de 2026, por lo que considera que no puede exigir ahora al Gobierno central que resuelva en semanas lo que, a su juicio, la Administración autonómica no impulsó antes.