Junta y sindicatos activan cinco grupos para mejorar las condiciones de 50.000 empleados públicos

La Junta de Extremadura y los sindicatos han activado cinco grupos de trabajo para avanzar en la mejora de las condiciones laborales, sociales y económicas de los empleados públicos de la administración autonómica. La medida ha sido acordada este lunes en la Mesa General de Negociación, presidida en Mérida por la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, y afectará a una plantilla de unos 50.000 trabajadores.

Los grupos abordarán las principales reivindicaciones de los empleados públicos en materia de retribuciones, empleo público, condiciones laborales, conciliación personal y laboral y servicios sociales. Entre los asuntos que previsiblemente llegarán a la negociación figura la equiparación salarial con la media del resto de comunidades autónomas, una demanda recurrente de las organizaciones sindicales.

Reglamento interno

La reunión también ha servido para aprobar por primera vez un reglamento de funcionamiento de la Mesa General de Negociación, el máximo órgano de diálogo del Ejecutivo autonómico con los representantes de sus empleados públicos. Hasta ahora, este foro no contaba con una norma propia que regulara su composición, el régimen de convocatorias o los asuntos que debían tratarse en él.

La consejera ha mostrado su "satisfacción" por los acuerdos alcanzados y ha destacado que el reglamento es fruto del consenso entre la administración y los agentes sociales. Según ha explicado, el texto inicial elaborado por la consejería ha incorporado distintas aportaciones planteadas por los sindicatos hasta cerrar una norma que regulará el funcionamiento de este ámbito de negociación.

El nuevo reglamento fija un mínimo de dos reuniones al año, frente a la única convocatoria anual que se venía celebrando hasta ahora, aunque Manzano ha precisado que podrán convocarse todas las mesas que sean necesarias. También se reforzará la representación de los tres grandes ámbitos de la administración autonómica: administración general, sanidad y educación no universitaria.

Manzano ha defendido que el objetivo es hacer más operativo el diálogo con los sindicatos y avanzar en acuerdos que mejoren la situación de los empleados públicos. "Resulta fundamental sentarse, ver exactamente cuáles son las propuestas formuladas por los agentes sociales y, sobre todo, llegar a acuerdos que mejoren la vida de esos empleados públicos", ha señalado.

A preguntas de los medios sobre reivindicaciones como la homologación salarial, la consejera ha apuntado a un "compromiso de análisis, de trabajo y de estudio" para que estas cuestiones puedan traducirse en medidas concretas. La próxima reunión de la Mesa General abordará el primer plan de igualdad de la Junta. La Comisión de Igualdad ya ha concluido sus trabajos y resulta una "aberración" que una administración con 50.000 empleados públicos no dispusiera todavía de este documento, pese a tratarse de una exigencia legal.

CSIF

Los sindicatos han valorado de forma positiva el tono de la reunión, aunque han advertido de que los grupos de trabajo deberán servir para alcanzar acuerdos reales. El presidente autonómico de CSIF Extremadura, Benito Román, ha calificado el reglamento como "histórico", pero ha situado el foco en la necesidad de que los nuevos grupos supongan un "punto de inflexión" para los empleados públicos de la Junta.

CSIF ha reclamado que la equiparación salarial alcance a todos los sectores de la administración autonómica: educación, sanidad y administración general. Román ha sostenido que los empleados públicos extremeños están en el "vagón de cola" en condiciones laborales, sociales y económicas respecto al resto del país, por lo que ha pedido que la negociación culmine "cuanto antes" en un gran acuerdo.

El sindicato también ha planteado la necesidad de mejorar las carreras profesionales, incluida la del personal docente no universitario, y de ajustar las plantillas a las necesidades reales de servicios con alta carga de trabajo, como sanidad, educación, centros de 24 horas o técnicos de Educación Infantil. Román ha agradecido la receptividad de la consejera, pero ha advertido de que CSIF estará "muy vigilante" para que las comisiones no sirvan para demorar las soluciones.

UGT

UGT Servicios Públicos Extremadura también se ha mostrado "muy satisfecha" con el desarrollo de la Mesa. Su secretario general, Manuel Fernández Colomo, ha recordado que el reglamento aprobado partía de una propuesta inicial planteada por UGT en el mandato anterior y ha destacado que la administración haya incorporado propuestas sindicales como la creación de comisiones de trabajo para agilizar la negociación.

UGT ha subrayado que la Mesa ha aprobado la creación de una comisión negociadora para desarrollar un nuevo acuerdo sobre las condiciones laborales del conjunto de los empleados públicos de la Junta. Según Fernández Colomo, los cinco grupos recogen las demandas trasladadas por la plantilla durante la campaña de escucha activa desarrollada por el sindicato.

En materia retributiva, UGT llevará a la negociación la igualdad salarial entre los tres sectores de la administración autonómica y la homologación con la media del resto de comunidades. "No somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie", ha afirmado.

CCOO

Desde CCOO Extremadura, el coordinador del área pública, Manuel María Nicolás Molina, ha celebrado que la Mesa General cuente por primera vez con un reglamento que permita ordenar su funcionamiento después de que la actividad ordinaria quedara condicionada por el adelanto electoral.

CCOO ha destacado especialmente la creación de una comisión negociadora para canalizar las reivindicaciones de los empleados públicos de la Junta. Nicolás Molina ha recordado que su sindicato ya planteó el pasado 14 de abril la necesidad de abrir un ámbito de negociación para buscar la equiparación salarial, al considerar que Extremadura está "a la cola del país" en remuneraciones.

El sindicato considera clave que uno de los grupos se centre en las retribuciones, pero también ha señalado la importancia del empleo público. En este ámbito, CCOO plantea ordenar las ofertas públicas de empleo para que los aspirantes puedan planificar mejor su preparación y revisar las bolsas derivadas de las oposiciones, que en ocasiones se agotan con rapidez por ser demasiado restrictivas.