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Conflicto medioambiental y urbanístico

La Junta de Extremadura recurrirá el auto que paraliza el cambio de la ZEPA de Valdecañas

El Ejecutivo extremeño defiende que la resolución solo suspende cautelarmente el decreto y sostiene que los nuevos medios cartográficos prueban errores en la delimitación del espacio protegido

Imagen del complejo construido en la isla de Valdecañas.

Imagen del complejo construido en la isla de Valdecañas. / ISLA VALDECAÑAS

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Cáceres

La Junta de Extremadura ha anunciado que recurrirá el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que ha suspendido cautelarmente la eficacia del Decreto 180/2025 en lo relativo a la ZEPA Embalse de Valdecañas, la norma con la que el Ejecutivo autonómico modificó los límites de varios espacios protegidos y que afectaba de lleno al futuro de Marina Isla de Valdecañas.

El Gobierno regional ha manifestado en una nota de prensa su respeto a las decisiones judiciales, pero ha subrayado que la resolución dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo "se limita a acordar la suspensión cautelar de la eficacia de la norma respecto de la ZEPA Embalse de Valdecañas, sin pronunciarse sobre la validez del decreto". La Junta intenta así acotar el alcance del auto, que no resuelve todavía el fondo del procedimiento, aunque deja paralizado uno de los movimientos clave del Ejecutivo para modificar el escenario ambiental del complejo.

El decreto, según ha defendido la Administración autonómica, tiene como finalidad ajustar los límites de varias Zonas de Especial Protección para las Aves en Extremadura mediante el empleo de cartografía digital y tecnología "más precisas". El objetivo, ha añadido, es "corregir imprecisiones cartográficas derivadas de delimitaciones obsoletas, realizadas con una tecnología incomparable a la actual".

La tesis de la Junta

La Junta de Extremadura ha insistido en que seguirá defendiendo que la "situación" de Marina Isla de Valdecañas deriva de "esos errores cartográficos que llevaron a proteger como valores ambientales lo que verdaderamente no lo eran". Esa consideración, según el Ejecutivo regional, debe "prevalecer por encima de cualquier otra", al entender que las sentencias se han dictado sobre la base de unos datos que, a juicio de la Junta, los avances tecnológicos han demostrado erróneos.

El Gobierno extremeño ha sostenido, además, que "seguirá peleando para que la realidad jurídica concuerde con la realidad material". Con ese argumento, el Ejecutivo mantiene abierta la vía judicial contra el auto que ha frenado cautelarmente el cambio de límites de la ZEPA y reafirma su posición de fondo: que la delimitación original del espacio protegido no se correspondería con la realidad ambiental actual de la isla.

En concreto, La consejera extremeña Mercedes Morán ha subrayado este miércoles, tras expresar su respeto por las decisiones judiciales, que la Junta recurrirá el auto judicial al entender que la decisión responde a un condicionado técnico y que el Gobierno regional dispone de una metodología "mucho más eficiente" para delimitar estos espacios protegidos.

Metodología más avanzada

La consejera ha defendido que el Ejecutivo regional ha utilizado la metodología LIDAR, que permite establecer "exactamente cuáles son los verdaderos límites" de las ZEPA vinculadas a embalses. En ese sentido, ha indicado que la Junta ha revisado todos los embalses de la región que cuentan con esta declaración de espacio protegido. Según Morán, el resultado de esa revisión no ha supuesto una reducción generalizada de la superficie protegida. "Algunos aumentaron, otros redujeron la superficie de ZEPA", ha explicado, antes de subrayar que el impacto global ha sido un aumento total de la superficie de las zonas protegidas asociadas a embalses en Extremadura.

La consejera ha insistido en que la decisión de la Junta se ha basado en criterios técnicos y en el trabajo de un equipo de funcionarios, con una metodología que, ha recordado, no existía en el momento en que se aprobaron las declaraciones originales de estos espacios protegidos.

La reacción de la Junta llega después de que el TSJEx haya acordado la suspensión cautelar e inmediata del Decreto 180/2025, aprobado por el Ejecutivo autonómico el pasado 16 de diciembre, en todo lo relativo a la ZEPA Embalse de Valdecañas. La Sala ha estimado la petición de medidas cautelares planteada por Ecologistas en Acción y FONDENEX, que habían recurrido la norma al considerar que buscaba excluir la isla del espacio protegido y abrir una vía para evitar la demolición del complejo.

El auto, fechado el 5 de junio, no resuelve todavía si el decreto es o no conforme a derecho, pero sí deja sin efecto su aplicación en el punto más sensible. La Sala ha apreciado que la modificación de los límites de la ZEPA puede afectar directamente a la ejecución de las sentencias firmes que ordenan la demolición total del complejo turístico, levantado entre los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo.

El tribunal ha utilizado una expresión especialmente contundente al señalar que "la exclusión de la zona ZEPA de la Isla Valdecañas puede suponer en definitiva un atajo para resolver otros problemas". Ese "atajo" apunta, en el contexto del propio auto, a la posibilidad de que la modificación del espacio protegido sirviera para intentar neutralizar los efectos de las resoluciones judiciales que pesan sobre el resort.

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La Sala también ha cuestionado la explicación cartográfica defendida por la Junta en el caso concreto de Valdecañas. Según recogía la resolución, no aprecia "una justificación técnica y ambiental real para el cambio de delimitación que realiza el decreto" y considera que la modificación "va más allá de una corrección de errores con apariencia".

El complejo de Valdecañas acumula casi dos décadas de batalla judicial. En 2022, el Tribunal Supremo determinó la demolición total del macrocomplejo, que incluye hotel, viviendas, campo de golf y viales, al rechazar el argumento de la imposibilidad material de ejecución planteado por los constructores y la Junta de Extremadura. En 2025, el Tribunal Constitucional desestimó por unanimidad los recursos de amparo presentados por la Junta y otras entidades, lo que dio luz verde definitiva a la demolición completa y zanjó el intento de legalización a través de leyes autonómicas.

Pese a ello, el complejo continúa operativo y la demolición no se ha ejecutado. La modificación de la ZEPA impulsada por la Junta aparecía como una de las principales herramientas para cambiar el escenario ambiental de la isla y sostener que el derribo ya no resultaba necesario o debía revisarse. La suspensión cautelar acordada ahora por el TSJEx deja sin efecto esa vía, al menos hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del recurso. La Junta no da por cerrada esa batalla y anuncia este martes su decisión de recurrir el auto. Mientras tanto, Valdecañas y la ZEPA mantendrá sus límites anteriores.

Fuente: El Periódico de Extremadura

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