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Educación

La segunda universidad privada de Extremadura supera el dictamen del Consejo Económico y Social

Se trata del proyecto de la Universidad Abierta de Extremadura-ONEX, promovido por Planeta di Agostini Formación

El sindicato UGT presenta un voto particular al entender que el proyecto privado responde a una lógica “mercantil” y sin arraigo real en Extremadura

CCOOtambién rechaza esta iniciativa y ha votado en contra del dictamen

Estudiantes en la Biblioteca Central del Campus de Cáceres.

Estudiantes en la Biblioteca Central del Campus de Cáceres. / Cedida

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Cáceres

La segunda universidad privada de Extremadura ha dado un nuevo paso en su tramitación. El proyecto de la Universidad Abierta de Extremadura-ONEX, promovido por Planeta di Agostini Formación, ha recibido dictamen favorable del Consejo Económico y Social de Extremadura (CES), aunque no por unanimidad. UGT Extremadura y CCOO Extremadura han votado en contra y han dejado constancia de su rechazo, al considerar que la iniciativa no garantiza suficientemente el interés general, el arraigo territorial ni la protección de la Universidad de Extremadura (UEx).

El dictamen favorable del CES no supone todavía la aprobación definitiva, pero sí permite que el expediente siga avanzando. La iniciativa deberá pasar ahora por el Consejo de Estado, volver después al Consejo de Gobierno de la Junta y ser remitida finalmente a la Asamblea de Extremadura, que tendrá la última palabra sobre la implantación de la que sería la segunda universidad privada de la región, tras la aprobación de la Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE).

La Universidad Abierta de Extremadura-ONEX tendrá sede en Badajoz y plantea una enseñanza principalmente a distancia. Su oferta contempla once grados, doce másteres y tres doctorados, además de cuatro facultades —Educación, Psicología, Empresa, Ciencias e Ingeniería— y una escuela de doctorado. Entre los grados previstos figuran titulaciones ya muy demandadas en la Universidad de Extremadura, como Psicología, Educación Infantil, Educación Primaria, Matemáticas e Ingeniería Informática, junto a otros estudios que no se ofertan actualmente en la comunidad, como Marketing, Data Science, Ingeniería Biomédica y Business Intelligence. También plantea grados en Administración y Dirección de Empresas, Marketing y Recursos Humanos.

La oferta se completa con doce másteres, entre ellos el de Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Psicopedagogía, Psicología Clínica General, Neuropsicología, Ciberseguridad o Inteligencia Artificial. Además, prevé tres programas de doctorado: Psicología y Educación, Empresa y Negocios, y Ciencias e Ingeniería.

Los dos sindicatos alertan de los riesgos que puede suponer la implantación de una nueva universidad privada en la región. UGT sostiene que el proyecto responde a una lógica “mercantil” y advierte de que puede debilitar el sistema universitario público extremeño. CCOO defiende la educación superior como un servicio público y considera que la UEx ya cubre las necesidades de la comunidad con exigencias de calidad, equidad y universalidad que, a su juicio, no puede garantizar una entidad privada.

UGT y CCOO cuestionan que exista una demanda social suficiente que justifique la autorización de una nueva universidad privada en Extremadura. UGT considera que el público objetivo sería en gran medida foráneo y que la iniciativa no nace para responder a las necesidades de la ciudadanía extremeña ni del tejido productivo regional. CCOO coincide en que la política universitaria debe orientarse a consolidar y poner en valor la UEx como instrumento esencial para el progreso económico, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades. Ambas organizaciones advierten también del impacto sobre la UEx en un contexto de descenso de estudiantes y posible competencia directa en grados duplicados.

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Andrés Rodríguez

Sin arraigo suficiente

UGT Extremadura considera que a la Universidad Abierta “le sobra el complemento de Extremadura”. Entiende que se trata de un proyecto ajeno a la región y a su futuro, con una presencia física mínima en el territorio y una estructura que, a su juicio, podría haberse ubicado en cualquier otro punto del país.

