El presupuesto de Extremadura para 2026 encara la recta final con 600 enmiendas del PSOE y Unidas

La tramitación de los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 entra en su recta final en la Asamblea. Tras el debate de totalidad, los grupos apuran ahora el plazo para registrar sus enmiendas parciales, que termina este viernes, con PSOE y Unidas por Extremadura como principales actores de la oposición en esta fase del procedimiento. Entre ambos grupos han anunciado alrededor de 600 propuestas para intentar modificar unas cuentas que consideran alejadas de las necesidades reales de la región.

El PSOE ha avanzado que presentará en torno a 300 enmiendas parciales para reorientar el presupuesto hacia la sanidad, la educación, los ayuntamientos y el diálogo social. Unidas por Extremadura, por su parte, ha registrado 305 enmiendas, que mueven un montante global de 366 millones de euros y que incluyen medidas como bajar un 10% el sueldo de diputados y altos cargos, recuperar impuestos sobre viviendas vacías o reforzar el personal sanitario.

El PSOE centra sus propuestas en el diálogo social

El secretario general del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrina, ha situado sus alrededor de 300 aportaciones en el marco de los "siete grandes acuerdos" que su partido planteó a la presidenta de la Junta, María Guardiola en educación, sanidad, vivienda, empleo, municipalismo, cooperación internacional o infraestructuras clave como la Ex-A1 y la carretera Badajoz-Olivenza.

Cotrina ha rechazado que se trate de "enmiendas al peso" y ha defendido que son iniciativas que "tienen que ver con la vida de la gente" y con "hacer más fácil la vida de la gente aquí". Una de las prioridades del PSOE será revertir el recorte del 50% que, según los socialistas, el Ejecutivo autonómico plantea aplicar a las asignaciones destinadas a la concertación con sindicatos y organizaciones empresariales.

"Ese hachazo no es a los sindicatos, ese hachazo no es a la patronal, ese hachazo es a los trabajadores y trabajadoras de la tierra", ha afirmado Cotrina, que ha calificado la medida como "un ataque directo al diálogo social". El dirigente socialista ha defendido también que las enmiendas buscarán mejorar la sanidad, la educación y los recursos de los ayuntamientos, desde una posición que ha enmarcado en "la óptica de la responsabilidad".

Unidas mueve 366 millones en 305 enmiendas

Unidas por Extremadura ha planteado sus enmiendas con tres objetivos principales: "proteger y mejorar los servicios públicos como la educación, la sanidad y la dependencia", "desmantelar los chiringuitos que PP y Vox han puesto en marcha" y "devolver la dignidad" a las cuentas autonómicas. Su presidenta y portavoz, Irene de Miguel, ha criticado que María Guardiola sea "la quinta que más cobra de los presidentes autonómicos", mientras que, según ha denunciado, los trabajadores públicos de la Junta son "los peor pagados del país".

Entre sus medidas figura una enmienda para bajar un 10% el sueldo de los diputados y altos cargos, con el objetivo de que los salarios de los representantes públicos se parezcan más a los de la "gente corriente". También ha propuesto destinar más de 30 millones de euros a contratar personal estructural del SES, reducir ratios en educación, avanzar en la homologación salarial docente, poner en marcha un plan de bioclimatización en las aulas y recuperar las ayudas a la cooperación internacional.

En materia fiscal y de vivienda, Unidas plantea aumentar el impuesto de transmisiones patrimoniales a los grandes tenedores, recuperar el impuesto a las viviendas vacías para ese colectivo y establecer una figura específica para que las instalaciones fotovoltaicas "dejen de una vez por todas ya dinero en nuestra tierra". Además, incluye propuestas para fomentar el empleo juvenil y femenino en el medio rural, apoyar la economía social agraria, impulsar un seguro público para la cereza y estudiar un tren de cercanía que vertebre la región.

La negociación presupuestaria queda ahora pendiente del recorrido de estas enmiendas parciales. Los grupos entran en la fase decisiva para comprobar qué margen de modificación tienen unas cuentas que el Gobierno de PP y Vox aprobará el próximo 30 de julio como primer presupuesto de la legislatura.