De isla protegida a laberinto judicial: qué es Marina Isla de Valdecañas

Marina Isla de Valdecañas no es solo una urbanización de lujo pendiente de derribo. Es, desde hace años, uno de los mayores conflictos urbanísticos y ambientales de Extremadura. El complejo se levanta en una isla de 134,5 hectáreas situada en el embalse de Valdecañas, entre los términos municipales cacereños de El Gordo y Berrocalejo, dentro de un entorno incluido en la Red Natura 2000.

El proyecto fue aprobado por la Junta de Extremadura en abril de 2007 mediante el Decreto 55/2007, que dio luz verde al Proyecto de Interés Regional promovido por Marina Isla de Valdecañas S.A. Aquella decisión permitió la reclasificación y ordenación de los terrenos para levantar el llamado "Complejo turístico, de salud, paisajístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas".

Qué preveía el proyecto

El plan original era mucho más amplio que lo finalmente construido. El decreto de 2007 contemplaba usos hoteleros, turístico-residenciales, terciarios, sanitarios, asistenciales, comerciales, deportivos y de servicios, además de un campo de golf. Los parámetros urbanísticos permitían hasta 600 inmuebles turístico-residenciales, dos hoteles y una edificabilidad máxima de 119.700 metros cuadrados.

Sobre el terreno acabaron levantándose viviendas, un hotel, el campo de golf e instalaciones anexas, además de obras de urbanización y otras estructuras. Esa diferencia entre lo terminado, lo inacabado y lo proyectado ha sido una de las claves del laberinto judicial, porque durante años se discutió si debía demolerse todo o solo aquello que no estuviera concluido y en funcionamiento.

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El origen del conflicto

El problema estaba en el suelo. Los terrenos donde se levantó el complejo estaban incluidos en la Red Natura 2000, una red europea de protección ambiental. El Tribunal Supremo confirmó después que esos suelos tenían la condición de suelo no urbanizable de especial protección, lo que obligaba a excluirlos del desarrollo urbano.

Ahí nace el choque de fondo: la Junta autorizó el resort como Proyecto de Interés Regional, con el argumento del desarrollo turístico y económico, mientras los ecologistas recurrieron al entender que el complejo no podía construirse sobre un espacio protegido. La batalla judicial arrancó prácticamente desde la aprobación del proyecto y ha cumplido ya 19 años desde el decreto de 2007. Si se toma como referencia la primera gran anulación judicial, el caso suma 15 años desde las sentencias de 2011.

Las primeras sentencias

En 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anuló la aprobación del proyecto y ordenó devolver los terrenos a la situación anterior. Es decir, no se limitó a declarar irregular una parte del procedimiento, sino que vinculó la nulidad del proyecto a la reposición de la isla. Esa decisión fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2014, que ratificó la ilegalidad del complejo y la nulidad del decreto que había dado cobertura al PIR.

A partir de ahí empezó otra fase: no ya la discusión sobre si el proyecto era legal o no, sino cómo ejecutar unas sentencias firmes cuando parte del complejo ya estaba construido, vendido y en funcionamiento.

Todo o solo una parte

Durante la fase de ejecución, el TSJEx llegó a plantear una salida intermedia. En 2021, determinó que se demoliera todo lo que estuviera en fase de estructura o no estuviera terminado ni en funcionamiento, pero permitía conservar el hotel, las viviendas, el campo de golf y las instalaciones ya construidas. Esa solución abría la puerta a una demolición parcial.

Pero el Supremo corrigió esa vía en febrero de 2022. La sentencia 162/2022 concluyó que no concurrían causas que justificaran la imposibilidad de ejecutar las sentencias en sus propios términos. La consecuencia fue clara: también debían ser demolidos el hotel, las viviendas, el campo de golf y las instalaciones construidas y en funcionamiento.

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El Constitucional cierra recursos

Después llegaron los recursos de amparo. La Junta, las comunidades de propietarios y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo acudieron al Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo. El Constitucional ha ido rechazando esos recursos: primero el de la Junta, después el de los propietarios y, finalmente, el de los dos ayuntamientos. En noviembre de 2025, el tribunal desestimó también el recurso municipal y dejó reforzada la orden de demolición.

Ese recorrido explica por qué Valdecañas se ha convertido en un caso casi único: el complejo está construido, tiene propietarios y actividad, pero acumula resoluciones firmes que ordenan su derribo y la restauración ambiental de los terrenos.

La última vía: sacar la isla de la ZEPA

El último capítulo ha llegado con el Decreto 180/2025, aprobado por la Junta el pasado 16 de diciembre y publicado en el DOE el 22 de diciembre. La norma ajustaba los límites de 11 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) a las cotas de máximo llenado mediante modelos digitales del terreno, entre ellas la ZEPA Embalse de Valdecañas.

La Junta defendía que se trataba de una corrección cartográfica. Ecologistas en Acción, en cambio, recurrió el decreto al considerar que la modificación excluía la isla de Valdecañas de la ZEPA y podía servir para intentar legalizar lo que los tribunales habían ordenado demoler.

Ahora, el TSJEx acaba de suspender cautelarmente el decreto en lo relativo a Valdecañas. El auto considera que la exclusión de la isla de la ZEPA puede suponer "un atajo" para resolver otros problemas y advierte de que la norma puede hacer "extremadamente difícil" ejecutar las sentencias firmes. Es decir, el tribunal no ha resuelto todavía el fondo del recurso, pero sí ha frenado la principal herramienta normativa que podía alterar el escenario ambiental de la isla.

Casi dos décadas después

Así, Valdecañas nació como un proyecto llamado a ser emblema del turismo de alto nivel en Extremadura y ha acabado convertido en símbolo del choque entre desarrollo urbanístico, protección ambiental y cumplimiento de sentencias firmes.

Han pasado 19 años desde la aprobación del PIR, 15 años desde que el TSJEx anuló el proyecto y más de una década desde que comenzó la ejecución judicial de aquellas sentencias. Mientras tanto, el complejo sigue en pie y operativo. La suspensión cautelar del decreto de la ZEPA no cierra el caso, pero añade una nueva pieza a un laberinto que vuelve siempre al mismo punto: si la isla debe ser restaurada a su estado anterior o si aún queda alguna vía para evitar el derribo total.