La Junta de Extremadura defiende el recorte a sindicatos y patronal por subidas sin justificar

La Junta de Extremadura ha defendido este martes el recorte a las subvenciones de sindicatos y patronal incluido en el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026, al considerar que estas ayudas se incrementaron durante años sin una justificación suficiente de los costes reales. La reducción afecta a la financiación de la participación institucional de los agentes sociales y también está recogida en el acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre el PP y Vox para esta legislatura.

En concreto, dicho pacto contempla una rebaja del 50% de las aportaciones destinadas a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva. Así lo ha explicado la secretaria general de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, María Inmaculada Núñez, durante su comparecencia en la comisión del ramo de la Asamblea, donde ha respondido a una pregunta de Unidas por Extremadura sobre la posición de la Junta ante este recorte.

Normativa

Núñez ha defendido que el Ejecutivo reconoce el papel constitucional y legal de las organizaciones más representativas como agentes esenciales del diálogo social. No obstante, ha subrayado que la financiación de esa participación debe ajustarse a la Ley 3/2003 de participación institucional y a la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española.

Según ha señalado en su intervención la secretaria general, esta última norma impide actualizar automáticamente las ayudas conforme al IPC y solo permite incrementarlas si existe una habilitación legal expresa o si se acredita un aumento de los costes vinculados al objeto de la ayuda.

En este contexto, ha afirmado que la Junta ha realizado una "revisión exhaustiva" de las cantidades abonadas desde la Ley de Participación Institucional. Ese análisis, según ha sostenido, ha puesto de manifiesto que las cuantías crecieron en distintos ejercicios sin ajustarse a los criterios exigidos por la Ley de desindexación.

Cifras

Núñez ha indicado que en 2015, año de entrada en vigor de dicha norma estatal, la subvención nominativa para los agentes sociales ascendía a 123.402 euros. A juicio del Ejecutivo autonómico, esa cantidad debería haberse mantenido congelada salvo que una norma posterior autorizase expresamente su actualización o que se justificase el incremento en función de los costes reales.

La secretaria general ha añadido que entre 2016 y 2018 se produjeron incrementos anuales de 30.000 euros sin que, según la Junta, quedara acreditado un aumento de los costes específicos. También ha citado el ejercicio 2020, cuando, según sus datos, se produjo un aumento del 237,22% hasta alcanzar los 618.481 euros, igualmente sin justificación suficiente.

En concreto, el proyecto presupuestario para 2026, fija una subvención nominativa de 284.850 euros para cada uno de los cuatro agentes sociales más representativos: CCOO, UGT, la CREEX y, como novedad, la Confederación Independiente de Empresarios de Extremadura. La Junta sostiene que esta cuantía supone más del doble de la existente en 2015 y permite mantener la financiación de la participación institucional, aunque sometida a criterios de legalidad, revisión y adecuación presupuestaria.

Postura de Unidas

Desde Unidas, el diputado Juan Alessandro Esirinsi ha rechazado la explicación ofrecida acusando al Ejecutivo de intentar revestir de argumentos técnicos una decisión que es "puramente política". El parlamentario ha vinculado el recorte al pacto de gobierno entre PP y Vox y ha sostenido que la medida busca debilitar a las organizaciones sindicales y "atomizar" la representación social.

Núñez ha negado que el Gobierno regional quiera atacar el diálogo social y ha defendido que la Consejería de Hacienda mantiene una intensa actividad negociadora con los agentes sociales. En este sentido, ha citado los acuerdos alcanzados en la Mesa General de Negociación desde 2023 y ha avanzado que en próximas convocatorias se presentará el primer plan de igualdad.

La secretaria general ha concluido que la posición de la Junta es mantener la financiación de la participación institucional en los términos recogidos en el acuerdo de gobernabilidad y en cumplimiento de la legislación vigente, así como seguir dialogando con los agentes sociales y fomentando su participación en las políticas públicas.

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