La dependencia se atasca en Extremadura con 8.663 personas esperando y 684 fallecidos hasta mayo

No está entre las comunidades con peor evolución, pero la situación de la dependencia no mejora en Extremadura. El último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado con datos oficiales hasta el 31 de mayo de 2026, sitúa en 8.663 el número de personas en lista de espera en la región, con un incremento del 2,9% desde el inicio del año. El tiempo medio de tramitación de los expedientes se mantiene en 259 días, por debajo de la media nacional (320), pero todavía muy por encima del plazo legal de 180 días.

La fotografía que deja el informe es la de un sistema atascado. La subida de la lista de espera regional, del 2,9%, se sitúa prácticamente en línea con la media española, que el Observatorio coloca en torno al 2,8%. Además, los tiempos de tramitación permanecen sin cambios: la comunidad registra 0 días de variación en 2026, mientras que el conjunto del país ha reducido la espera media en 12 días.

Desatención por encima de la media

El informe sitúa la desatención en Extremadura en el 14%, por encima del 11,5% del conjunto del país. Ese indicador incluye tanto a las personas que siguen pendientes de valoración como a aquellas que ya tienen reconocido el derecho y continúan esperando la prestación o el servicio correspondiente. Canarias, Cataluña, Murcia y Asturias son los territorios con mayor porcentaje de personas esperando algún trámite, mientras que Castilla y León, Navarra y Galicia presentan los porcentajes más bajos.

A ese atasco se suma el dato más duro del informe. Solo en los cinco primeros meses del año, 684 personas han fallecido en Extremadura en lista de espera de la dependencia. De ellas, 291 estaban pendientes de la resolución de grado, es decir, aguardaban todavía ser valoradas, y 393 esperaban recibir la prestación o el servicio correspondiente.

La cifra sitúa a Extremadura como una de las comunidades con más fallecidos en términos absolutos durante este periodo, por detrás de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco. En el conjunto del país, el Observatorio contabiliza 13.503 personas fallecidas en lista de espera hasta mayo, una media de 90 al día, una cada 16 minutos.

Casi nueve meses de trámite

El plazo legal para resolver un expediente de dependencia está fijado en seis meses, pero Extremadura tarda de media 259 días, casi nueve meses. Son 79 días más de lo previsto por la ley, aunque el dato regional queda por debajo de la media española, situada en 320 días.

El problema, según el informe, no es solo el volumen de expedientes pendientes, sino la falta de avance. Mientras otras comunidades han reducido sus tiempos de espera en lo que va de año, Extremadura aparece estancada, sin mejora ni empeoramiento. El Observatorio advierte de que, pese al incremento paulatino del número de personas atendidas en los últimos años, el ritmo continúa siendo insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y prestaciones.

Menos personas atendidas

El informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales recoge además que Extremadura es una de las comunidades donde cae el número de personas atendidas en dependencia en este periodo, con un descenso del 0,5% frente al crecimiento nacional del 2,9%. Solo Navarra presenta una caída mayor, del 1,4%.

También baja en Extremadura el número de personas con derecho reconocido a prestación, de nuevo un 0,5%, mientras que en el conjunto de España aumenta un 3%. Son datos que conviene leer con cautela por la propia evolución de la población dependiente, pero que refuerzan la idea de una comunidad sin avances claros en los primeros meses del año.

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Un sistema de baja intensidad

El Observatorio vincula esta ralentización a la falta de incremento presupuestario en los tres últimos años por parte del Ministerio de Derechos Sociales, después de que no se mantuviera la financiación extra de 600 millones de euros incluida en el Plan de Choque entre 2021 y 2023. Según sostiene el informe, esta situación está provocando una "clara ralentización del sistema", tanto por el aumento de las listas de espera como por la consolidación de prestaciones y servicios de menor intensidad.

El documento recuerda que el Ministerio considera lista de espera exclusivamente a aquellas personas con las que la Administración no está cumpliendo los plazos previstos por la ley, que establece en 180 días el máximo para recibir la prestación o servicio reconocido. Por eso, el Observatorio defiende que los datos oficiales del Ministerio son inferiores a la lista de espera real.

Derecho pendiente

La asociación sostiene que, pese a la "urgencia social" de la dependencia, veinte años después sigue siendo un derecho pendiente de desarrollar por completo. "Cuatro millones de personas han recibido atenciones del Sistema en estos 20 años, mientras que casi un millón han fallecido en las listas de espera", recoge el informe.

El Observatorio atribuye parte del problema a los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilizar ayudas, factores que, a su juicio, han terminado configurando un "sistema low cost" poco eficaz para atender a las personas en situación de dependencia. "A lo que hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo", concluye.