La imputación de Olga García eleva la presión política sobre el PSOE extremeño

La imputación de Olga García, presidenta de Enresa y exconsejera de Transición Ecológica en el último Gobierno socialista de Extremadura, ha elevado la presión política sobre el PSOE regional. La citación judicial de la exdirigente del Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara ha llevado a PP, Vox y Unidas por Extremadura a cargar, con distintos matices, contra la etapa socialista en la Junta, mientras los socialistas han apelado a la presunción de inocencia y al respeto a la justicia.

Cabe recordar que García ha sido citada como investigada por un presunto delito de prevaricación relacionado con la tramitación administrativa del proyecto fotovoltaico FV Tagus, promovido por una filial de Iberdrola en Alcántara. El caso, conocido la pasada semana, ha marcado este lunes parte de las comparecencias políticas en la región y ha vuelto a situar a la exconsejera en el foco del debate público.

Valoraciones

El PP extremeño ha sido el más contundente al acusar al PSOE de mantener un "silencio cómplice" ante un asunto que considera "muy grave para Extremadura". Su portavoz, Luis Miguel Núñez, ha reclamado a los socialistas que "rompan" ese silencio, ofrezcan explicaciones y dejen de proteger a quienes ocuparon puestos de responsabilidad cuando son investigados por un juez.

Núñez ha vinculado la situación judicial de García con su actual cargo al frente de Enresa, empresa pública relacionada con decisiones sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz. A su juicio, resulta "intolerable" que quien tuvo responsabilidades de primer nivel en la Junta y ahora preside una empresa pública tenga que declarar ante un juez por presuntas irregularidades en la aprobación de permisos medioambientales.

El portavoz ha enmarcado la imputación de la exconsejera en "otro episodio más dentro de un mapa de escándalos que vienen afectando al PSOE". Además, ha defendido que Extremadura "no puede seguir siendo portada por causas que ensucian nuestra región y minan la credibilidad pública", de ahí que haya insistido en reclamar "transparencia total" y responsabilidades políticas.

Desde Vox, la portavoz parlamentaria Inés Checa también ha cargado contra los socialistas tras la imputación de Olga García. Checa ha lamentado que la "corrupción socialista vuelva a salpicar directamente a Extremadura" y ha afirmado que la comunidad "no puede ser refugio, pantalla ni cementerio político de dirigentes socialistas señalados".

Unidas por Extremadura, por su parte, ha optado por recordar sus críticas previas a la actuación de García al frente de la Consejería de Transición Ecológica. Su portavoz, Irene de Miguel, ha asegurado que la imputación no les sorprende "en absoluto", al tiempo que ha señalado que fue su formación la que denunció que la exconsejera estaba poniendo una "alfombra roja" a Iberdrola.

En esta línea, De Miguel ha añadido que entonces les parecía que García "quería un puesto en un consejo de administración cuando abandonara la política", por lo que ha reprochado al PP extremeño que no recuerde ahora haberle escuchado decir nada en aquel momento.

El PSOE extremeño, en cambio, ha pedido prudencia. Su portavoz, Manuel González Andrade, ha admitido que la imputación "llama la atención", pero ha defendido que, como en todos estos casos, debe respetarse la presunción de inocencia de Olga García y el normal desarrollo del procedimiento judicial.

González Andrade ha expresado su "respeto a la justicia" y ha sostenido que se trata de un expediente administrativo que, por el tamaño de la planta, se tramitó desde Madrid. Según el portavoz socialista, la comunidad autónoma "simplemente" remitió algunos informes, por lo que ha evitado entrar en el fondo del caso y ha pedido que se deje actuar a la justicia.