Golpe a una red ilegal de productos de vapeo que vendía en Extremadura artículos sin licencia

Productos de vapeo elaborados sin licencia ni trazabilidad sanitaria se vendían en establecimientos de Extremadura y de otras siete comunidades autónomas dentro de una red ilegal que ha sido desmantelada por la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en el marco de la operación Tonogra. La actuación ha permitido detener a tres personas e investigar a cuatro empresas como presuntas responsables de delitos contra la salud pública, contra la hacienda pública y por pertenencia a grupo criminal.

Según han informado desde la Benemérita, los agentes han intervenido 8.000 envases con líquidos para cigarrillos electrónicos ya preparados para su comercialización, así como materias primas destinadas a la elaboración de recargas y diverso material relacionado con esta actividad. Todo ello ha sido valorado en casi 890.000 euros y ha quedado a disposición de la autoridad judicial.

La investigación

La investigación se inició el pasado mes de noviembre, después de que los agentes tuvieran conocimiento de la posible existencia de una nave dedicada a la mezcla y almacenamiento de productos de vapeo que carecería de los permisos y autorizaciones necesarios para desarrollar la actividad.

Tras varios meses de pesquisas, a principios de marzo se llevó a cabo la entrada y registro de una nave situada en la localidad de Peligros, en Granada. También se practicaron registros en el domicilio de los detenidos, en Alhendín, y en un establecimiento abierto al público en la capital granadina vinculado a los integrantes del grupo investigado.

De forma simultánea, se realizaron inspecciones coordinadas en 170 establecimientos de ocho comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y la Comunidad Valenciana. En estos puntos de venta se comercializaban productos procedentes de las empresas investigadas.

Según la información difundida por la Guardia Civil, los productos intervenidos carecían de trazabilidad sanitaria y de los registros y licencias obligatorios para su elaboración y venta. La falta de trazabilidad implica que las autoridades no pueden comprobar con garantías el origen de los líquidos, su composición exacta ni las condiciones en las que fueron elaborados, almacenados y distribuidos.

Uso en los jóvenes

Este aspecto cobra especial relevancia al tratarse de productos destinados a ser inhalados por los consumidores. Además, la operación se produce en un contexto de creciente preocupación sanitaria por el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Sanidad incluye estos dispositivos dentro del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, que busca reducir el consumo de tabaco y productos relacionados y limitar la exposición a sus emisiones.

Los datos de la encuesta ESTUDES 2025 reflejan que el uso de cigarrillos electrónicos sigue siendo elevado entre los estudiantes de 14 a 18 años, aunque ha descendido respecto a la edición anterior. La edad media de inicio se sitúa en los 14,8 años, lo que refuerza la preocupación de las autoridades sanitarias por el acceso de menores y jóvenes a este tipo de productos.

Cabe destacar que a los tres detenidos también se les atribuye un presunto incumplimiento de las obligaciones tributarias vinculadas a esta actividad. En concreto, la investigación se dirige contra la elaboración y distribución de productos de vapeo sin los controles administrativos, fiscales y sanitarios exigidos.

Operación pionera

La Guardia Civil ha destacado que se trata de una operación pionera, al ser la primera actuación de estas características sobre este tipo de industria. La investigación ha sido desarrollada por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Granada, junto con la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en la provincia, y ha contado con la colaboración de la Unidad Central de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras.

En el operativo también han participado la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, el Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en Andalucía, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Granada y el Departamento de Industria de la Delegación Territorial de Granada de la Consejería de Industria, Energía y Minas.

La operación se enmarca en los controles sobre la fabricación y comercialización de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina, un sector en crecimiento y sometido a una estricta regulación administrativa por sus posibles efectos sobre la salud pública y la protección de los consumidores.

Las penas

En el caso de los delitos contra la salud pública relacionados con la elaboración o comercialización no autorizada de productos que puedan suponer un riesgo para los consumidores, el Código Penal contempla penas que pueden ir de seis meses a tres años de cárcel, además de multa e inhabilitación. En determinados supuestos de puesta en peligro de la salud de los consumidores, las penas pueden alcanzar los cuatro años.

A ello se sumarían las posibles responsabilidades por delito contra la Hacienda Pública, que pueden llegar a cinco años de prisión con carácter general y hasta seis en los casos agravados, así como las penas previstas por pertenencia a grupo criminal, que varían según la finalidad del grupo, ya que pueden ir de tres meses a un año, seis meses a dos años o hasta dos a cuatro años de prisión en los supuestos más graves.