Proponen trasladar lobos jóvenes del norte a poblaciones aisladas del sur de España

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha propuesto al Ministerio para la Transición Ecológica que estudie el traslado de lobos jóvenes desde la población "densa y creciente" del norte peninsular hacia poblaciones aisladas y genéticamente fragmentadas del sur de España. La iniciativa llega en pleno debate sobre la gestión del lobo ibérico y después de que el censo nacional actualizado en 2025 situara de nuevo a Extremadura en el ámbito de la especie, al contabilizar por primera vez en décadas una manada reproductora compartida vinculada a la comunidad.

La organización agraria ha incluido esta medida en sus alegaciones al informe sexenal 2019-2024 sobre el estado de conservación del lobo ibérico. Según UPA, el traslado de ejemplares jóvenes con capacidad dispersante debería analizarse como un instrumento de gestión, no de caza, y podría mejorar la conectividad genética en zonas donde la especie está amenazada, al tiempo que aliviaría la presión sobre la ganadería extensiva de la zona cantábrica.

UPA sostiene que este tipo de programas cuenta con precedentes europeos en países como Italia y Alemania y que podría servir para equilibrar dos objetivos que hoy aparecen enfrentados en el debate público: la conservación de la especie y la convivencia con las explotaciones ganaderas.

Un censo con 333 manadas

El último censo nacional del lobo, actualizado en 2025, contabilizó 333 manadas en España, 36 más que las 297 inventariadas en 2014. De acuerdo con un rango estimado de entre 4,5 y 6,5 ejemplares por manada, la población censada oscilaría entre 1.300 y 1.900 lobos.

El aumento se ha producido en todas las comunidades ya incluidas en el registro anterior y ha incorporado a Extremadura, donde se ha detectado por primera vez en décadas una manada reproductora compartida. Según ese recuento, hay 296 manadas exclusivas de una comunidad y 37 compartidas por varias autonomías.

Castilla y León encabeza la lista, con 193 manadas, seguida de Galicia, con 93; Asturias, con 45; Cantabria, con 23; La Rioja y Madrid, con cinco cada una; Castilla-La Mancha, con cuatro; País Vasco, con dos manadas compartidas; y Extremadura, con una manada compartida.

Desacuerdo sobre el estado de conservación

El informe sexenal concluye que el estado de conservación de la especie sigue siendo desfavorable en España. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente debe aprobarlo antes de su remisión a la Comisión Europea, que tendría que haberlo recibido antes del 31 de julio de 2025 y abrió un expediente a España por no enviarlo a tiempo.

UPA cuestiona esa conclusión para la región atlántica, que comprende Asturias, Galicia, Cantabria y el norte de Castilla y León. La organización sostiene que los datos censales más recientes reflejan una población creciente en esas zonas, con 50 manadas reproductoras en Asturias, un 11% más que en el periodo 2012-2014; 93 en Galicia, un 10,7% más; y un incremento del 12,1% en el conjunto de España.

La organización agraria considera incoherente que el informe califique el rango de la región atlántica como favorable y la población como creciente, pero concluya de forma global que el estado de conservación es desfavorable. También cuestiona la solidez del análisis de mortalidad del Ministerio, al apoyarse, según UPA, en una muestra de apenas 23 lobos equipados con GPS, el 1,4% de una población estimada en 1.600 o 1.700 ejemplares.

Extremadura, dentro del debate

Extremadura también ha entrado en el pulso político y técnico sobre la gestión del lobo. La comunidad, junto a otras autonomías y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ha remitido una carta a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, en la que defiende el "rigor técnico" de los datos autonómicos y denuncia la "actitud arbitraria" del Gobierno central.

Las comunidades firmantes acusan al Ejecutivo de pretender declarar el estado de conservación de la especie como desfavorable cuando, según sostienen, los datos científicos indican que es favorable en determinados territorios. También critican que el Ministerio haya abierto un trámite que, a su juicio, pone en duda la información recopilada por las autonomías.

En el caso extremeño, el debate tiene un componente añadido por la reciente reaparición de la especie en los registros oficiales. El censo de 2025 no sitúa a Extremadura entre los territorios con grandes poblaciones de lobo, pero sí confirma una presencia reproductora compartida por primera vez en décadas, lo que coloca a la región en el mapa de expansión moderada de la especie.

Ganadería extensiva

UPA reclama al Ministerio que, antes de aprobar el informe, amplíe la justificación metodológica y tenga en cuenta la posición de las comunidades que aprecian sobrepoblación al norte del Duero. También pide que la Comisión Europea pueda valorar todas las dimensiones de la gestión de la especie.

La organización solicita además una valoración específica sobre la suficiencia de los mecanismos de prevención, compensación e indemnización en los territorios de mayor densidad y en los de nueva expansión. En ese punto, reclama que se reconozca explícitamente el papel de la ganadería extensiva en el mantenimiento del hábitat que sostiene la recuperación del lobo, vinculándolo a la viabilidad económica de las explotaciones.

La gestión del lobo vuelve así a situarse en un cruce de intereses entre conservación, expansión territorial, presión ganadera y reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas.

Fuente: El Periódico de Extremadura