La Consejería de Servicios Sociales de Extremadura planta al Gobierno por el reparto de menores migrantes

La Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, gestionada por Vox y dirigida por el vicepresidente autonómico Óscar Fernández, ha decidido no asistir este martes, 1 de julio, a la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El departamento extremeño se suma así al plantón de las consejerías que Vox dirige en Aragón y Castilla y León contra el reparto de menores extranjeros no acompañados.

Las tres consejerías han justificado su ausencia como un gesto de denuncia ante lo que consideran una nueva "imposición" del Ejecutivo central en materia migratoria. Critican que el Gobierno vuelve a actuar de manera unilateral, con unos criterios de distribución que califican de "arbitrarios, opacos y completamente alejados" de la realidad de los sistemas de protección de las comunidades autónomas.

Entre los asuntos incluidos en el orden del día figura la propuesta de distribución territorial de 35 millones de euros destinados a la atención de menores extranjeros no acompañados durante 2026. Para Vox, esta nueva asignación de fondos supone "un nuevo intento de financiar la estafa del Gobierno de Sánchez en materia migratoria".

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La formación sostiene que la política migratoria del Ejecutivo fomenta el efecto llamada y perjudica a unos sistemas autonómicos de protección que, a su juicio, ya se encuentran al límite de su capacidad.

Rechazo al reparto obligatorio

La Consejería que dirige Óscar Fernández rechaza también el nuevo real decreto con el que el Gobierno pretende actualizar el reparto obligatorio de menores entre las comunidades autónomas. Vox considera que el modelo responde a criterios políticos y no a la capacidad real de acogida de cada territorio.

En el caso de Extremadura, el nuevo baremo estatal fija en 364 plazas la capacidad ordinaria de la región para acoger a menores migrantes no acompañados, 20 más que en el reparto anterior. La Junta, sin embargo, mantiene que su sistema de protección ya está tensionado y que cualquier incremento impuesto desde Madrid agravaría una situación que considera límite.

Las consejerías de Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León advierten de que sus sistemas de protección se encuentran ya "al límite de su capacidad" y denuncian que cualquier nuevo reparto obligatorio constituye una "maniobra política" del Gobierno de Pedro Sánchez, ajena por completo a la realidad que viven las comunidades autónomas.

Oposición frontal

Por todo ello, las tres consejerías anuncian que pondrán en marcha todos los medios jurídicos, administrativos e institucionales a su alcance para ejercer una "oposición frontal" a esta decisión unilateral del Gobierno central. Vox asegura que defenderá las competencias de las regiones y exigirá una política migratoria basada en el control de fronteras y en el cumplimiento de los acuerdos de gobierno.

Además, las consejerías gestionadas por Vox reiteran que no participarán en órganos cuyo único objetivo sea, a su juicio, legitimar decisiones previamente adoptadas por el Gobierno de España. La formación insiste en que estas políticas contribuyen al efecto llamada, al tráfico de personas y a la saturación de los servicios de protección en todo el territorio nacional.

Ofensiva judicial contra Quintana

El pulso entre la Junta y el Gobierno central por los traslados de menores migrantes no acompañados viene de semanas atrás. El propio Óscar Fernández ya anunció que el Ejecutivo autonómico elevaría su respuesta y llevaría a los tribunales al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, por los traslados obligatorios a la comunidad.

Fernández aseguró entonces que la Junta reclamaría "responsabilidades penales" al delegado del Gobierno por una medida que considera una "imposición" y que, según sostiene, está llevando "al límite" al sistema extremeño de acogida de menores. Hasta ahora, el Ejecutivo regional recurría estos procedimientos por la vía administrativa, pero el vicepresidente avanzó que la Junta daría "un paso más" y acudiría también a la vía judicial.

El dirigente de Vox defendió que esa acción se dirigiría contra Quintana "con nombre y apellidos", además de abrir la puerta a actuaciones por elevación contra el Ministerio del Interior y el Gobierno de España.

Pruebas de edad ante Fiscalía

A la batalla judicial se suma otra línea de actuación impulsada por la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia: la solicitud a la Fiscalía de Menores de pruebas de determinación de edad en aquellos casos en los que no exista documentación fiable, haya dudas razonables sobre los documentos aportados o lleguen nuevas personas en esas circunstancias.

La Junta defiende que estas pruebas no se harán de forma indiscriminada, sino únicamente en casos bajo sospecha de fraude. "Queremos saber realmente quiénes de los menores que están en nuestro sistema de acogimiento es menor de edad, porque queremos que tengan la cobertura que la ley exige para cada uno de ellos. Es una medida de sentido común, simplemente lucha contra el fraude", sostuvo Fernández.

El vicepresidente ha precisado que la Junta no puede realizar estas pruebas por iniciativa propia, sino que debe solicitarlas a Fiscalía, que será quien autorice y decida finalmente si procede o no practicarlas. En caso de llevarse a cabo, se trataría de pruebas médicas y biométricas realizadas a través del Servicio Extremeño de Salud.

Fuente: El Periódico de Extremadura