El PSOE extremeño defiende la presunción de inocencia de Olga García y rebaja el papel de la Junta

El PSOE de Extremadura ha apelado este lunes a la presunción de inocencia de Olga García, exconsejera de Transición Ecológica en el último Gobierno de Guillermo Fernández Vara y actual presidenta de Enresa, tras su imputación por la tramitación de la planta fotovoltaica FV Tagus en Alcántara. El portavoz socialista, Manuel González Andrade, ha expresado además su "respeto a la justicia" y ha señalado que se trata de un expediente administrativo que, por el tamaño del proyecto, se habría tramitado desde Madrid.

"Llama la atención", ha admitido González Andrade al ser preguntado por la imputación y por el hecho de que haya sido acordada por el juez Juan Carlos Peinado. No obstante, el a su vez parlamentario socialista ha evitado valorar el fondo del procedimiento y ha insistido en que, "como siempre" en estos casos, su partido apela a la presunción de inocencia, ya que "en un estado de derecho afortunadamente existe".

González Andrade ha defendido que el caso debe desarrollarse "con normalidad", desde el respeto a la justicia y también a la presunción de inocencia de quien fuera consejera de la Junta. Según ha indicado, se trataría de un expediente "que se tramita incluso desde Madrid por el tamaño de la planta que se instaló" y en el que desde la comunidad autónoma "simplemente se han mandado algunos informes".

La respuesta del PSOE llega después de que el PP extremeño haya cargado de nuevo este lunes contra el "silencio cómplice" de los socialistas tras la imputación de García, citada como investigada por un presunto delito de prevaricación relacionado con la concesión de permisos administrativos para posibilitar la implantación del proyecto fotovoltaico promovido por una filial de Iberdrola en Alcántara.

Críticas a Guardiola

Más allá de esta cuestión, González Andrade ha centrado buena parte de su comparecencia en cargar contra la gestión del Gobierno de María Guardiola, a la que ha preguntado si está "desmantelando el estado del bienestar en Extremadura". El portavoz socialista ha acusado al Ejecutivo autonómico de deteriorar servicios públicos y políticas sociales construidas, según ha dicho, durante más de cuatro décadas por la sociedad extremeña junto a los gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara.

En materia sanitaria, ha sostenido que la sanidad extremeña "fue siempre un referente nacional" y ha acusado al Gobierno regional de derivar "ingentes cantidades de dinero" a la sanidad privada. También ha criticado el recorte del 50% al diálogo social y ha asegurado que, en dependencia, más de 1.300 personas han fallecido en el último año sin recibir "ni tan siquiera la primera valoración".

En educación, el portavoz del PSOE ha censurado la supresión del programa de lengua y cultura marroquí, que ha interpretado como una señal de una Extremadura "de pensamiento único", y ha criticado también la distribución de nuevos ciclos de Formación Profesional, al entender que se concentran en las grandes poblaciones mientras se reducen en pequeños municipios.

González Andrade ha reprochado además al PP una enmienda para reducir en 12 millones de euros los planes de colaboración económica municipal de empleo para los ayuntamientos, lo que ha calificado como un "desprecio" a alcaldes y alcaldesas. También ha acusado al Ejecutivo de Guardiola de carecer de política de vivienda y de rechazar el plan estatal, lo que, según ha advertido, puede impedir que lleguen a Extremadura 210 millones de euros para políticas públicas de vivienda.

El portavoz socialista ha sostenido que el Gobierno de España "está haciendo más por esta región que el propio Gobierno de la Junta de Extremadura" y ha citado fondos para vivienda, atención primaria, dependencia y entregas a cuenta. A su juicio, el Ejecutivo regional cuenta con "el presupuesto más alto de la historia de la democracia", pero "no gestiona" y los recursos "no llegan" a los servicios públicos ni a la vida de la gente.