Vox desvelará su plan de desregulación en un acto nacional con Óscar Fernández Calle en primera línea

Vox presentará en la Asamblea General Ordinaria del próximo 27 de junio su programa de desregulación institucional, uno de los puntos clave incluido en los pactos de gobierno con el PP en las comunidades autónomas y estrechamente ligado al criterio de prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos. Fuentes del partido de Santiago Abascal han confirmado a Efe que la presentación de este programa será el plato fuerte de la reunión anual de la formación con los afiliados, dado que su objetivo es desplegarlo en el conjunto de España.

La cita estará capitaneada por José María Figaredo, portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación de Vox y uno de los dirigentes que participó en las conversaciones que permitieron cerrar el acuerdo de gobierno con el PP en Extremadura, cuyas líneas generales se han extrapolado después al resto de territorios.

Vicepresidencia de Desregulación

En las comunidades donde Vox ha entrado en gobiernos de coalición con el PP, el desarrollo de esta política se ha articulado a través de consejerías específicas de desregulación, todas ellas dirigidas por miembros de la formación de Abascal. Los vicepresidentes autonómicos encargados de la cartera: Óscar Fernández Calle (Extremadura), Alejandro Nolasco (Aragón) y Carlos Pollán (Castilla y León), acompañarán a Figaredo en la cita con un papel destacado.

El documento ya se está elaborando e incluirá medidas para la eliminación de trabas burocráticas, leyes y procedimientos que, en opinión de Vox, ahogan al sector privado, encarecen la gestión pública y perjudican a familias y autónomos. Su objetivo es hacer una administración más ligera y menos intervencionista según sus postulados: menos trámites, menos entes públicos, menos duplicidades y menos subvenciones y gasto inútil.

Sin concreción en Extremadura

La desregulación ha sido uno de los ejes que Vox ha introducido en el Gobierno extremeño. La formación ha defendido que la Administración autonómica acumula normas, trámites y duplicidades que dificultan la actividad económica, retrasan proyectos y complican la relación de ciudadanos, empresas y sectores productivos con la Junta.

El mensaje que el partido ha trasladado esta semana en Extremadura se resume en tres verbos: "revisar, simplificar y racionalizar". Vox sostiene que no se trata de eliminar normas de manera indiscriminada ni de rebajar garantías jurídicas, sino de revisar el entramado administrativo para reducir cargas innecesarias y agilizar procedimientos.

El papel de Fernández Calle será una de las claves del acto. Como vicepresidente de la Junta y principal referente institucional de Vox en Extremadura, su intervención permitirá aterrizar en la comunidad el discurso nacional de la formación sobre la reducción de burocracia. El partido quiere presentar la desregulación como una herramienta para desbloquear proyectos, facilitar la actividad económica y simplificar la vida administrativa de ciudadanos y empresas.

La presencia de Figaredo añade además un componente simbólico. El dirigente nacional de Vox fue uno de los rostros visibles de la negociación con el PP y uno de los encargados de defender públicamente el contenido del pacto alcanzado con María Guardiola. Ahora será también quien capitaneará la puesta de largo del plan con el que Vox quiere marcar perfil propio dentro del Ejecutivo regional.

Un proceso que no será inmediato

La propia Junta ha reconocido, sin embargo, que la desregulación no tendrá efectos inmediatos. En una comparecencia reciente en la Asamblea, el director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández, ha admitido que revisar el conjunto de normas, procedimientos y trámites de la Administración autonómica será una tarea larga y técnicamente compleja. Tanto, ha señalado, que "ni con un equipo de los mejores juristas y con todos los letrados de la Junta trabajando al unísono, llevaría menos de un año".

Ese contexto marca la expectativa del acto nacional del 27 de junio. Vox desvelará su hoja de ruta, pero la aplicación práctica exigirá informes, revisión jurídica y decisiones concretas dentro del Gobierno regional. Entre las líneas ya apuntadas figuran la simplificación normativa, la extensión de la declaración responsable, el silencio administrativo positivo allí donde sea legalmente posible y la eliminación de duplicidades entre órganos y administraciones.

La formación también ha señalado sectores especialmente afectados por la carga burocrática, como la industria, el campo, la gestión ambiental, la vivienda, el mundo rural, los regadíos, las infraestructuras o los proyectos estratégicos. El reto será convertir esa agenda en cambios efectivos sin abrir una brecha con la oposición, que ya ha advertido de que reducir burocracia no puede significar rebajar controles ni garantías.