Entidades sociales aseguran que Vox "criminaliza" su labor con migrantes y exigen una rectificación de las políticas extremeñas

Una quincena de organizaciones sociales de Extremadura han suscrito un comunicado dirigido al Gobierno regional, a los grupos parlamentarios y a la sociedad para rechazar la declaración hecha por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, en rueda de prensa el pasado 28 de mayo en la que "criminalizó" el trabajo de la sociedad civil organizada de la región que trabaja en el acompañamiento a la población migrante.

Los firmantes repudian que se use a la población migrante como "excusa justificar recortes" en los presupuestos de la Junta de Extremadura como los destinados a cooperación al desarrollo. "Toda reducción que se haga en materias como los servicios sociales, la defensa a las personas trabajadoras, la cooperación internacional, las políticas de género e igualdad, afectará a todas las personas de la región, no sólo a las personas migrantes en situación irregular, que son precisamente las personas que por prohibición legal no pueden recibir ninguna ayuda", han afirmado.

Estas declaraciones llegan después de que Fernández Calle anunciara la semana pasada un recorte en 10 millones de euros en asociaciones y entidades que "promueven la inmigración ilegal, masiva y descontrolada", y en cooperación. Como presidente del Grupo Parlamentario Vox, valoró el jueves la aprobación en Consejo de Gobierno del anteproyecto de presupuestos para 2026 con el que empieza "un cambio real" en Extremadura y destacó dichas medidas.

Su labor se encuentra amparada por la ley

"Rechazamos la criminalización hecha al trabajo de organizaciones que se dedican al acompañamiento de personas migrantes en la región", han expuesto las asociaciones, que han recordado que su labor se encuentra "amparada por la legislación internacional de los derechos humanos, por la normativa europea y la Constitución española".

"Afirmar que dicha labor está fuera de la ley y que los migrantes en situación irregular son ilegales, constituye un discurso de odio y una falsedad, desconociendo así que estar en situación irregular no es un delito en España, es sólo una situación administrativa que puede ser regularizada por las vías legales. Y es precisamente ese nuestro trabajo: promover que todas las personas, sin importar su origen, tengan los derechos, deberes y libertades públicas que se consagran en la Constitución".

Además, han defendido la política de cooperación internacional para el desarrollo y la educación para la ciudadanía global como "la ventana de Extremadura para el mundo". "Consideramos más digno que Extremadura sea conocida por su solidaridad que por cualquier otro hecho histórico del pasado". De esta forma, han exigido "respeto y rectificación" a las declaraciones y políticas regionales que "no vayan en contra de los derechos humanos, las políticas de igualdad y solidaridad". "Pedimos a la Comunidad de Extremadura que no se dejen llevar por discursos de odio, el Gobierno extremeño no puede usar a la inmigración para justificar políticas que nos perjudican a todas y todos", han concluido.

Las asociaciones

Las asociaciones Ayujara, Migrante Obrera de Extremadura (AMOEX), Fundación Atabal, 25 de marzo, de Solidaridad con Cuba (La Masa), Mujeres Sembrando, Grupo Guadauca, Amnistía Internacional Extremadura, Profesionales Cristianos de Mérida–Badajoz, Hermandad Obrera de Acción Católica, la Coordinadora Extremeña de ONGD, CONGDEX, que agrupa a 52 organizaciones sociales de la región; Fundación Ruy López, CCOO y la plataforma Pro-refugiados de Badajoz suscriben el comunicado. Otros apoyos manifestados, según éstas, a sus palabras han sido los de Izquierda Unida de Extremadura y Comité Central del Partido Comunista.