PSOE y Unidas elevan las críticas por la "censura" en la vicepresidencia de Vox y el PP habla de "neutralidad y rigor"

Crece la polémica por la supuesta "censura" a los funcionarios de la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura. A la denuncia de Unidas se suma ahora el PSOE, que acusa al departamento que dirige Óscar Fernández Calle de intentar "avasallar" a los trabajadores públicos de este departamento y coartar su libertad de expresión en asuntos vinculados a la igualdad, la diversidad, la inmigración o el feminismo.

La Junta de Extremadura lo niega y Vox cierra filas con la administración autonómica, mientras que el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, aclara que lo único que se ha buscado es garantizar "neutralidad y rigor". "En ningún momento se han pedido ni que se eliminen términos de ningún tipo, y ni mucho menos hay censura en la Junta de Extremadura. Se ha pedido neutralidad y rigor administrativo, pero eso no es censura", ha dicho tras repetir que la denuncia del PSOE y Unidas es "totalmente falsa".

Extrema derecha y fascismo

La portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, ha cargado contra Vox y ha reprochado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que haya permitido "sembrar lo que se llama extrema derecha y fascismo".

La crítica del PSOE se ha sumado así a la denuncia realizada el lunes por la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que asegura que se ha pedido a los funcionarios de la Consejería de Desregulación que no utilicen insignias ni cartelería que no sea considerada "neutral" por el departamento.

"¿Hablar de enfermedades de transmisión sexual y prevenirlas es algo que no es neutral? ¿Hablar de la diversidad sexual no es neutral? ¿Hablar de la igualdad entre hombres y mujeres no es neutral?", ha preguntado Irene de Miguel. La portavoz de Unidas ha insistido en que la denuncia le ha llegado por "varias vías" y ha animado a los trabajadores que afirman estar viviendo esa situación a acudir a los juzgados.

La Junta ya había negado "categóricamente" que exista ninguna instrucción o normativa que prohíba a los empleados públicos hablar de inclusión, inmigración, diversidad o cuestiones relacionadas con colectivos como el LGTBI o el feminismo. La portavoz del Gobierno regional, Elena Manzano, ha vuelto a defender esa posición tras el Consejo de Gobierno y ha rechazado que se hayan dado órdenes internas para limitar esos contenidos.

El PP cierra filas

El portavoz parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha respaldado la explicación de la Junta y ha calificado de "totalmente falsa" la denuncia pública de censura. Según ha defendido, las políticas de juventud, igualdad, diversidad e inclusión "siguen en el Gobierno de la Junta" y en la consejería.

"En ningún momento se han pedido ni que se eliminen términos de ningún tipo, y ni mucho menos hay censura en la Junta de Extremadura", ha afirmado Sánchez Juliá. El portavoz popular ha insistido en que se ha pedido "neutralidad y rigor administrativo", pero ha subrayado que eso "no es censura".

Desde Vox, la portavoz parlamentaria Inés Checa ha evitado entrar al detalle de la polémica y se ha remitido a la respuesta ofrecida por la portavoz de la Junta. "Nosotros estamos muy centrados en trabajar y no vamos a hacer caso a los enredos de la irrelevante Irene de Miguel. La Junta ya se ha pronunciado y yo no tengo nada más que añadir", ha señalado ante las preguntas de los periodistas.

Canal Extremadura

La comparecencia de los grupos también ha abierto una segunda derivada sobre Canal Extremadura. Gil Rosiña ha alertado de comentarios publicados en canales digitales del medio público que, según ha dicho, pueden incitar "al odio y a la violencia". La portavoz socialista ha citado uno de ellos en el que se aludía a que "habrá que hacer una limpieza ciudadana" y ha defendido que Extremadura es "la región más segura de España" según datos oficiales del Ministerio del Interior.

Por ello, el PSOE ha solicitado la comparecencia en la Asamblea del director general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma) para que se articulen los mecanismos necesarios para borrar de forma automática comentarios que puedan incitar al odio o la violencia en los canales de internet de Canal Extremadura.

El PP ha rechazado también esa crítica y ha acusado a Gil Rosiña de atacar al medio público. Sánchez Juliá ha considerado que el PSOE "quiere matar al mensajero" porque, a su juicio, Canal Extremadura está informando de los casos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y al Partido Socialista.