Los extremeños mayores de 70 años podrán recibir hasta 12.500 euros para adaptar su vivienda

La Junta de Extremadura está preparando un nuevo decreto de ayudas autonómicas para financiar obras de reforma destinadas a eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad de viviendas y edificios residenciales. El texto, que todavía es un borrador y se encuentra en fase de presentación de sugerencias, prioriza a colectivos como los mayores de 70 años, las personas en situación de dependencia y los hogares donde residan personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 65%.

Las subvenciones previstas van desde los 6.000 hasta los 18.000 euros, si bien la cuantía máxima puede elevarse hasta los 21.000 euros en el caso de inmuebles catalogados o con algún tipo de protección patrimonial.

"En Extremadura sigue existiendo un elevado índice de edificios y viviendas que no se acomodan a los estándares de accesibilidad, y la rehabilitación supone una importante línea de actuación para combatir las dificultades que encuentran las personas con movilidad reducida para desenvolverse en su vida diaria. El envejecimiento poblacional hace que las intervenciones de accesibilidad sean cada vez más necesarias y urgentes remediando las carencias y deficiencias de los edificios y viviendas, que acaban resultando ser barreras limitantes en su día a día", destaca la Junta.

Obras para eliminar barreras

El decreto, impulsado por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, aprueba las bases reguladoras de dos programas: uno general para actuaciones de accesibilidad en viviendas y bloques de pisos, y otro específico para viviendas en las que residan personas con discapacidad o en situación de dependencia. Es esta segunda línea la que incluye ya una primera convocatoria para 2026, aunque el documento aún no concreta la dotación económica total, que aparece pendiente de fijar.

Las ayudas podrán destinarse a actuaciones como la instalación de ascensores, rampas, salvaescaleras, automatismos en puertas, videoporteros, sistemas domóticos, bucles magnéticos, grúas o elementos de aviso luminosos, sonoros o vibrotáctiles. También se incluyen reformas en el interior de las casas, especialmente en espacios como baños, cocinas o zonas de paso, cuando estén dirigidas a facilitar la autonomía personal y la accesibilidad universal.

Programa general

El programa general es el más amplio. Financia la accesibilidad en viviendas unifamiliares, pisos y zonas comunes de bloques como portales, escaleras o ascensores. Aquí pueden entrar propietarios particulares, pero también comunidades de vecinos o edificios residenciales completos. En este programa se prioriza a colectivos como personas con discapacidad del 65% o más, personas en situación de dependencia, personas con discapacidad desde el 33% y mayores de 70 años.

Para estos últimos, la clave es que la ayuda puede cubrir hasta el 70% de la inversión (frente al 50% general), con un máximo de 12.500 euros para viviendas unifamiliares, 6.000 euros en pisos y 9.000 euros si se trata de una obra en elementos comunes de un bloque de vecinos. En el caso del programa específico para personas con discapacidad de más del 65% o dependencia, la ayuda será de 18.000 euros, con el límite del 80% de la inversión realizada.

Requisitos

Los requisitos varían en función del programa. En las ayudas dirigidas a viviendas particulares, la persona solicitante deberá ser titular del 100% del pleno dominio o del usufructo vitalicio de la vivienda, mientras que en el programa general también podrán concurrir comunidades de propietarios.

Los beneficiarios deberán estar al corriente con la Seguridad Social y Hacienda, cumplir los límites de renta (4 veces el IPREM, unos 33.600 euros anuales) y acreditar, si procede, la residencia de mayores de 70 años, personas con discapacidad o dependencia que justifican la prioridad de la ayuda.

El borrador plantea que estas subvenciones se concedan por el procedimiento de concesión directa, mediante convocatoria abierta. Es decir, se tramitarán conforme se vayan presentando las solicitudes que cumplan los requisitos, siempre que exista crédito disponible.

La Junta justifica esta fórmula por la necesidad de dar una respuesta rápida a situaciones que afectan a la movilidad diaria de personas vulnerables. El propio texto alude a «razones sociales, humanitarias y de urgencia» y señala que muchas actuaciones no pueden esperar por el estado de los inmuebles o por la situación personal de quienes los habitan.

Una de las medidas previstas es la posibilidad de solicitar un pago anticipado del 40% de la ayuda concedida, con un límite máximo de 4.000 euros. Para recibir ese adelanto será necesario que la obra ya haya comenzado, aunque no se exigirá aval ni garantía.