La Junta defiende la prioridad nacional para ayudar a emanciparse a los jóvenes extremeños

La denominada prioridad nacional, uno de los conceptos incorporados al pacto de gobierno entre PP y Vox en Extremadura, se ha abierto paso este martes en el debate sobre la emancipación juvenil. La Junta ha defendido en la Asamblea que este criterio puede servir para ayudar a los jóvenes extremeños a acceder a ayudas, vivienda social y políticas públicas, mientras el PSOE ha cuestionado que esa fórmula permita resolver los problemas reales que dificultan la salida del hogar familiar.

El director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández, ha comparecido en comisión parlamentaria para responder a una pregunta del diputado socialista Aitor Vaquerizo sobre cómo va a abordar la Junta el problema de la emancipación juvenil en Extremadura. La respuesta ha llegado desde la consejería en manos de Vox, que dirige el vicepresidente regional, Óscar Fernández Calle, y en la que se integra el Instituto de la Juventud de Extremadura.

Vaquerizo ha recordado que este organismo tiene entre sus funciones diseñar, coordinar y ejecutar las políticas dirigidas a la población joven, por lo que ha reclamado medidas concretas ante una situación sitúa a Extremadura entre las comunidades con peores datos de emancipación juvenil. El diputado ha señalado que solo uno de cada diez jóvenes puede emanciparse en la región y ha advertido de las dificultades que tienen muchos para pagar un alquiler o reunir la entrada de una vivienda.

Fernández ha admitido que la emancipación juvenil es un problema que "excede mucho" las competencias de una consejería concreta y ha defendido que la Junta lo abordará "con realismo, con medidas transversales y sin vender soluciones". Según ha sostenido, la situación no puede resolverse únicamente desde el Instituto de la Juventud, sino que requiere actuar sobre empleo estable, vivienda accesible, fiscalidad, formación, transporte, industria y oportunidades en el medio rural.

"Sin empleo estable no hay nómina, sin nómina no hay alquiler, sin ahorro no hay entrada por una vivienda y sin vivienda no hay emancipación ni proyecto familiar", ha afirmado el director general durante su intervención. Fernández ha acusado además al Gobierno central y a las políticas de la izquierda de haber contribuido al encarecimiento de la vida, la inseguridad jurídica en materia de vivienda y la falta de oportunidades para los jóvenes.

Prioridad nacional

El PSOE, sin embargo, ha reprochado al Ejecutivo autonómico la falta de medidas nuevas y ha preguntado directamente por la utilidad de la prioridad nacional en este ámbito. "La prioridad nacional no construye vivienda, la prioridad nacional no hace que cobremos más los jóvenes, en definitiva no favorece la emancipación", ha afirmado Vaquerizo, que ha pedido conocer cuáles serán las prioridades reales de la Junta para facilitar que los jóvenes puedan independizarse.

Fernández ha respondido que ese principio sí puede beneficiar a los jóvenes extremeños porque permitirá priorizar "a los de aquí" en el acceso a determinadas políticas públicas. "Se les va a priorizar a ellos frente a quienes se están ustedes priorizando desde hace años, que es a la inmigración", ha señalado el director general, que ha defendido que españoles y extremeños deben estar primero en ayudas, vivienda social y políticas sociales.

El debate ha derivado así hacia la inmigración, a la que Fernández ha vinculado con una mayor presión sobre los servicios públicos, las ayudas, la vivienda y el mercado laboral. Vaquerizo ha rechazado ese argumento y ha recordado que Extremadura tiene una de las tasas de población migrante más bajas de España. Por ello, ha preguntado por qué, si esa es una de las causas señaladas por Vox, la comunidad se encuentra entre las autonomías donde porcentualmente más está subiendo el alquiler.

La misma orientación apareció en otra comparecencia parlamentaria sobre el futuro del sistema público de servicios sociales. En este caso fue el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero Fernández, quien defendió, a preguntas del diputado socialista José Antonio González Fruto, que la política social de la Junta debe ordenar sus recursos bajo criterios de arraigo, residencia efectiva y vinculación con Extremadura.

También en Servicios Sociales

Fernández ha señalado que la primera prioridad será "recuperar el principio de prioridad nacional" en el acceso a ayudas, prestaciones y recursos públicos, siempre "dentro del marco legal vigente". Según ha explicado, se trata de aplicar criterios de "justicia, arraigo, residencia efectiva, contribución, vinculación con Extremadura y necesidad real" para garantizar que las prestaciones lleguen a quienes cumplen los requisitos.

El consejero ha defendido que las políticas sociales deben atender primero a mayores que necesitan cuidados, personas con discapacidad, familias con dificultades, menores que requieren protección o ciudadanos que llevan años esperando una ayuda o una valoración. También ha avanzado que la Junta quiere reforzar la comprobación de la residencia efectiva, evitar fraudes y revisar subvenciones, convenios y programas.

En esa línea, Fernández ha afirmado que el Ejecutivo no puede mantener una política social basada en financiar entidades que, a su juicio, favorezcan o sostengan la inmigración ilegal, al tiempo que ha abogado por reducir fondos destinados a cooperación internacional para redirigir recursos hacia necesidades internas del sistema público de servicios sociales.

El PSOE ha acusado al consejero de construir un discurso "con lugares comunes" y de no aportar medidas concretas para afrontar los problemas del sistema. González Fruto ha reclamado reforzar la red pública, mejorar la atención primaria social, aumentar personal, planificar las necesidades mediante un plan estratégico y evitar que los servicios sociales se gestionen "con prejuicios" o sustituyendo el principio de necesidad por criterios vinculados al origen.

Plan de Juventud

En materia juvenil, Fernández ha citado el VIII Plan de Juventud de Extremadura 2025-2027, con 192 medidas y una previsión de 530 millones de euros, como marco transversal para actuar en empleo, vivienda, formación, retorno joven, participación, salud y oportunidades en el medio rural. También ha mencionado el bono alquiler joven, el aval joven para facilitar la compra de la primera vivienda a menores de 35 años y medidas recogidas en el pacto de gobierno, como la construcción de al menos 3.500 viviendas protegidas, la reforma de la Lotus para agilizar suelo, incentivos fiscales al alquiler asequible y deducciones autonómicas para menores de 36 años.

El PSOE ha cuestionado, no obstante, que muchas de esas actuaciones dependan de fondos estatales y ha criticado que más de 4.500 jóvenes se quedaran fuera de la anterior convocatoria del bono alquiler joven. Vaquerizo también ha preguntado cómo explicará la Junta a los jóvenes que no pueden emanciparse su rechazo al plan estatal de vivienda, que, según ha indicado, supondría 210 millones de euros para Extremadura.

En este sentido, el director general ha reconocido que las medidas incluidas en el plan de juventud "desde luego, no" son suficientes por sí solas y ha admitido que la Junta "no tiene la varita mágica" para resolver el problema. No obstante, ha defendido que el aval joven "está funcionando bastante bien" y que ya permite a algunos jóvenes acceder a hipotecas que de otro modo no se les concederían.

Fuente: El Periódico de Extremadura