Casi la mitad de las pruebas de edad realizadas a menores migrantes en Extremadura revela que son adultos

Casi la mitad de las pruebas de determinación de edad que se han realizado en Extremadura a menores migrantes no acompañados (menas) en el último año revela que en realidad son adultos. Según la Memoria 2025 de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en 2024 los fiscales delegados de extranjería tramitaron un total de 129 expedientes de determinación de edad y de ellos, 64 concluyeron que la persona era en realidad adulta. Otros 24 expedientes ratificaron la minoría de edad de los migrantes y los 41 restantes quedaron archivados, bien por renuncias a continuar el procedimiento o bien por abandonos voluntarios del centro de acogida.

El dato cobra actualidad después de que la Junta de Extremadura, a través de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, en manos de Vox, haya anunciado que solicitará a la Fiscalía autorización para realizar pruebas de determinación de edad a menores migrantes no acompañados. Estas diligencias no se realizan de forma generalizada, sino en los casos en los que existen dudas sobre la documentación aportada o la edad declarada por la persona.

Régimen jurídico

La determinación de la edad no es un trámite menor. De ella depende el régimen jurídico aplicable a cada persona: si se confirma que es menor, entra en el sistema de protección de la comunidad autónoma, con tutela o guarda administrativa, acogida en recursos específicos y derechos reforzados por su condición de menor. Si se acredita que es adulta, deja de estar bajo ese paraguas de protección y pasa al régimen general de extranjería.

La Ley de Extranjería prevé que, cuando se localiza a una persona extranjera indocumentada cuya minoría de edad no puede establecerse con seguridad, debe recibir atención inmediata de los servicios de protección y el caso se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal para determinar su edad con la colaboración de las instituciones sanitarias.

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La diferencia también tiene impacto sobre los recursos públicos. Las plazas de protección de menores están concebidas para niños y adolescentes tutelados, por lo que una determinación incorrecta puede afectar tanto a la persona examinada como al resto de menores atendidos en el sistema. Por eso la cuestión se ha situado en el centro del debate político: Vox defiende que las pruebas sirven para evitar que adultos ocupen recursos destinados a menores, mientras las entidades sociales y la propia doctrina jurídica insisten en que el procedimiento debe aplicarse con garantías, solo ante dudas razonables y preservando siempre el interés superior del menor.

Coordinación con la policía

La memoria recoge la coordinación de los fiscales delegados de extranjería con las brigadas provinciales, los Institutos de Medicina Legal y los hospitales del Servicio Extremeño de Salud (SES), donde se practican las pruebas médicas necesarias. Según el documento, buena parte de los menas acogidos en los centros de menores de Extremadura provienen de Ucrania.

La medida defendida por Vox dentro de su giro en política migratoria, se plantea en un momento en el que la propia Fiscalía constata que este tipo de actuaciones se han duplicado en Extremadura, al pasar de las 63 realizadas en 2023 a las 129 de 2024. No obstante, las pruebas no dependen solo de una decisión administrativa: deben practicarse bajo control del Ministerio Fiscal y cuando existan indicios que justifiquen la comprobación.

La Fiscalía extremeña vincula parte de este incremento al movimiento registrado en el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) de Mérida. El fiscal delegado de Badajoz ha atribuido el aumento del trabajo en materia de extranjería a la "constante rotación" y a las diligencias de determinación de edad respecto de ciudadanos extranjeros acogidos temporalmente en este recurso.

Centro de Mérida

Según recoge la memoria, la media de inmigrantes acogidos sucesivamente en el CAED de Mérida ha superado los 900, hasta el punto de que la administración autonómica llegó "prácticamente a agotar sus plazas en centros para menores". El informe sitúa así la presión sobre el sistema de protección como una de las derivadas de la nueva realidad migratoria que ha afrontado Extremadura durante el último ejercicio.

En el conjunto del país, la Fiscalía General del Estado ha contabilizado en 2024 7.562 diligencias preprocesales de determinación de edad, 140 más que en 2023. De ellas, 2.457 han concluido que la persona era mayor de edad, 3.825 han determinado que era menor o que existían posibilidades de que lo fuera, y 1.280 han quedado sin resultado por abandono de los centros antes de poder practicar las diligencias.

Fuente: El Periódico de Extremadura