La organización sostiene que la iniciativa no tendría una repercusión reseñable en términos educativos, económicos, académicos o de prestigio universitario para la comunidad autónoma. A su juicio, el modelo planteado se aproxima más a una lógica de “franquicia” que a un proyecto universitario plenamente integrado en Extremadura.

Para UGT, la propuesta prioriza el beneficio económico frente al interés general, la transferencia de conocimiento, el cambio productivo y el desarrollo regional. “El acceso en igualdad de condiciones a la educación superior para el conjunto de la ciudadanía extremeña solo se garantiza plenamente desde la Universidad Pública”, defiende la organización.

El sindicato insiste en que una universidad no puede ser tratada como una simple academia de formación ni como un producto sometido exclusivamente a criterios de rentabilidad. A su entender, cualquier institución universitaria debe responder a criterios de calidad, servicio público, investigación, estabilidad y compromiso territorial.

Riesgo para la UEx

CCOO comparte la preocupación por el escaso impacto territorial de un modelo íntegramente virtual. El sindicato advierte de que una universidad sin implantación presencial significativa difícilmente contribuirá a generar empleo estable y cualificado en la región, ni impulsará la investigación, la transferencia de conocimiento, la innovación o la dinamización del tejido económico y social extremeño.

La organización recuerda además que Extremadura atraviesa una situación especialmente delicada desde el punto de vista demográfico y universitario. La UEx ya viene experimentando una disminución sostenida del número de estudiantes, sin que hasta ahora existiera competencia por parte de universidades privadas en la comunidad autónoma.

En este contexto, CCOO considera que la prioridad de la Administración debería ser reforzar la Universidad de Extremadura como institución vertebradora del territorio, motor de investigación, innovación, transferencia de conocimiento y cohesión social. La universidad pública, añade, constituye uno de los principales activos estratégicos de la comunidad y ha demostrado durante décadas su compromiso con la igualdad de oportunidades, la formación de futuros profesionales y el desarrollo regional.

Calidad, empleo e investigación

El voto particular de UGT también expresa preocupación por los efectos que el modelo propuesto puede tener sobre la calidad académica y las condiciones laborales del personal universitario. El predominio de fórmulas de docencia no presencial, sostiene el sindicato, puede plantear riesgos en materia de evaluación y no garantiza suficientemente la calidad de la formación ni los derechos laborales del personal docente e investigador.

Otro de los puntos críticos es la investigación. UGT recuerda que una universidad no puede limitarse a impartir formación, sino que debe generar conocimiento y contribuir al desarrollo del territorio. En el caso de la Universidad Abierta, el proyecto contempla destinar a investigación el mínimo legal del 5% del presupuesto, una cifra que, para el sindicato, cumple formalmente la norma pero revela una concepción “marginal” de la actividad investigadora.

CCOO añade que la universidad pública extremeña ha soportado durante años un contexto de infrafinanciación que limita su capacidad de crecimiento y modernización. A su juicio, antes de favorecer la incorporación de nuevas universidades privadas, la Administración debería garantizar una financiación suficiente, estable y previsible para la UEx, reforzando su capacidad docente, investigadora y de transferencia de conocimiento.

Moratoria y ley propia

UGT reclama la elaboración de una Ley de Universidades de Extremadura que establezca condiciones mínimas de calidad, exigencias claras y garantías suficientes para evitar una competencia desleal en perjuicio de la Universidad Pública. Mientras esa norma no esté en vigor, el sindicato defiende que debería existir un compromiso político para no autorizar nuevas universidades privadas en la región.

CCOO, por su parte, viene reclamando una moratoria en la creación de nuevas universidades privadas y un endurecimiento de los requisitos exigibles para su creación y funcionamiento. El objetivo, según el sindicato, debe ser garantizar que la calidad académica, investigadora y docente sea equiparable a la exigida al sistema público universitario.

Ambas organizaciones concluyen con una defensa de la Universidad Pública como pieza clave para Extremadura. Para UGT, iniciativas como la Universidad Abierta contribuyen a la mercantilización de la educación superior. Para CCOO, la prioridad debe ser reforzar la UEx y evitar decisiones que puedan aumentar la competencia por un alumnado cada vez más reducido.

Fuente: El Periódico de Extremadura

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