Unidas por Extremadura acusa a Vox de censurar a los funcionarios sobre asuntos LGTBI y la Junta lo niega

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha acusado este lunes a la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familias, en manos de Vox, de someter a sus empleados públicos a una "censura" al prohibirles discursos en los que se hable de "inclusión, inmigración y diversidad", así como el uso de carteles, banderas o insignias que el departamento no considere "adecuados o neutrales". La Junta de Extremadura, sin embargo, ha negado "categóricamente" estas acusaciones y ha asegurado en declaraciones a Efe que no existe ninguna instrucción ni normativa que impida abordar estos asuntos.

El choque se produce en una consejería con competencias sensibles para la ciudadanía, como servicios sociales, familia, infancia y juventud. De Miguel ha considerado "inédito e insólito" que, mientras la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha lucido pendientes con la bandera LGTBI en la presentación de Los Palomos, una consejería de su propio Gobierno esté diciendo a sus trabajadores que "ni se les ocurra llevar ninguna insignia del colectivo LGTBI o ninguna insignia que pueda ser feminista porque consideran que no es neutral".

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La Junta lo desmiente

"Desmentimos categóricamente las declaraciones realizadas por la portavoz de Unidas por Extremadura", ha afirmado la Junta de Extremadura. El Gobierno autonómico ha añadido que "niega que exista ninguna instrucción o normativa que prohíba a los empleados públicos hablar de inclusión, inmigración, diversidad o cuestiones relacionadas con colectivos como el LGTBI o el feminismo". Con esta respuesta, la Junta ha tratado de cerrar la denuncia de Unidas y ha rechazado que desde la consejería dirigida por Vox se hayan dado órdenes internas para limitar esos contenidos.

El foco en Juventud

De Miguel ha ampliado su denuncia al Instituto de la Juventud de Extremadura, dependiente de la misma consejería. Según ha sostenido, en este organismo se estaría prohibiendo tratar temas relacionados con el colectivo LGTBI, el feminismo o la prevención de enfermedades de transmisión sexual como el VIH.

"El Instituto de la Juventud de Extremadura va a pasar a llamarse la sección juvenil franquista a este paso", ha afirmado la portavoz de Unidas, que ha enmarcado esta situación en la idea de libertad que, a su juicio, defienden Vox y el PP. "Esta es la libertad de los señores y las señoras de Vox y de los señores y las señoras del Partido Popular", ha señalado en una rueda de prensa en Mérida.

La denuncia tiene una lectura ciudadana porque afecta a servicios públicos dirigidos a jóvenes, familias, personas migrantes y colectivos vulnerables. Para Unidas, hablar de diversidad, inclusión o prevención sanitaria no es una cuestión partidista, sino una parte de las políticas públicas que deben llegar a la población.

Menores migrantes

La portavoz de Unidas por Extremadura también ha cargado contra el vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familias, Óscar Fernández Calle, por el anuncio de pruebas para determinar la edad de menores migrantes no acompañados. De Miguel ha rechazado lo que considera una "poca humanidad" por parte del consejero y ha contrapuesto ese mensaje con la visita del papa León XIV a Canarias, donde, según ha recordado, ha escuchado testimonios de personas migrantes que han llegado en cayuco tras huir de la miseria, el hambre o la guerra.

"Lo único que nos demuestra el señor Fernández Calle, aparte de su poca humanidad, es que ellos quieren que nos centremos en este tema que es tan ridículo, ya que estamos hablando de que en Extremadura hay escasamente 100 menores no acompañados frente a los 6.000 que tiene Canarias hacinados", ha dicho De Miguel, que ha calificado esa posición de "ridícula, inhumana y muy poco solidaria".

Fuente: El Periódico de Extremadura