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Diagnóstico sobre desigualdad

La pobreza energética señala a Extremadura: uno de cada cuatro extremeños no climatiza su casa

Un informe de la UE incluye a la región entre las cinco comunidades con mayor vulnerabilidad por renta, vivienda deficiente y peso de la factura, que supone el 23,27% de los ingresos que perciben los hogares

Una mujer prepara la comida en una cocina de gas portátil.

Una mujer prepara la comida en una cocina de gas portátil. / Silvia Sánchez

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Mérida

Extremadura aparece de nuevo en una estadística europea que habla de desigualdad, pero esta vez ligada a algo tan cotidiano como encender la calefacción, pagar la luz o soportar un verano extremo en una vivienda mal aislada. Un informe del Centro de Asesoramiento sobre Pobreza Energética de la Unión Europea sitúa a la comunidad entre las regiones españolas con mayor vulnerabilidad potencial a la pobreza energética severa, junto a Canarias, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana.

El documento, elaborado por el Energy Poverty Advisory Hub (EPAH), no tiene como objetivo señalar cuántos hogares viven exactamente en pobreza energética, sino identificar los territorios donde el riesgo es más alto y donde deberían concentrarse las políticas públicas, la asistencia técnica y la financiación. El análisis se realizó en el último trimestre del año 2025, con datos principalmente de 2023, y combina indicadores estadísticos comparables con la valoración de expertos nacionales.

Regiones de España con mayor vulnerabilidad a la pobreza energética.

Regiones de España con mayor vulnerabilidad a la pobreza energética. / EL PERIÓDICO

En el caso extremeño, el informe vincula la vulnerabilidad a una combinación de factores que se refuerzan entre sí. La región aparece en el puesto 19 de la lista europea elaborada a partir del análisis cuantitativo, dentro del grupo de comunidades españolas señaladas por Bruselas. Entre los indicadores utilizados, Extremadura registra un 25,1% de población que declara no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada, un dato especialmente significativo en un territorio donde el problema energético no se limita al invierno.

La presión económica sobre los hogares completa esa fotografía. El estudio recoge que el 32,8% de la población extremeña está en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que un 13,5% acumula retrasos en pagos vinculados a la vivienda o los suministros. A ello se suma que el gasto energético representa el 23,27% de los ingresos de los hogares, una proporción elevada en una comunidad marcada por bajos niveles de renta, viviendas antiguas o poco eficientes y veranos extremadamente calurosos que incrementan la necesidad de refrigeración.

Cuatro indicadores

La metodología europea se apoya en cuatro indicadores: la incapacidad para mantener la vivienda suficientemente caliente, la población en riesgo de pobreza o exclusión social, los retrasos en pagos de hipoteca, alquiler, facturas o compras a plazos, y la sobrecarga del coste de la vivienda. A ellos se suman criterios climáticos, como los días de refrigeración, y territoriales, como las zonas incluidas en el Fondo de Transición Justa.

España cuenta con 19 regiones NUTS 2, la escala territorial utilizada por Bruselas para este diagnóstico. Cinco de ellas fueron identificadas en la evaluación cuantitativa como vulnerables: Canarias, Andalucía, Murcia, Extremadura y la Comunidad Valenciana. Posteriormente, la evaluación cualitativa añadió Castilla-La Mancha y Castilla y León, tras la revisión de la Antena Nacional de EPAH en España, Ecoserveis.

El documento destaca que en la pobreza energética también influyen la calidad de la vivienda, el aislamiento, el tipo de calefacción o refrigeración disponible, el precio de la energía, la situación laboral de las familias y el lugar donde se vive. En territorios rurales o dispersos, como buena parte de Extremadura, la dificultad puede agravarse por la edad del parque residencial, la menor renta disponible y la dependencia de sistemas de climatización poco eficientes.

La lectura regional es especialmente relevante porque los promedios nacionales suelen ocultar diferencias internas. Una comunidad puede no aparecer en los peores datos estatales y, sin embargo, acumular zonas o colectivos con una elevada exposición a la pobreza energética. EPAH defiende precisamente este enfoque territorial para que las respuestas no se diseñen solo desde una fotografía general del país, sino atendiendo a la realidad concreta de cada región.

En Extremadura, esa realidad se refleja en hogares que destinan buena parte de su renta a cubrir necesidades energéticas. El problema ya no se limita al invierno, ya que los episodios de calor extremo convierten la refrigeración en una necesidad, especialmente para mayores, niños y familias que viven en viviendas mal aisladas. El informe sitúa así a la comunidad ante una vulnerabilidad social y climática marcada por las rentas bajas, la dispersión territorial y un parque residencial envejecido.

Ayudas autónomicas y estatales

  • El bono social eléctrico es el descuento estatal en la factura de la luz para consumidores vulnerables. En 2026, el descuento excepcional es del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para severos. Debe solicitarse ante una comercializadora de referencia y exige estar en el mercado regulado energético.
  • El Bono Social Térmico es una ayuda estatal destinada a compensar los gastos energéticos asociados a la calefacción, el agua caliente y la cocina en los hogares vulnerables. Se concede de forma automática a las personas que eran beneficiarias del Bono Social Eléctrico a 31 de diciembre del año anterior, sin necesidad de presentar solicitud
  • El Programa de Colaboración Económica Municipal para Suministros Mínimos Vitales es una ayuda de la Junta de Extremadura, canalizada a través de los ayuntamientos, para garantizar el pago de suministros básicos en la vivienda habitual de personas vulnerables.
  • La Junta de Extremadura, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura y Endesa mantienen un convenio para facilitar el pago de deudas y evitar la suspensión del suministro eléctrico, también gas natural, en viviendas habituales de personas vulnerables.
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