El Ejecutivo extremeño estudia cambios legales en infancia para reducir trámites y retrasos

La Junta de Extremadura estudia cambios normativos en las políticas de infancia dentro de su agenda de desregulación, aunque aún no ha concretado qué normas pretende modificar ni qué calendario maneja para hacerlo. El director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández, de la cartera en manos de Vox, ha avanzado este martes en comisión parlamentaria que es "muy probable" que se impulsen modificaciones legales en este ámbito, pero ha evitado detallarlas porque están en fase de estudio.

La respuesta ha llegado a preguntas de la diputada socialista Soraya Vega, que ha reclamado al Gobierno regional que aclare qué significa exactamente desregular cuando se habla de infancia y protección de menores. Vega ha pedido saber qué normas considera innecesarias la Junta, qué procedimientos quiere modificar, qué controles entiende que sobran y qué regulación prevé flexibilizar. "Seguimos sin saber muy bien cuál es el proyecto de la Junta de Extremadura para estas políticas", ha reprochado.

Fernández ha admitido que no podía responder todavía "con la concreción" que le pedía la oposición. Ha argumentado que una revisión de este tipo "no se improvisa en cuestión de semanas o de meses" y menos aún en un área "tan concreta, tan complicada y tan sensible" como la infancia. Aun así, ha defendido que la desregulación en esta materia no significa "desproteger", eliminar controles ni rebajar garantías, sino agilizar la administración, reducir duplicidades y evitar retrasos innecesarios.

El director general ha sostenido que la Junta quiere revisar procedimientos para hacerlos "más sencillos, más comprensibles y más eficaces", sin alterar los controles esenciales ni las valoraciones técnicas de los profesionales. Entre las líneas de trabajo ha citado la simplificación administrativa, la reducción de duplicidades entre servicios sociales, sanidad, educación, justicia, ayuntamientos y entidades colaboradoras, la mejora de los plazos y una mayor claridad normativa para las familias.

Adopción y acogida

La Junta ha puesto el foco especialmente en los procedimientos de adopción y acogimiento familiar. En adopción, Fernández ha planteado revisar las fases del procedimiento, mejorar la información que reciben las familias, evitar trámites repetidos y agilizar aspectos como la actualización de la idoneidad, la formación previa o el acompañamiento posterior. Todo ello, ha dicho, sin rebajar las garantías de idoneidad, seguimiento y protección del menor.

En acogimiento, el responsable autonómico ha defendido facilitar la incorporación de nuevas familias acogedoras, simplificar trámites, mejorar los tiempos de valoración y reforzar el acompañamiento una vez iniciado el proceso. También ha aludido a la familia extensa, como abuelos, tíos u otros familiares, para evitar que quienes puedan hacerse cargo de un menor se encuentren con una carga administrativa "desmesurada" o con procedimientos difíciles de entender.

"La infancia no necesita menos Estado, necesita un Estado mejor", ha defendido Vega, quien ha reclamado más inversión, planificación y escucha a los profesionales. También ha reprochado a la Junta su ausencia en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Gobierno de España, una decisión que ha calificado como falta de respeto institucional.

Fernández ha justificado esa ausencia en que la Junta no quiere ser "cómplice" de las políticas del Gobierno central, especialmente en relación con el reparto de menores migrantes no acompañados. El director general ha vinculado la sobrecarga del sistema de protección de menores a la política migratoria del Ejecutivo central y ha asegurado que esta situación mantiene el sistema "al límite" en Extremadura.