Vivienda insta a Extremadura a cerrar 380 pisos turísticos ilegales

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha instado a la Junta de Extremadura a actuar contra los 380 pisos turísticos ilegales detectados en la región por el Registro de la Propiedad durante este año. La petición ha llegado después de que el Tribunal Supremo haya anulado el Registro Único de Arrendamientos de corta duración al considerar que el Estado carece de competencias para establecer esa regulación.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha remitido una carta a las comunidades autónomas en la que ha señalado que acata la sentencia, "como no podría ser de otra forma". En el caso de Extremadura, ha trasladado que a partir de ahora corresponde a la Junta llevar a cabo la inspección, sanción y clausura de esas viviendas turísticas ilegales.

Viviendas fuera del mercado residencial

En la carta, el ministerio ha advertido de que esos más de 380 alojamientos en situación irregular podrían estar sirviendo para incrementar la oferta de vivienda asequible, "en lugar de expulsar a los extremeños y extremeñas de sus barrios o de sus ciudades".

Rodríguez ha sostenido que alcanzar estos datos en menos de un año demuestra "por la vía de los hechos" que la labor realizada por el Gobierno autonómico en esta materia, que es de su competencia, ha sido "insuficiente, cuando no inexistente".

La ministra ha calificado además de "incoherente e incomprensible" defender la necesidad de construir más vivienda para aumentar la oferta y reducir los precios y, al mismo tiempo, permitir que 380 viviendas se encuentren en situación de fraude e ilegalidad a través de los alquileres de corta duración.

Tras el fallo del Supremo

El Supremo acordó el pasado 21 de mayo la nulidad del procedimiento de registro único de arrendamientos de corta duración, que afectaba a viviendas turísticas, de temporada o por habitaciones que quisieran publicitarse en plataformas digitales.

El alto tribunal entendió que el Estado no tenía competencia para establecer una regulación "exhaustiva" en esta materia. Vivienda ha defendido, por su parte, que su implicación respondía al cumplimiento del reglamento europeo y a la necesidad de actuar con rapidez ante la emergencia habitacional y la salida masiva de viviendas del mercado residencial hacia el turístico.

Vigilancia a las autonomías

El ministerio ha comunicado a las comunidades que estará "muy vigilante" para comprobar que se adoptan las medidas necesarias contra este fraude y para garantizar que no se vulnere el derecho a la vivienda de la ciudadanía.

Según los datos recogidos en las cartas, Andalucía acumula 27.000 viviendas turísticas ilegales, Madrid suma 25.000 entre turísticas y de temporada, la Comunidad Valenciana alcanza 15.000, Canarias registra 14.200, Galicia cuenta con 4.500, Murcia con 2.400, Castilla y León con 1.750, Cantabria con 1.700, Aragón con 1.180, Extremadura con 380 y La Rioja con 367.