Extremadura planteará una batalla judicial para no acoger a más menores migrantes

La Junta de Extremadura rechaza incrementar la acogida de menores migrantes no acompañados y plantea recurrir el reparto ante los tribunales. El vicepresidente autonómico y consejero de Vox, Óscar Fernández Calle, aseguró este miércoles en Mérida que la red regional de protección de menores está "al borde del colapso", con solo 14 plazas libres, y defendió que la comunidad no puede asumir nuevos traslados impuestos desde Madrid sin poner en riesgo la atención que presta a todos los menores bajo tutela, sean nacionales o extranjeros.

El choque llega después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya actualizado por real decreto la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades autónomas. En el caso de Extremadura, el nuevo baremo eleva de 344 a 364 las plazas asignadas a la región, una veintena más que en la cifra anterior. Fernández Calle rechaza ese cálculo porque, según sostiene, es una cifra "teórica" que no tiene en cuenta la ocupación real de los recursos autonómicos. Frente a esas 364 plazas fijadas por el Estado, la Junta asegura que tutela actualmente a 107 menores migrantes no acompañados y que en toda la red asistencial solo quedan 14 plazas disponibles. Esas plazas, subrayó, deben servir también para menores nacionales que necesiten protección.

Plantón a la comisión de Infancia

La negativa de la Junta se escenificó también con el plantón a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia. Extremadura no acudió a la reunión, igual que las consejerías gestionadas por Vox en Aragón y Castilla y León, en protesta por el reparto de menores migrantes y por lo que consideran una nueva "imposición" del Ejecutivo central. Las tres consejerías denuncian que los criterios de distribución son "arbitrarios, opacos y alejados" de la capacidad real de los sistemas autonómicos de protección.

El Ministerio de Juventud e Infancia rebajó el alcance de la ausencia y calificó el plantón de los representantes de Vox como una "rabieta sin consecuencias". Fuentes del departamento que dirige Sira Rego señalaron que la comisión se desarrolló con normalidad al existir quórum suficiente y precisaron que en la reunión no se abordaron asuntos relacionados con la acogida vinculante y solidaria de menores migrantes no acompañados. Según el Ministerio, el punto vinculado a esta materia era el reparto de 35 millones de euros para el sostenimiento estructural de los sistemas autonómicos de acogida. Todas las autonomías, salvo Murcia, que se abstuvo, votaron a favor de elevar ese reparto a conferencia sectorial.

Pulso a la Delegación

Fernández Calle elevó además el tono del enfrentamiento al pedir al Gobierno central que habilite las dependencias de la Delegación del Gobierno en Extremadura si considera que la región puede acoger a más menores migrantes. El vicepresidente dirigió el mensaje al delegado del Gobierno, José Luis Quintana, al que acusó de ser "muy solidario con los recursos de los demás". También aludió a "algunos" alcaldes, entre ellos el de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, a quienes animó a "predicar con el ejemplo" y a destinar recursos "personales" para atender a estos menores si defienden que Extremadura debe asumir más acogidas.

La Junta anuncia que utilizará "todas las herramientas jurídicas y políticas" para frenar nuevos repartos que considere contrarios a la capacidad real del sistema extremeño. Fernández Calle citó los recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa y la posible exigencia de responsabilidades penales por la aplicación de la Ley de Extranjería. "Vamos a luchar con todas las armas legales que tiene el Gobierno de Extremadura para que no vengan más", señaló, aunque insistió en que el Ejecutivo autonómico actuará "siempre, siempre, siempre, con arreglo a la ley".

El vicepresidente también puso el foco en la situación familiar de los menores ya tutelados por la Junta. Según explicó, 19 de los 107 menores migrantes no acompañados que se encuentran en Extremadura tienen referentes familiares en España y otros cinco cuentan con familiares fuera del país. La Consejería quiere estudiar esos casos para intentar procedimientos de reagrupación familiar siempre que se cumplan los requisitos legales. Además, mantiene la solicitud a Fiscalía de pruebas de determinación de edad en casos concretos de documentación dudosa o sospecha de fraude.

PSOE: "El problema es la gestión"

El PSOE extremeño respondió con dureza a la posición de la Junta. El secretario regional, Álvaro Sánchez Cotrina, ironizó en redes sociales: "con el presupuesto más alto de la historia de Extremadura, el gobierno de María Guardiola dice estar al borde del colapso por atender a 107 menores". "Si con 8.854 millones no son capaces de garantizar un sistema digno de protección a la infancia, el problema no son los menores… El problema es la gestión y su propia humanidad", agregó.

Asimismo, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, negó que el sistema regional de atención a menores esté colapsado y replicó que "el sistema está al borde del colapso en Canarias, Ceuta y Melilla". A su juicio, por eso el resto de comunidades deben actuar con solidaridad y participar en un reparto equitativo. Gil Rosiña calificó de "sinvergonzonería" la ausencia de Fernández Calle en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia y acusó al Ejecutivo de María Guardiola de dejar a Extremadura "sin voz" en una reunión en la que la comunidad debía estar representada para defender sus intereses ante el Estado.

Una cifra estatal que la Junta rechaza

El principal punto de fricción está en las 364 plazas que el Gobierno central fija ahora para Extremadura en la acogida de menores migrantes no acompañados, frente a las 344 del reparto anterior. Para la Junta, ese cálculo no responde a la situación real de la red autonómica, sino a una estimación "teórica" hecha desde Madrid.

Fernández Calle insistió en que Extremadura atiende ya a 107 menores migrantes no acompañados y que solo dispone de 14 plazas libres en el conjunto del sistema de protección. Además, recalcó que esas plazas no están reservadas solo a menores extranjeros, sino que deben servir para cualquier menor que necesite protección en la comunidad.

La Junta defiende que su prioridad es garantizar una atención "digna, individualizada y de calidad". Por eso considera que aceptar nuevos traslados sin ampliar recursos tensionaría aún más una red que, según la Consejería, está al límite.

En esta línea, la ausencia de Extremadura en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia formó parte de una estrategia compartida con Aragón y Castilla y León, las otras comunidades donde Vox gestiona estas competencias. Las tres consejerías rechazaron acudir a la reunión para denunciar lo que consideran una imposición del Gobierno central.

Vox sostiene que los criterios del reparto son "arbitrarios, opacos y alejados" de la capacidad real de los territorios. También denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende legitimar decisiones ya adoptadas y cargar sobre las comunidades la gestión de una política migratoria que rechaza.

El Ministerio de Juventud e Infancia, sin embargo, restó importancia al plantón y aseguró que la reunión se celebró con normalidad. Según sus fuentes, el asunto principal fue el reparto de 35 millones de euros para sostener los sistemas autonómicos de acogida, que salió adelante para su elevación a conferencia sectorial con el apoyo de todas las comunidades salvo Murcia, que se abstuvo.

La vía judicial queda sobre la mesa

La Junta mantiene abierta la posibilidad de recurrir el reparto ante los tribunales. Fernández Calle anunció que utilizará "todas las herramientas jurídicas y políticas" para frenar traslados que considere impuestos y contrarios a la capacidad real del sistema extremeño.

Entre esas opciones citó recursos contencioso-administrativos y la posible exigencia de responsabilidades penales por la aplicación de la Ley de Extranjería. El consejero de Vox subrayó, en cualquier caso, que el Ejecutivo autonómico actuará dentro de la legalidad. "Nosotros no vamos a saltarnos la ley", afirmó.

Fuente: El Periódico de Extremadura