La Junta se reafirma en la colaboración privada para completar la EX-A1 hasta Portugal

La Junta de Extremadura mantiene la colaboración público-privada como una de las fórmulas para completar la conexión de la EX-A1 con Portugal. El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, ha defendido este jueves en el pleno de la Asamblea que el tramo final de esta autovía, concebida como eje internacional entre Madrid y Lisboa, sigue bloqueada por la falta de acuerdo bilateral entre España y Portugal para construir el puente internacional y sus accesos.

El consejero ha situado el coste de la actuación en torno a los 270 millones de euros: el tramo Moraleja-Cilleros supondría unos 114 millones; el de Cilleros hasta la conexión del puente internacional otros 100 millones; y el acceso al puente, junto con la propia infraestructura, unos 60 millones. "No son cuentas de la lechera, son cuentas reales a 2026", ha afirmado.

Canon anual

Ante la imposibilidad de recurrir a los fondos europeos para financiar nuevas infraestructuras en Extremadura y la "lentitud" del Gobierno central, la colaboración público-privada articulada como "un sistema de pago por disponibilidad" es la opción que la Junta mantiene sobre la mesa.

No se trata de un peaje al uso, sino de un modelo a través de concesión en el que la empresa adjudicataria asumiría la construcción, financiación y mantenimiento de la infraestructura durante un periodo determinado, mientras la Administración abonaría un canon anual para que la autovía esté disponible y cumpla unas condiciones de servicio. Es decir, el usuario no pagaría directamente por circular, pero la obra se financiaría con cargo a las cuentas públicas durante los años de vigencia del contrato.

140 millones en peajes

Ese es precisamente uno de los puntos que más críticas ha provocado en la oposición. El PSOE ha exigido a Ramírez que haga público el estudio de viabilidad para conocer cuánto costaría completar la autovía mediante este sistema y la diferencia por la vía ordinaria.

"Dos años después ustedes nos dicen que los extremeños pagarán más del doble de lo normal, pero el agravio es que el Gobierno de España no firma el convenio, hay que tener mucha cara", ha afirmado el diputado socialista Juan Ramón Ferreira tras cifrar en 140 millones los "peajes en la sombra" que acabarán pagando los extremeños.

El PSOE ha exigido "luz y taquígrafos" sobre una fórmula que, a su juicio, puede encarecer la obra y aplazar su pago durante años. La Junta, por el contrario, defiende que se trata de una alternativa viable ante la falta de fondos europeos y sostiene que el avance del proyecto depende también de que el Gobierno de España cierre el acuerdo bilateral con Portugal para garantizar el puente internacional y sus accesos.

Siete minutos menos

Ramírez ha defendido que completar los 22 kilómetros pendientes no puede entenderse solo como un ahorro de tiempo, que ha cifrado en siete minutos, sino como una conexión internacional. "No está reclamando la sociedad civil acercar más la autovía a Portugal, sino integrarla en un corredor internacional", ha señalado. Para ello resulta imprescindible el puente. "Sin ese acuerdo no se puede hablar de conexión internacional", ha advertido.

El consejero ha cargado contra el Gobierno de España por su "lentitud, indefinición y falta de impulso". Según ha relatado, la Junta mantiene contactos desde septiembre de 2024, remitió el pasado 27 de febrero un borrador de acuerdo bilateral al Ministerio de Asuntos Exteriores y volvió a interesarse por el trámite en abril. Además, ha recordado que la presidenta María Guardiola envió una carta al Ministerio de Transportes el 20 de mayo para exigir la firma del acuerdo. "Seguimos sin calendario, seguimos sin la firma del acuerdo, seguimos sin fecha, seguimos sin certeza", ha lamentado Ramírez.

Ferreira ha acusado a la Junta de "replegar velas" y de utilizar el convenio con Portugal como argumento para retrasar una infraestructura que es de competencia autonómica. El diputado socialista ha sostenido que el Gobierno regional podría avanzar en el tramo extremeño y tramitar de forma separada el puente internacional para que esté listo cuando Portugal complete su parte. Ferreira ha lamentado que esta autovía pueda suponer más del doble por kilómetro que el primer tramo de autovía Cáceres-Badajoz, con un coste de 5,85 millones de euros el kilómetro.

Obras en la primavera de 2027

El PP ha rechazado esa lectura y ha defendido que iniciar las obras sin un marco internacional cerrado sería "vender humo". La diputada popular Mercedes Vaquera ha situado el "cuello de botella" en Madrid y ha insistido en que no se puede empezar una actuación de esta envergadura sin el convenio bilateral con Portugal, sin la documentación técnica cerrada y sin cumplir los requisitos legales y administrativos. En ese contexto, ha reafirmado la primavera de 2027 como el horizonte más realista para el inicio de los trabajos.

Su compañero de filas Miguel Ángel Nieto ha lamentado también que estas obras estuvieran paralizadas "en un cajón" durante ocho años y ha aplaudido que el último kilómetro de la autovía y también los próximos, se vayan a construir con un gobierno del PP.

Por parte de Unidas por Extremadura, la diputada Alba Soto ha criticado la "falta de avances" en esta materia por parte de la Junta y le ha pedido un mayor "nivel de exigencia" y que "asuma sus propias responsabilidades", puesto que con el paso del tiempo aumentan los costes para la construcción de esta infraestructura que la zona lleva "años esperando".

Vox, por su parte, ha cerrado filas con la Junta y ha defendido que completar la EX-A1 sin el compromiso de Portugal y sin el puente internacional dejaría la infraestructura "en la orilla del río". El grupo ha respaldado la necesidad de culminar la autovía, pero ha responsabilizado al Gobierno central de desbloquear el acuerdo con el país vecino.