La Junta niega recortes en el CADEX de Cáceres y asegura que ninguna terapia dejará de prestarse

La continuidad de las terapias que presta el Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (CADEX) de Cáceres ha protagonizado este jueves la sesión de control del pleno de la Asamblea. La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha rechazado las críticas del PSOE por la externalización de determinados servicios y ha asegurado que "ningún usuario va a quedar sin tratamiento" ni verá interrumpida su atención.

La diputada socialista Judit Olivares ha preguntado al Ejecutivo regional por los motivos que justifican la externalización de las terapias que actualmente ofrece el CADEX de Cáceres, un centro que, según ha recordado, lleva décadas prestando atención especializada a personas con diferentes grados de discapacidad. Olivares ha advertido de la "incertidumbre" y la "preocupación" que, a su juicio, están sufriendo muchas familias ante la posibilidad de que se altere la continuidad de los tratamientos.

3.000 firmas por la continuidad terapéutica

La parlamentaria socialista ha sostenido que ha sido la propia Junta la que ha justificado públicamente esta externalización con el argumento de reducir las listas de espera. Sin embargo, ha cuestionado esa explicación al señalar que las entidades especializadas a las que podrían derivarse usuarios también tienen demoras de tres y cuatro meses.

Olivares ha defendido que el objetivo de reducir las listas de espera "nunca puede pasar por ser a costa de las personas que ya tienen reconocido este derecho a una atención continuada y especializada". En este sentido, ha planteado que lo lógico sería reforzar los CADEX, incorporar más profesionales y mejorar tanto el área de servicios como el área de valoración.

La diputada ha apelado además a las 3.000 firmas recogidas para reclamar la continuidad terapéutica en el centro cacereño. "La continuidad terapéutica no es un capricho, no es un privilegio, es una necesidad vital", ha afirmado, antes de advertir de que algunas familias temen que esta externalización pueda suponer "un paso a la privatización de la atención de las personas con discapacidad".

La Junta niega alarma

García Espada ha negado que exista riesgo para los tratamientos actuales y ha acusado al PSOE de generar "alarmismos interesados". "En el CADEX de Cáceres se mantienen todos los tratamientos que se están realizando a día de hoy. Ningún usuario va a quedar sin tratamiento, ninguna familia va a ver interrumpida su atención", ha asegurado la consejera.

La responsable regional de Salud y Atención a la Dependencia ha enmarcado la situación en los problemas heredados por el Gobierno de María Guardiola al llegar a la Junta en julio de 2023. Según ha señalado, el Ejecutivo encontró una situación de "falta de planificación, descoordinación y abandono", con retrasos, expedientes pendientes y un sistema incapaz de responder al nuevo modelo.

Frente a esas críticas, García Espada ha defendido que la Junta ha puesto en marcha el nuevo CADEX en Mérida, ha creado nuevos equipos de valoración, ha incorporado terapeutas ocupacionales y está digitalizando más de 25.000 expedientes que, según ha dicho, permanecían en papel.

La consejera también ha indicado que en 2025 se ha resuelto más de un 40% de lo que se resolvía en 2023 y ha insistido en que el Ejecutivo regional está dando "rigor" y "certeza" a las 6.347 familias afectadas. "Las terapias se siguen prestando, las familias siguen siendo atendidas y nadie pierde ningún derecho", ha concluido.

Choque por el Estatuto Marco

La sesión de control también ha dejado un cruce de reproches por la situación del personal sanitario y la huelga médica contra el Estatuto Marco. García Espada ha responsabilizado al Ministerio de Sanidad de una crisis que, según ha afirmado, ha provocado en Extremadura la cancelación de 246.206 actos médicos.

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha acusado a la consejera de usar el Estatuto Marco como "burladero" para no asumir los problemas de personal que, a su juicio, dependen de la Junta, como el desborde de servicios, el plan de verano, las vacantes en convocatorias públicas o la precariedad laboral.